Los colegios de abogados piden al Gobierno que retire la Ley de Enjuiciamiento Civil

El Consejo General de la Abogac¨ªa pidi¨® ayer al Gobierno la retirada inmediata del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil porque "favorece a los poderosos", es t¨¦cnicamente incorrecto y no va a ayudar a desatascar los juzgados como se las promet¨ªa la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante. El guante lo lanz¨® ayer su presidente, Eugeni Gay, en Madrid, antes de ofrecer la colaboraci¨®n de la agrupaci¨®n de abogados para enmendar el texto. Si el Gobierno no toma nota, el Consejo acudir¨¢ a la oposici¨®n, ya que el proyecto debe pasar a¨²n por las Cortes.

El proyecto del Gobierno, aprobado en el Consejo de Ministros del 30 de octubre, "ha puesto en pie de guerra" a la abogac¨ªa, en palabras del decano del colegio de abogados de Catalu?a, Jaume Alonso-Cuevillas. Y lo demuestra el hecho de que la decisi¨®n de pedir al Gobierno su retirada fuera aprobada por unanimidad en el pleno del Consejo General de la Abogac¨ªa celebrado el jueves en Madrid y que m¨¢s de una decena de miembros de ¨¦ste respaldaran ayer con su presencia a su presidente.La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil vulnera, en opini¨®n de los abogados, los principios de igualdad de las partes y tutela judicial efectiva que deben presidir todos los procesos. Y lo hace porque, intentando eliminar formalidades, permite en determinados procesos que las partes se representen por s¨ª solas, sin necesidad de que intervenga un abogado, dice el Consejo. Esto favorecer¨¢ a las personas que mayor capacidad econ¨®mica tengan, ya que podr¨¢n contratar al mejor abogado.

Hay otros aspectos del contenido del texto elaborado por el Ministerio de Justicia que no convencen a los letrados, como el hecho de que las pruebas necesarias para el juicio s¨®lo puedan ser propuestas por las partes y no como hasta ahora, en la que es el juez quien tambi¨¦n puede hacerlo.

Pero lo que m¨¢s molesta a los abogados -actualmente hay 93.000 en ejercicio seg¨²n fuentes del propio Consejo-, es que el Gobierno haya vendido la reforma como la v¨ªa m¨¢s directa para aliviar el atasco de los juzgados de lo civil, "como una panacea".

El Ejecutivo "legisla pensando en los votos", seg¨²n Gay, e "intenta confundir a la opini¨®n p¨²blica", en palabras de Alonso-Cuevillas. Para el decano de los abogados catalanes, el hecho de que la ley acorte sobre el papel los plazos de todos los procedimientos civiles no tiene por qu¨¦ traer como consecuencia una agilizaci¨®n de la actividad real de los juzgados.

Y puso un ejemplo: la ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, actualmente en vigor, prev¨¦ por ejemplo que los juicios de divorcio se resuelvan en un par de meses. Pero en la pr¨¢ctica, el promedio para la conclusi¨®n de estos juicios es de 12 meses.

Para Alonso, que fue m¨¢s contundente que Eugeni Gay en su oposici¨®n al proyecto del Gobierno, "la nueva ley empeorar¨ªa el colapso" que ya viven los juzgados civiles, que hace dos a?os presentaban un atasco de 800.000 casos pendientes. "Si el Gobierno quiere arreglar la situaci¨®n, lo que tiene que hacer es duplicar la plantilla de magistrados", concluy¨®.

Las quejas de los abogados sobre el contenido del proyecto del Gobierno se extienden tambi¨¦n a la forma que ¨¦ste ha tomado. El texto es para ellos "t¨¦cnicamente muy incorrecto". Y, seg¨²n el ¨®rgano de gobierno de estos profesionales, su posici¨®n la comparten muchos jueces, catedr¨¢ticos de Derecho Procesal y miembros de otros estamentos jur¨ªdicos.

Pero han sido los abogados los que han pedido al Gobierno que retire la ley. El acuerdo del pleno pretende mostrar al Ejecutivo su oposici¨®n clara al texto, "sin entrar en guerra ni en un campo de batalla", sino desde una "postura respetuosa", asegur¨® Eugeni Gay.

Reglamento hipotecario

En el mismo pleno, el Consejo decidi¨® tambi¨¦n impugnar el reglamento hipotecario mediante la presentaci¨®n de un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo. Este texto otorga a los registradores funciones de asesoramiento que, en opini¨®n de los abogados, ¨¦stos no pueden desempe?ar.Pero su decisi¨®n fundamental fue pedir al Gobierno la retirada del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil. El Ejecutivo est¨¢ a tiempo de seguir esa recomendaci¨®n. El texto ha sido remitido a las Cortes y puede ser modificado por los diputados y senadores a trav¨¦s de enmiendas. Por eso, si el Ejecutivo decide no tomar nota de la petici¨®n hecha, el Consejo General de la Abogac¨ªa pedir¨¢ a los parlamentarios que lo "reelaboren" utilizando esa v¨ªa. Para ello iniciar¨¢n inmediatamente los contactos con todos los grupos parlamentarios, incluido el PP.