Justicia y justicieros

EL M?XIMO ¨®rgano del Poder Judicial ha hecho p¨²blica una nota en defensa de "todos y cada uno" de los magistrados del Tribunal Supremo que han sido objeto de "todo tipo de cr¨ªticas, institucionales y personales, que muy frecuentemente han ido m¨¢s all¨¢ de los l¨ªmites tolerables". Que el motivo hayan sido los ataques del diario El Mundo contra Bacigalupo y Garc¨ªa Ancos -expl¨ªcitamente apoyados en la nota- no ha impedido que, con buen criterio, el Consejo General del Poder Judicial haya extendido su protesta a todas las acusaciones que han ca¨ªdo sobre los magistrados en los ¨²ltimos tiempos. La nota del Consejo es una llamada que no pueden ignorar ni los partidos ni los medios de comunicaci¨®n que se dedican a levantar sospechas cuando una sentencia no es conforme a sus deseos o a sus estrategias m¨¢s o menos conspirativas.Los partidos, como canales que vertebran la representaci¨®n pol¨ªtica, deber¨ªan ser especialmente respetuosos con el Poder Judicial. Hace tiempo que no es as¨ª. Desde que el PSOE lig¨® las responsabilidades pol¨ªticas a las penales y el PP vio en las actuaciones judiciales una v¨ªa para sus intereses partidarios, unos y otros no han hecho m¨¢s que contribuir al descr¨¦dito de la justicia. Es inaceptable -y hacen bien los jueces en se?alarlo, aunque sea indirectamente- que un partido pol¨ªtico como el PSOE practique la descalificaci¨®n y el proceso de intenciones contra los jueces acus¨¢ndoles de manipulaci¨®n pol¨ªtica cuando no est¨¢n de acuerdo con sus resoluciones, y es inaceptable que el PP haya recurrido a ejercicios triangulares prensa-jueces-dirigentes pol¨ªticos para triturar a los adversarios. Esta irresponsabilidad de los partidos ha culminado con el lamentable espect¨¢culo que dan PP y PSOE cada vez que hay que renovar alg¨²n ¨®rgano judicial sobre el que el Parlamento tiene competencia.

Siendo especialmente graves por su papel institucional los ataques y los intentos de manipulaci¨®n de la justicia por parte de los partidos, no se puede obviar la responsabilidad que tienen los medios de comunicaci¨®n. No es aceptable que, al amparo de cierta conciencia de impunidad, algunos libelistas traspasen sistem¨¢ticamente los l¨ªmites de la cr¨ªtica leg¨ªtima para lanzar sospechas contra los jueces que no se someten a sus chantajes. Ya es irresponsable de por s¨ª la compulsiva tendencia de algunos predicadores dominicales a dictar sentencia antes de que los jueces se pronuncien. Pero m¨¢s grave es que traten de condicionar sentencias futuras ante la sola presunci¨®n de que pueden ser contrarias a las que ellos han dictado previamente. El Mundo se ha especializado as¨ª en condenas o absoluciones inapelables bajo advertencias que con frecuencia rozan la amenaza; contando, eso s¨ª, con que ning¨²n juez del Supremo ejercer¨¢ una acci¨®n personal ante los tribunales.

No hay estado de derecho sin el ejercicio de la cr¨ªtica, pero tampoco puede haberlo sin un respeto compartido a la independencia de la justicia. ?sta necesita de unos ¨®rganos de gobierno eficaces que garanticen el m¨¢ximo escr¨²pulo en la actuaci¨®n de los jueces y que act¨²en sin complejos corporativistas cuando haya s¨ªntomas de irregularidades. Como contrapartida, las fuerzas pol¨ªticas tienen que renunciar al ejercicio de un cierto derecho de pernada sobre el Poder Judicial, y los medios de comunicaci¨®n no pueden erigirse en una instancia definitiva que decide inapelablemente sobre la honra de los jueces. La nota del Poder Judicial es una buena gu¨ªa para navegantes de la pol¨ªtica y de los medios. Que alguien la haya manipulado hasta el punto de convertir en triunfo un severo reproche s¨®lo es una muestra m¨¢s de su catadura moral.