El juicio del "caso Intelhorce" se inicia hoy con 31 acusados y peticiones de nulidad

Cuatro a?os despu¨¦s de que el juez Juan Francisco Ram¨ªrez Barroso iniciara la instrucci¨®n, la Audiencia Provincial de M¨¢laga inicia hoy la vista oral del caso Intelhorce. En el banquillo se sentar¨¢n 31 imputados -pueden ser 44 si finalmente se admite el escrito de acusaci¨®n de una de las cinco partes personadas, que lo present¨® fuera de plazo- que tendr¨¢n que dar cuenta de la supuesta desviaci¨®n de fondos de la f¨¢brica textil despu¨¦s de su privatizaci¨®n en 1989. Casi 600 testigos est¨¢n citados a una vista que puede prolongarse medio a?o.No ser¨¢ s¨®lo la personaci¨®n de los trabajadores afectados la ¨²nica cuesti¨®n previa que el tribunal debe resolver. Algunas de las defensas van a solicitar que el caso sea visto por la Audiencia Nacional; otras sostienen que parte de los delitos est¨¢n prescritos, y hay incluso quien plantea que la causa ya ha sido juzgada, pues en noviembre de 1991 la fiscal¨ªa rechaz¨® una querella de CCOO en la que se relataban algunos de los hechos que se van a juzgar, al no estimar entonces indicios de delito.

El escrito presentado fuera de plazo es el ¨²nico de las cinco acusaciones personadas que plantea petici¨®n de prisi¨®n contra ex altos cargos de Econom¨ªa de la Administraci¨®n socialista, por presuntos delitos de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n en la privatizaci¨®n de Intelhorce. Tanto CCOO como UGT han retirado sus acusaciones contra altos cargos por entender que no ten¨ªan cabida en el nuevo C¨®digo Penal. En ambos casos, la decisi¨®n ha supuesto la renuncia de los letrados que representaban a las centrales por su disconformidad con la medida.

El tribunal tendr¨¢ que determinar si el empresario italiano Giovanni Orefici acudi¨® al proceso de privatizaci¨®n de Intelhorce con un plan predeterminado para saquearla; c¨®mo consigui¨® que le fuera vendida una f¨¢brica saneada con 21.000 millones de capital social si ¨¦l mismo ha reconocido que no ten¨ªa solvencia suficiente; y la posterior trama de desv¨ªo de dinero que se urdi¨® hasta que en 1992 la empresa tuvo que volver bajo tutela p¨²blica por estar en quiebra.

La fiscal¨ªa pide para Orefici penas que suman 33 a?os de prisi¨®n por siete delitos. Junto a Orefici, los principales imputados son el ex administrador Jos¨¦ Manuel Mu?iz (petici¨®n de 32 a?os de prisi¨®n), el ex director financiero Abel Arribas (28 a?os de prisi¨®n) y el ex presidente de Improasa Jos¨¦ Miguel Moreno Garc¨ªa, para quien el fiscal pide ocho a?os de prisi¨®n.