Defensa prorrogar¨¢ hasta el a?o 2002 el contrato de los 50.000 soldados profesionales

El Ministerio de Defensa prorrogar¨¢ hasta el 30 de diciembre del a?o 2002, cuando debe concluir el proceso de profesionalizaci¨®n del Ej¨¦rcito, el contrato de los actuales 50.000 soldados y marineros profesionales, as¨ª como el de los oficiales de empleo, aunque cumplan los l¨ªmites m¨¢ximos de tiempo y edad para permanecer en filas. As¨ª lo dispone una enmienda del PP al proyecto de ley del r¨¦gimen del personal de las Fuerzas Armadas. Entre otras motivaciones, as¨ª se asegura la permanencia de la actual tropa durante el periodo de transici¨®n.

Con la f¨®rmula del PP no s¨®lo se evita que los soldados profesionales y los oficiales de empleo tengan que abandonar la carrera sin haber podido presentarse a las pruebas para convertirse en militares de por vida, sino que se asegura la permanencia de la actual tropa durante el periodo de transici¨®n, en el que resultar¨¢ dif¨ªcil reclutar suficientes voluntarios.Seg¨²n esta enmienda, en los dos meses posteriores a la entrada en vigor de la ley, a mediados de 1999, se ofrecer¨¢ a los soldados la posibilidad de firmar un compromiso extraordinario para seguir en filas tres a?os y medio m¨¢s, aunque cumplan los 35 de edad y superen los 12 de servicio.

Otra enmienda del Grupo Popular reduce a 201 el n¨²mero de oficiales generales asignados a cuerpos militares y aumenta a 64 la plantilla prevista para cubrir puestos en el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor de la Defensa, la Casa del Rey, la Presidencia del Gobierno y organismos internacionales como la OTAN. De esta forma, la cuarta parte de los generales en activo estar¨¢n destinados fuera de los tres Ej¨¦rcitos.

El PP crea tambi¨¦n dos nuevos puestos de teniente general: uno para la Infanter¨ªa de Marina y otro para el Cuerpo Militar de Sanidad y Psicolog¨ªa.

Indemnizaciones

Por su parte, el Grupo Catal¨¢n ha presentado once enmiendas al texto, entre las que destaca una que sit¨²a el n¨²mero de futuros soldados profesionales entre los 102.000 y los 120.000 y no necesariamente en esta ¨²ltima cifra como pretende el proyecto.Al igual que el PSOE, CiU quiere regular con m¨¢s detalle la posibilidad de que los militares que quieran abandonar el Ej¨¦rcito antes de haber concluido su compromiso indemnicen al Estado por el coste de su formaci¨®n.

En referencia impl¨ªcita a los pilotos, se?ala que la convocatoria de los cursos que impliquen esta servidumbre deber¨¢n incluir una evaluaci¨®n de su coste econ¨®mico para que los peticionarios sepan a qu¨¦ atenerse.

El Grupo Catal¨¢n no pide en sus enmiendas el adelantamiento del final del servicio militar obligatorio, previsto para el 31 de diciembre del a?o 2002, pero deja en manos del Gobierno la posibilidad de hacerlo, siempre que informe previamente a las Cortes.

Por el contrario, el PSOE s¨ª reclama en una enmienda que queden exentos de la mili todos los nacidos a partir del 1 de enero de 1981 y que se suprima definitivamente el reclutamiento forzoso el 31 de diciembre del a?o 2000.

Los socialistas, que reafirman expresamente el car¨¢cter militar de la Guardia Civil al incluirla en su ¨¢mbito de aplicaci¨®n, rechazan que el proyecto fije el volumen de las Fuerzas Armadas y lo remiten a una futura ley de plantillas, que, en todo caso, no debe superar los 140.000 efectivos en total, 30.000 menos de los que propone el Gobierno.

Tambi¨¦n quieren mantener el pase obligatorio a la reserva a los 32 a?os de servicio, por considerar que alargarlo hasta los 34 va en contra del rejuvenecimiento de los cuadros de mando, y crear una Inspecci¨®n General de Bases y Acuartelamientos, dependiente del Ministerio de Defensa y no de los Ej¨¦rcitos, que recibir¨ªa las denuncias de los militares e informar¨ªa anualmente al Parlamento.

El PSOE propone asimismo simplificar la f¨®rmula del juramento de bandera, aunque con un matiz: el compromiso de obediencia debe limitarse a las "¨®rdenes leg¨ªtimas" de los mandos.

El principal caballo de batalla de Coalici¨®n Canaria (CC), otro grupo aliado del Gobierno, es el reconocimiento del derecho de asociaci¨®n de los militares, que ya intent¨® introducir sin ¨¦xito en la ley disciplinaria. Los canarios, que han presentado 53 enmiendas, se oponen a la creaci¨®n de los consejos asesores, nuevos ¨®rganos consultivos de representaci¨®n de los soldados, por considerar que con ellos se trata de evitar el reconocimiento del derecho de asociaci¨®n, pero alegan que, de existir, deben elegirse mediante procedimientos democr¨¢ticos entre los soldados.

CC cuenta con el apoyo del PNV, que tambi¨¦n considera que los derechos constitucionales de los militares no pueden quedar limitados por las reales ordenanzas, mientras que CiU evita pronunciarse y propone regular ese asunto en una futura ley.

Los peneuvistas, al igual que IU, abogan por la creaci¨®n de una ¨²nica escala de oficiales, en la que se integrar¨ªan todos independientemente de que procedan o no de las academias.