Espa?a llam¨® a consultas a su representante por el "caso Soria"

El Gobierno espa?ol llam¨® a consultas a Madrid a su entonces embajador en Chile, Pedro Bermejo, el 6 de diciembre de 1993, para expresar su malestar por una decisi¨®n de la Corte Suprema chilena adoptada cuatro d¨ªas antes. El tribunal hab¨ªa votado contra la propuesta de Espa?a, presentada por el Gobierno chileno, de nombrar un juez especial para investigar el secuestro, tortura y asesinato en julio de 1976 y por la DINA, la polic¨ªa secreta del r¨¦gimen de Pinochet, del espa?ol Carmelo Soria, funcionario de las Naciones Unidas. Entonces, el caso pertenec¨ªa desde hac¨ªa un mes a la jurisdicci¨®n militar.Bermejo regres¨® a Madrid por tiempo indefinido. Acto seguido, un juez militar concedi¨® en Chile la amnist¨ªa a los presuntos asesinos de Soria. Al d¨ªa siguiente fue nombrado, tras la insistencia del Gobierno chileno, recogiendo la propuesta espa?ola, un juez especial. D¨ªas despu¨¦s, el 14 de diciembre de 1993, el embajador espa?ol regres¨® a Santiago.

Pero el resultado final fue desastroso: el 23 de agosto de 1996, el Tribunal Supremo chileno decidi¨® aplicar la ley de amnist¨ªa dictada bajo el r¨¦gimen de Pinochet en 1978, la Ley 2191, a los responsables del asesinato. Uno de los seis militares identificados como presuntos autores fue el coronel Ren¨¦ Patricio Quilhot Palma, edec¨¢n de Pinochet.

Por otra parte, 50 ciudadanos residentes en Estados Unidos, entre los que figuran chilenos, estadounidenses y de otras nacionalidades latinoamericanas, presentaron el 21 de octubre una querella criminal contra el general Augusto Pinochet, seg¨²n se supo ayer. En el texto, que ya obra en poder de la fiscal general de EEUU, Janet Reno, se solicita la extradici¨®n del ex dictador.

Los firmantes, representados por el abogado Carlos Moreno, conf¨ªan en que la fiscal estadounidense resuelva el caso a principio de la pr¨®xima semana, seg¨²n declar¨® a Europa Press el propio letrado.

Uno de los firmantes de la querella, V¨ªctor Toro, chileno y testigo de cargo del juez Baltasar Garz¨®n en el sumario contra la dictadura chilena, explic¨® que los motivos de la denuncia son dos: entre los muertos y desaparecidos bajo el r¨¦gimen pinochetista figuran varios ciudadanos norteamericanos y que en el propio suelo estadounidense se produjeron acciones terroristas.