El fiscal pide ocho a?os de c¨¢rcel para los acusados en el 'caso PSV'

El fiscal anticorrupci¨®n Vicente Gonz¨¢lez de la Mota ha pedido en su escrito de acusaci¨®n una pena de ocho a?os y dos meses de prisi¨®n menor para cada uno de los cinco imputados en el caso PSV, relativo a la cooperativa de viviendas del sindicato UGT. Los encausados son Carlos Soto, Paulino Barrab¨¦s, Sebasti¨¢n Reyna, Francisco Hern¨¢ndez y Ferm¨ªn Bret¨®n, a quienes el fiscal imputa un delito continuado de apropiaci¨®n indebida con el agravante del gran n¨²mero de perjudicados, la cuant¨ªa defraudada y tratarse de un bien de primera necesidad, como es la vivienda.

Adem¨¢s, en el escrito presentado esta semana ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, el fiscal cifra la responsabilidad civil en algo m¨¢s de 18.000 millones de pesetas, que deber¨¢n abonar los cinco procesados, de forma solidaria, a Promoci¨®n Social de Viviendas (PSV).

Como responsable civil subsidiario, el fiscal cita a UGT y a algunas empresas del grupo Iniciativas de Gesti¨®n y Servicios Urbanos, Sociedad An¨®nima (IGS), gestora de la cooperativa PSV.

El informe del fiscal, que se extiende a lo largo m¨¢s de 120 folios, es respuesta al auto de la juez en el que solicitaba a las partes que presentaran escrito de acusaci¨®n o, en caso contrario, reclamaran el sobreseimiento de la causa.

Fraude millonario

En escritos anteriores, en concreto en el que ped¨ªa la conclusi¨®n del sumario, el fiscal sosten¨ªa que, durante los m¨¢s de cuatro a?os de instrucci¨®n de la causa ha quedado acreditado que IGS utiliz¨® de "manera fraudulenta" un total de 19.852 millones de pesetas "abusando de su condici¨®n de administrador". La primera denuncia por la quiebra de la cooperativa de viviendas de la UGT se present¨® el 20 de diciembre de 1993, ante la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, contra Carlos Soto, Paulino Garc¨ªa, Prudencio Garc¨ªa, Ferm¨ªn Bret¨®n y Luis Casilla. Las diligencias se remitieron a la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, que interpuso denuncia el 16 de febrero de 1994.

Dos d¨ªas despu¨¦s, Miguel Moreiras, entonces titular del Juzgado central de Instrucci¨®n n¨²mero 3 abri¨® diligencias, que su sucesora, la juez Teresa Palacios, cerr¨® por auto del pasado 24 de septiembre.

El fiscal del caso consider¨® en su informe que "con el fin de ocultar el destino que hab¨ªan dado a los fondos" se utiliz¨® un entramado de sociedades que "se puede denominar grupo IGS". Adem¨¢s, los gestores de la cooperativa confeccionaban las cuentas de ¨¦sta "elaborando unos balances que enmascaraban la realidad". Y "parte de los fondos que IGS hab¨ªa percibido de los cooperativistas de las promociones se entreg¨® a UGT ampar¨¢ndose los responsables en un contrato privado suscrito sin apoderamiento o autorizaci¨®n alguna de los cooperativistas".