Ahora s¨ª puede abordarse

La desaparici¨®n del terrorismo permite debatir razonablemente sobre la suficiencia del marco jur¨ªdico establecido en la transici¨®n.Quiero se?alar de entrada y sin ning¨²n velo que me parece natural y l¨®gico que la cuesti¨®n del modo de inserci¨®n y desarrollo del Pa¨ªs Vasco en el Estado espa?ol y en la Uni¨®n Europea se actualice en un contexto como el que ahora mismo vive Euskadi, caracterizado por la confluencia, entre otros, de los dos siguientes factores: la necesidad, por un lado, de afrontar un proceso que conduzca a su pacificaci¨®n y, de otra parte, el pr¨®ximo veinte aniversario de la Constituci¨®n y el Estatuto, per¨ªodo que ya invita a cierta evaluaci¨®n. Por mucho que se quiera separar el problema de la pacificaci¨®n y el debate sobre esa cuesti¨®n, me parece evidente que ambas est¨¢n vinculadas para una gran parte de los ciudadanos de este pa¨ªs y claramente relacionadas con la pervivencia del fen¨®meno terrorista. Por otra parte me parece que concurren ahora dos condiciones b¨¢sicas que permiten considerar ese debate como abordable. No existe riesgo de involuci¨®n protagonizada por gentes de armas y, en segundo t¨¦rmino, se produce una apuesta seria por la participaci¨®n pol¨ªtica de los sectores que han venido dando cobertura social a la pr¨¢ctica de la violencia. Lamentablemente, esas condiciones no se dieron en la transici¨®n. Todos podemos recordar el recrudecimiento de la actividad terrorista tras la amnist¨ªa de 1.977, pero tambi¨¦n el 23 F y las circunstancias de la dimisi¨®n del presidente Su¨¢rez. Adem¨¢s de esas condiciones b¨¢sicas, concurren tambi¨¦n ahora una serie de circunstancias de muy importante significado. Llevamos ya m¨¢s de una d¨¦cada de experiencia comunitaria europea, en la que hemos asistido a varias importantes modificaciones de la propia Constituci¨®n de la UE, de transcendentales consecuencias para nuestra vida econ¨®mica y social. Se ha decidido incluso que vamos a compartir una moneda ¨²nica con nuestros socios europeos y todo ello con el fundamento jur¨ªdico ¨²nico de la cl¨¢usula de apertura del art¨ªculo 96 de la Constituci¨®n. Y, sin embargo, nadie ha invocado con cierta energ¨ªa la soberan¨ªa del pueblo espa?ol ante semejantes cambios constitucionales, resueltos sin embargo en las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno europeos. Pero a¨²n hay m¨¢s datos que contribuyen a pensar que somos una sociedad bastante moderna, capaz de asimilar con normalidad el debate y aun los cambios en cuestiones importantes. A lo largo de estos ¨²ltimos a?os hemos asistido al cambio radical de condicionantes b¨¢sicos de la convivencia pol¨ªtica en Europa y en el mundo, como el derrumbe del tel¨®n de acero, la aparici¨®n en escena de muchos nuevos pa¨ªses o la unificaci¨®n alemana. Y no todas esas experiencias han resultado tan traum¨¢ticas, ni mucho menos. En fin, hemos podido ver tambi¨¦n c¨®mo el conflicto m¨¢s pr¨®ximo y parecido al nuestro, el de Irlanda del Norte, entraba en v¨ªas de soluci¨®n mediante el di¨¢logo y el acuerdo de las partes. Pues bien, si aquellas condiciones esenciales se dan efectivamente y sacamos de tan trascendentales experiencias de nuestro entorno alguna capacidad de relativizaci¨®n, ?por qu¨¦ no hemos de ser capaces de abordar civilizadamente nuestra cuesti¨®n? El cese de la violencia ya permite pensar que la realidad socio-pol¨ªtica espa?ola y vasca se desenvuelve en el terreno de unos m¨ªnimos principios democr¨¢ticos compartidos. Si quitamos el terrorismo, se hace dif¨ªcil vislumbrar con verosimilitud la hip¨®tesis de una grave quiebra social. En consecuencia, me parece totalmente fuera de lugar que nuestra cuesti¨®n se debata en t¨¦rminos de dem¨®cratas o no dem¨®cratas. Sin violencia, sin tiros o amenazas que condicionen la convivencia pol¨ªtica, se presupone el respeto a las libertades fundamentales de todos. Y por lo tanto, de lo que se disiente es sobre cu¨¢l deba ser la sede y el ¨¢mbito de ciertas decisiones; en definitiva, se trata de determinar si ciertas decisiones que afectan al Pa¨ªs Vasco deben ser adoptadas entre todos los ciudadanos vascos o entre todos los espa?oles. L¨®gicamente tal discusi¨®n es capaz de reabrir el debate sobre ciertos pasajes de la Constituci¨®n y del Estatuto y sobre su desarrollo. Pero se trata de un problema de estricta oportunidad pol¨ªtica. Por mi parte, he de decir que no veo desde la transici¨®n una oportunidad m¨¢s adecuada. La Constituci¨®n espa?ola de 1.978 ha presidido un amplio per¨ªodo de convivencia democr¨¢tica. Ha posibilitado la integraci¨®n del Estado espa?ol en el proceso de construcci¨®n de una nueva estructura econ¨®mica y pol¨ªtica europea, con la consiguiente y trascendental modernizaci¨®n social y ha permitido la construcci¨®n de estructuras regionales diferenciadas y espec¨ªficas, dotadas de importantes poderes de autogobierno y administraci¨®n de sus intereses. Vaya por delante ese reconocimiento a una aportaci¨®n decisiva de los que los vascos hemos resultado tambi¨¦n beneficiarios. Pero no cabe negar que esa Constituci¨®n naci¨® con un d¨¦ficit de apoyo y legitimaci¨®n social en el Pa¨ªs Vasco, justamente porque en su proceso de elaboraci¨®n no supo darse una respuesta suficientemente compartida: marginaci¨®n del nacionalismo moderado en la ponencia que redact¨® el texto; insuficiencia de la cl¨¢usula foral finalmente consignada; su no refrendo positivo por parte de la mayor¨ªa de los ciudadanos vascos. El Estatuto de Autonom¨ªa, su especificidad y car¨¢cter paccionado parec¨ªan ofrecer la ocasi¨®n para recuperar para el consenso sobre las reglas de juego al nacionalismo moderado. Y lo hizo en la medida en que resultaba posible, supuesto lo anterior. Contraponer el Estatuto al nacionalismo moderado, como estos d¨ªas parece querer hacerse, me parece simplemente una estupidez s¨®lo explicable en funci¨®n del tono excepcionalmente tenso de esta campa?a electoral. Baste recordar que su primer art¨ªculo comienza diciendo que es "el Pueblo vasco o Euskalherria" quien "se constituye en Comunidad Aut¨®noma" como expresi¨®n de su nacionalidad y medio de acceso al autogobierno. Y su disposici¨®n final cierra el texto dejando constancia de que "la aceptaci¨®n del r¨¦gimen de autonom¨ªa que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder". ?Se imagina alguien que tan significativos pasajes pudieron haber figurado en el Estatuto sin la contribuci¨®n nacionalista? Pero no es s¨®lo eso. La experiencia estatutaria acredita que han sido los nacionalistas quienes han debido luchar y comprometer sus energ¨ªas en cada ocasi¨®n en que deb¨ªa discutirse una transferencia o el car¨¢cter invasivo de nuestras competencias de una disposici¨®n de Las Cortes, en tanto que los representantes vascos de partidos de ¨¢mbito estatal, salvo honrosas excepciones, confiaban en la lectura de la Administraci¨®n central y se adher¨ªan a sus posiciones. Sucede que, cuando afrontamos ya el vig¨¦simo aniversario del Estatuto, encontramos que hay muy importantes ¨¢mbitos de competencia previstos en ¨¦l que todav¨ªa no han sido siquiera abordados; que cada negociaci¨®n de una transferencia ha sido convertida en una transacci¨®n pol¨ªtica costosa y que una legislaci¨®n b¨¢sica estatal, elaborada y aprobada de manera motorizada en varias legislaturas de mayor¨ªas absolutas, han afectado a la solidez y credibilidad de aquel pacto. A?¨¢dase la pertinaz decisi¨®n pol¨ªtica, apoyada desde Madrid, de alejar y contraponer a Navarra de la comunidad aut¨®noma del Pa¨ªs Vasco o de hacer inviables las aspiraciones de integraci¨®n de los vecinos de Trevi?o y Truc¨ªos y se comprender¨¢ el cansancio y la desconfianza suscitada frente a lo que deb¨ªa ser el leal cumplimiento de un pacto solemne del m¨¢ximo rango. El nacionalismo no puede negar que el Estatuto, la importante realidad institucional cuya construcci¨®n ha posibilitado, es un producto propio, tambi¨¦n compartido con otros muchos. Pero es perfectamente razonable que reclame una evaluaci¨®n y la revisi¨®n que resulte consecuente de este marco jur¨ªdico y pol¨ªtico. Si repasamos la disposici¨®n final antes citada, podr¨¢ aceptarse que se trata incluso de una actitud congruente incluso con el propio texto del Estatuto.

Jos¨¦ Luis Aurtenetxe Goiriena es director de R¨¦gimen Juridico del Departamento de Interior del Gobierno vasco.