La reforma de la Ley Penal del Menor obligar¨¢ al Gobierno a gastar 2.000 millones anuales Justicia construir¨¢ tres centros de d¨ªa y uno de emancipaci¨®n para los nuevos casos

La futura Ley Penal del Menor, actualmente en fase de enmiendas en el Congreso, obligar¨¢ al Gobierno vasco a incrementar de una forma muy importante el presupuesto anual que destina a la atenci¨®n de los menores infractores. Al aumentar la edad penal de los 16 a?os actuales a los 18 e incluso a los 21 en caso de delitos no violentos, el Departamento de Justicia calcula que al menos tendr¨¢ que atender unos 1.500 nuevos casos cada a?o. As¨ª, para mantener los actuales niveles de respuesta sin reducir la calidad necesitar¨ªa gastar 2.000 millones anuales.

A esta cifra hay que sumar otros 1.500 millones de pesetas correspondientes a la inversi¨®n inicial para ampliar los equipos t¨¦cnicos, el servicio de justicia juvenil, la creaci¨®n de tres nuevos centros de d¨ªa (donde los menores pasan una parte de su jornada junto a educadores que tratan de resocializarles) y uno de emancipaci¨®n (que actuar¨¢ de colch¨®n cuando el joven no quiera o no pueda volver a su casa). La ley que est¨¢ vigente ahora cubre la franja de edad de los 12 a los 16 a?os. As¨ª, el Gobierno se ha estado ocupando hasta ahora de poner los medios para que este colectivo pueda cumplir con los castigos que imponen los jueces de Menores. A partir de los 16 a?os, el C¨®digo Penal considera a los j¨®venes mayores de edad para responder ante la Justicia. La futura ley -que no ver¨¢ la luz antes de dos a?os- distingue dos bandas: de 13 a 16 a?os y de 17 a 18. Los jueces de menores podr¨¢n aplicar hasta 14 medidas diferentes, seg¨²n la edad, entorno familiar y si el menor es adicto a la droga o al alcohol. S¨®lo una de estas 14 medidas incluye la privaci¨®n de libertad, es decir, el internamiento de los infractores en centros especialmente habilitados para ellos, diferentes a los que prev¨¦ la legislaci¨®n penal para los mayores de edad. Otro tipo de medidas son la prestaci¨®n de servicios en beneficio de la comunidad, libertad vigilada, ingreso en centro terap¨¦utico, tareas socioeducativas, amonestaci¨®n por el juez o la conciliaci¨®n con la v¨ªctima a trav¨¦s de una reparaci¨®n. La ley tambi¨¦n podr¨¢ extenderse a los j¨®venes de 18 a 21 a?os cuando hayan cometido delitos que no est¨¦n tipificados como violentos. Los menores de 13 a?os quedan a cargo de las instituciones de protecci¨®n, que en el caso de Euskadi son los departamentos de Bienestar Social de las diputaciones. Cambio de panorama Los numerosos cambios que plantea el nuevo proyecto respecto a lo que se hace en la actualidad, animaron al Gobierno vasco a realizar un estudio sobre los nuevos casos que van a requerir de su intervenci¨®n y reforzar as¨ª la l¨ªnea de trabajo que inici¨® hace dos a?os. El informe, que ha buceado en las condenas impuestas a los j¨®venes en Euskadi desde septiembre de 1996 hasta agosto de 1997, refleja que en ese per¨ªodo fueron sentenciadas 491 personas entre 16 y 17 a?os y 923 entre 18 y 21. La atenci¨®n a adolescentes y j¨®venes infractores en Euskadi experiment¨® un giro radical en 1996, a ra¨ªz de la entrada del socialista Ram¨®n J¨¢uregui en la consejer¨ªa de Justicia, seg¨²n recalca el actual viceconsejero de Justicia en funciones, I?aki S¨¢nchez. Hasta ese momento, no hab¨ªa un plan concreto de actuaci¨®n entre las administraciones vascas, muchas de las medidas dictadas por los juzgados de Menores no eran ejecutadas y la falta de medios y servicios condicionaba la toma de decisiones judiciales. En los dos ¨²ltimos a?os y medio ha cambiado todo. A principios de 1996, el Gobierno asumi¨® como suya la competencia de ejecuci¨®n de las medidas dictadas por los juzgados de Menores, lo que ha permitido que se ejecuten la totalidad de las medidas dictadas por los jueces. Adem¨¢s, se han construido tres centros educativos (uno en cada territorio, con capacidad para 8, 11 y 7 plazas) que atienden las demandas de internamiento, por lo que ning¨²n menor tiene que cumplir una medida judicial fuera de Euskadi. El pr¨®ximo a?o se inaugurar¨¢ otro en Zum¨¢rraga (Guip¨²zcoa), que tendr¨¢ una capacidad para 70 adolescentes. Tambi¨¦n existen tres equipos de profesionales (en total 11 personas) que se encargan de la gesti¨®n t¨¦cnica del programa. Estas unidades est¨¢n integradas por psic¨®logos, educadores y trabajadores sociales. Entre las medidas aplicadas a los menores en 1997 y 1998 destacan las de mediaci¨®n, reparaci¨®n y conciliaci¨®n entre la v¨ªctima y el joven infractor, que se van imponiendo sobre todas las dem¨¢s. Mientras que en 1997 estas medidas coparon el 26,8% de todas las que se fijaron, en 1998 ya alcanzan el 35%. Incluso en un juzgado de San Sebasti¨¢n, en el que el programa est¨¢ m¨¢s implantado, entre un 40 y un 45% de casos se est¨¢ resolviendo por esta v¨ªa. La prestaci¨®n de servicios en beneficio de la comunidad se est¨¢ consolidando. A diferencia de la mediaci¨®n, se trata de una medida impuesta por el juzgado. Los infractores deben realizar un n¨²mero de horas de acuerdo a un plan espec¨ªfico y personalizado. El a?o pasado se hicieron 53 prestaciones y en 1998 se superar¨¢n las 45. Asimismo, el a?o pasado se realizaron 53 libertades vigiladas y en 1998 la cifra rondar¨¢ las 65. Seg¨²n el estudio, los programas que m¨¢s se van a desarrollar son los de mediaci¨®n y las medidas en medio abierto, como libertades vigiladas, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas y centros de d¨ªa.