No hay ley de la selva

Un hombre para su autom¨®vil en un puente sobre la autopista Oviedo-Gij¨®n y arroja sobre el asfalto a su propio perro, una peque?a hembra que se estrella contra el suelo. El due?o, denunciado por un testigo, recibi¨® su castigo el pasado julio, meses despu¨¦s: 15.000 pesetas de multa por una "falta contra los intereses generales". Y eso gracias al C¨®digo Penal de 1995, que tipifica por primera vez el maltrato de animales.Al margen de ese texto, ninguna ley nacional protege a los animales de compa?¨ªa. Ni de sus propios due?os, ni de las tiendas que comercian con ellos. S¨ª lo hacen directivas europeas, 13 leyes auton¨®micas y un sinf¨ªn de ordenanzas municipales, pero no impiden que maltratar a un animal, incluso matarlo, sea relativamente barato.

No muy caro les sali¨® a los due?os de Mag¨², un chucho que lleg¨® al albergue madrile?o de la Asociaci¨®n Nacional de Amigos de los Animales (ANAA) hace cuatro a?os despu¨¦s de ser abandonado al nacer junto a sus hermanos. De los cuatro cachorros de su camada s¨®lo Mag¨² sigue en el centro. El resto han sido adoptados.

Un poco m¨¢s pag¨® el propietario de un San Bernardo de nombre Blasie que pas¨® por el mismo albergue. El cachorro lleg¨® moribundo y con la cabeza hinchada por los golpes. No contento con matar a dos cocker que tuvo con anterioridad, su due?o se pas¨® meses dando palizas al nuevo cachorro, al que lleg¨® a estampar contra un coche y sobre cuya cabeza rompi¨® m¨¢s de una botella. Al autor de esas palizas la comunidad de Madrid le prohibi¨® tener m¨¢s animales. Lo que no sabe nadie es si ¨¦sto es as¨ª, porque cuando se compra un perro nadie pide documentaci¨®n.

De hecho Espa?a no tiene una ley de protecci¨®n animal. El proyecto est¨¢ bailando desde hace a?os de despacho en despacho y la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, que se comprometi¨® a aprobarlo seg¨²n varias asociaciones, no lo ha hecho. Ni siquiera hay una divisi¨®n en el ministerio dedicada a los animales dom¨¦sticos, si bien se halla en preparaci¨®n.

Por eso es la legislaci¨®n auton¨®mica la que m¨¢s vela por el bienestar de los animales dom¨¦sticos. Pero cuatro comunidades, entre ellas Asturias (el lugar donde la perrita fue arrojada a la autopista) no han aprobado todav¨ªa ninguna norma espec¨ªfica. Las otras son Extremadura, Andaluc¨ªa, que como Asturias tiene la ley en proyecto, y Arag¨®n.

En el resto, las disposiciones son muy similares: sobre todo, prohibir los malos tratos y el abandono. Pero tambi¨¦n, como hace la madrile?a de 1990, garantizar que el animal viva en un alojamiento adecuado. Ahora bien, el incumplimiento de todas estas normas s¨®lo acarrea sanciones econ¨®micas: de 250.000 pesetas hasta 2.500.000. Varias directivas comunitarias y una resoluci¨®n del Parlamento Europeo de 1994 (Estatuto de los Animales), intentan impedir tambi¨¦n que un perro pase encerrado en una estrecha terraza todo el verano, que haya tradiciones que justifiquen emborrachar a un burro hasta la muerte o que el capricho de un due?o lleve a los veterinarios a arrancar a sus perros las garras delanteras o recortarles orejas y rabos. Algo que ¨¦stos hacen casi siempre sin plantearse impedimento ¨¦tico alguno, como admite Francisco Orozco, miembro de la Federaci¨®n de Veterinarios Europeos.

La ¨²nica disposici¨®n efectiva contra el maltrato animal es el art¨ªculo 632 del C¨®digo Penal, que lo castiga con multas de 10 a 60 d¨ªas (se calculan seg¨²n la capacidad econ¨®mica del imputado). Matar a un animal es s¨®lo una falta, y no un delito como piden las sociedades protectoras.

Las normas est¨¢n ah¨ª, pero su incumplimiento queda casi siempre impune. "Denuncias hay much¨ªsimas; que lleguen a juicio, menos, y que terminen en condena, casi ninguna", explica Jorge Fern¨¢ndez, de la Sociedad Protectora de Animales de Mieres (Asturias, 53.400 habitantes), que ha presentado m¨¢s de cien denuncias por malos tratos y asesinatos de animales. Fern¨¢ndez s¨®lo recuerda las condenas del caso de la perra ovetense arrojada contra el asfalto y las 75.000 pesetas que tuvo que pagar el due?o de un cachorro al que dej¨® encerrado durante el verano, sin agua y sin comida, en una vivienda de Tirajana (Gran Canaria) mientras ¨¦l se iba de vacaciones. Estas asociaciones son las que se preocupan de denunciar: a los due?os -menos, porque es "m¨¢s raro", admite la presidenta de la Asociaci¨®n Nacional de Defensa de los Animales (ANDA), Mariana S¨¢enz de Galdeano- y a las tiendas que comercian con los animales.

Legalmente entraron en Espa?a en 1997 un total de 103.778 animales (casi el 70% de ellos son aves). Un negocio que en todo el mundo mueve, seg¨²n Adena, dos billones de pesetas, y cuya tercera parte se supone ilegal.

El tr¨¢fico ilegal de animales (espec¨ªmenes ex¨®ticos sobre todo, "el tercero en importancia despu¨¦s del de armas y drogas", dice un responsable de esta organizaci¨®n, s¨ª est¨¢ penado con la c¨¢rcel. Tanto por el C¨®digo Penal como por la Ley de Contrabando. Ambos lo tipifican como delito y fijan penas de seis meses a tres a?os siempre que el valor del cargamento supere los tres millones de pesetas. M¨¢s una multa. Pero nadie est¨¢ entre rejas por esta causa, admiten en el Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), la ¨²nica divisi¨®n con competencia estatal sobre el problema. Los perros y gatos son otra historia. De ellos se puede saber el n¨²mero aproximado (cuatro millones de perros y dos de gatos dom¨¦sticos, seg¨²n el Consejo General de Colegios Veterinarios) y casi cada sociedad protectora cuenta con su propio albergue canino para recoger y recolocar aqu¨¦llos abandonados o maltratados. Su lucha ahora consiste en generalizar la esterilizaci¨®n (por unas 40.000 pesetas) y controlar el disparado crecimiento demogr¨¢fico.

Todos -autoridades, asociaciones y veterinarios- est¨¢n de acuerdo en que la responsabilidad del bienestar animal es siempre del due?o, pero deben ser las instituciones las que vigilen que ¨¦ste pague su culpa cuando se produce el maltrato. Por el momento, y a falta de una ley, las penas y multas ni siquiera consiguen asustar.