La Junta acuerda con Asaja agilizar la compra de fincas del Guadiamar

No habr¨¢ m¨¢s tamborradas ni un cami¨®n de lodos t¨®xicos a la puerta del Palacio de San Telmo, al menos por ahora: los agricultores afectados por el vertido del pasado 25 de abril acordaron aparcar las medidas de presi¨®n. Seg¨²n anunci¨® ayer Asaja, la organizaci¨®n agraria que los representa, los due?os de fincas del valle del Guadiamar dieron su visto bueno el pasado viernes a un acuerdo con la Consejer¨ªa de Agricultura para agilizar la compra de tierras por parte del Gobierno andaluz y revisar, con un representante de los propietarios en la mesa, los casos en los que hay discrepancia con la Junta.

El Gobierno andaluz estima en 10.000 millones de pesetas la compra de las 4.600 hect¨¢reas anegadas por el vertido, el 73% de ellas de aprovechamiento agrario, que servir¨¢n de base al corredor verde que proyecta la Junta para unir Sierra Morena y Do?ana. Una reuni¨®n entre el viceconsejero de Agricultura, Juan Paniagua, el secretario general de Asaja-Sevilla, Miguel Af¨¢n de Ribera y el alcalde de Aznalc¨¢zar -uno de los diez municipios sevillanos afec-tados-, Jos¨¦ Jurado, sirvi¨®, el pasado viernes, para acercar unas posiciones que, unas horas antes, parec¨ªan irreconciliables. A la protesta con tambores, el pasado martes, de un centenar de agricultores por c¨®mo se estaba realizando la compra de fincas, le sucedieron, 48 horas despu¨¦s, unas declaraciones del consejero de Agricultura, Paulino Plata, en las que acusaba a Asaja de haber acordado con el PP una "estrategia planificada" para torpedear el proceso. La asamblea del viernes recondujo el conflicto a la v¨ªa de la negociaci¨®n: el precio de las tierras y la documentaci¨®n exigida para demostrar la titularidad de las fincas son los dos principales escollos que tendr¨¢n que sortear ahora Junta y agricultores. Primeras adquisiciones "La asamblea no fue nada f¨¢cil", admiti¨® ayer el secretario general de Asaja-Sevilla. Algunos propietarios quer¨ªan seguir con las movilizaciones, pero finalmente se impuso la tesis defendida por la asociaci¨®n agraria. "Es verdad que el conflicto pod¨ªa haberse solucionado mucho antes", indic¨® Af¨¢n de Ribera, "pero ahora se puede llegar a un acuerdo, y eso es una buena noticia". Agricultura ya formaliz¨®, la pasada semana, la compra de las siete primeras fincas por 392 millones de pesetas, cifra que espera ampliar a 16 en los pr¨®ximos d¨ªas. En muchos otros casos, sin embargo, los propietarios no est¨¢n de acuerdo con la valoraci¨®n realizada por la Consejer¨ªa, que alcanza, de promedio, un 70% del precio propuesto por los due?os de las fincas. "Queremos que se cambien los precios de secano y de arrozales", se?al¨® Af¨¢n de Ribera como uno de los objetivos del proceso de revisi¨®n que ahora se abre. Los agricultores piden 2.100.000 pesetas por hect¨¢rea de secano frente al 1.700.000 pesetas que ofrece la Junta y quieren para las 485 hect¨¢reas de arrozal un tratamiento similar -3.500.000 pesetas por hect¨¢rea-, a otras zonas de regad¨ªo. Asaja sostiene que la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir, al comprar 77 hect¨¢reas que lindaban con el cauce del Guadiamar pag¨® un 20% m¨¢s de lo que ahora ofrece la Junta, que niega este extremo. Las reuniones para acercar posiciones se limitar¨¢n al ¨¢mbito t¨¦cnico, seg¨²n fuentes de Agricultura, y en ellas se prestar¨¢ especial atenci¨®n a los problemas que est¨¢n teniendo algunos propietarios para probar la titularidad de las tierras o su uso agr¨ªcola. "Si la pelota tiene que caerse de alg¨²n lado, que sea del de los agricultores", reclam¨® Af¨¢n de Ribera, quien apost¨® por concluir el proceso "antes de fin de a?o". El dirigente de Asaja apoy¨® la iniciativa de Plata de reclamar al Ministerio de Econom¨ªa que exima a los agricultores de incluir lo percibido por esta venta en el impuesto sobre la renta. El acuerdo no incluye a todas las partes. Una veintena de propietarios -fundamentalmente grandes fincas-, mantienen su intenci¨®n de no vender. El Gobierno andaluz ha incluido en el proyecto presupuestario de 1999 una norma que faculta a la Consejer¨ªa de Medio Ambiente a expropiar los terrenos en estos casos. Pero los due?os de estas tierras est¨¢n dispuestos a seguir en sus trece: conf¨ªan en retener el derecho a cobrar las indemnizaciones que puedan resultar del proceso judicial por la rotura de la balsa minera de Aznalc¨®llar.