El Defensor del Pueblo cree que el Estado es responsable si no impide los malos tratos

Si el Estado no impide la violencia dom¨¦stica por culpa de que no funcionen los servicios p¨²blicos, deber¨¢ responsabilizarse por ello. ?sta es la conclusi¨®n del Defensor del Pueblo, Fernando ?lvarez de Miranda, que ayer present¨® ante el Congreso un informe sobre los malos tratos, que en 1997 causaron la muerte a 91 espa?olas, a pesar de que 89 de ellas hab¨ªan presentado denuncias contra sus agresores. Dotar de mayores recursos a los Ayuntamientos y Comunidades o crear una legislaci¨®n espec¨ªfica para defender a las v¨ªctimas son algunas de sus 51 recomendaciones para atajar este problema.

Que la violencia dom¨¦stica preocupa a las Administraciones p¨²blicas queda claro en el informe que ayer entreg¨® en el Congreso el Defensor del Pueblo, Fernando ?lvarez de Miranda, y que ha elaborado la adjunt¨ªa primera de la instituci¨®n, dirigida por Antonio Rovira: todas las comunidades aut¨®nomas han emprendido campa?as de sensibilizaci¨®n y cuentan con servicios de informaci¨®n y asistencia a la v¨ªctima, algo que tambi¨¦n hace el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a trav¨¦s del Instituto de la Mujer.No est¨¢n tan desarrollados, sin embargo, los servicios sociales destinados a acoger a estas mujeres y ayudarlas con un trabajo. Ah¨ª es donde ponen el acento nueve recomendaciones del informe: en la creaci¨®n de una red de casas de acogida, primer albergue de muchas de estas mujeres cuando deciden abandonar a su agresor despu¨¦s de a?os de convivencia, y en facilitar el acceso a viviendas alternativas y a un trabajo.

En toda Espa?a existen 129 de casas de acogida, 83 m¨¢s que en 1991, pero est¨¢n a¨²n muy lejos de la tasa que recomend¨® el Parlamento Europeo en una resoluci¨®n del a?o pasado: una por cada 10.000 habitantes (en Espa?a hay una por cada 302.000 habitantes). Su distribuci¨®n territorial se halla adem¨¢s muy desequilibrada, seg¨²n el informe. De las 17 comunidades, s¨®lo Castilla y Le¨®n recibe el cumplido de que destina los recursos necesarios para paliar los efectos de la violencia dom¨¦stica.

Divorcio autom¨¢tico

El informe reconoce los avances legislativos que se han dado sobre el tema -el anteproyecto de reforma del C¨®digo Penal est¨¢ pr¨¢cticamente listo-, pero cree que a¨²n son pocos. As¨ª, pide una normativa espec¨ªfica no s¨®lo penal, sino tambi¨¦n civil para proteger a estas v¨ªctimas. Por ejemplo, que la pareja obtenga autom¨¢ticamente el divorcio (sin tener que esperar a que pasen los plazos previstos en la ley) cuando se verifiquen malos tratos.Y, sobre todo, pide a la Administraci¨®n p¨²blica que se haga responsable de la protecci¨®n de estas mujeres. De las 91 que murieron a manos de sus maridos, compa?eros o amantes el a?o pasado, 89 hab¨ªan presentado denuncias, en algunos casos varias, contra sus agresores. Por eso el informe, recogiendo las ideas de diversos colectivos que trabajan con mujeres maltratadas, pide al Ministerio de Justicia que lleve a cabo las reformas necesarias para que el Estado se haga responsable cuando "existe un funcionamiento anormal de los servicios p¨²blicos".

Otras recomendaciones a este ministerio van desde garantizar que a una mujer maltratada que huye de casa no se le pueda luego denunciar por abandono de familia o secuestro de los hijos hasta que se creen ¨®rganos jurisdiccionales espec¨ªficos para estos casos. As¨ª como que se recoja el maltrato ps¨ªquico en el C¨®digo Penal, algo que est¨¢ incluido en el proyecto de reforma, cuyas denuncias han aumentado un 20,12% entre 1990 y 1996, seg¨²n el informe.

Pero el gran problema para enfrentarse a la violencia dom¨¦stica, seg¨²n reconoci¨® el propio ?lvarez de Miranda ayer, es la falta de datos fiables sobre el alcance que tiene en Espa?a. Y da una pista: los datos suministrados por la Fiscal¨ªa General del Estado y el Ministerio del Interior no concuerdan.

Las organizaciones humanitarias que trabajan en este campo aseguran que s¨®lo entre un 5% y un 10% de los casos acaban en los juzgados. El a?o pasado se presentaron 17.583 denuncias por malos tratos dom¨¦sticos, pero en esta cifra s¨®lo est¨¢n recogidos los delitos -lesiones, coacciones o agresiones sexuales-, no las faltas (por ejemplo las amenazas). Las comunidades que registraron mayor n¨²mero de denuncias en 1997 fueron Andaluc¨ªa (3.642), Catalu?a (2.483) y Valencia (1.691). Por eso una de las recomendaciones del Defensor al Ministerio del Interior consiste en que incluya en sus estad¨ªsticas todos los casos de violencia dom¨¦stica denunciados, no s¨®lo los que son delito. Y al Consejo General de la Abogac¨ªa, que implante un turno de oficio espec¨ªfico para que las mujeres maltratadas puedan recibir asesoramiento desde el momento en el que ponen la denuncia.

El informe ofrece adem¨¢s un perfil tanto de la v¨ªctima de malos tratos (baja autoestima, dependencia y culpabilidad) como de su agresor (alguien que crece en un entorno violento). Estos datos ya fueron adelantados por ?lvarez de Miranda hace unos meses (v¨¦ase El PA?S del 4 de marzo). Seg¨²n este perfil, el entorno violento aumenta las probabilidades de que un ni?o se convierta, al llegar a adulto, en agresor. Y es ese origen el que lleva al Defensor a pedir que se elaboren contenidos educativos no discriminatorios y que se implanten programas de tratamiento para los agresores.