El PP exige a su alcalde de La Oliva que cambie el sistema de concesi¨®n de licencias

Domingo Gonz¨¢lez Arroyo, senador del PP y alcalde de La Oliva (Fuerteventura), deber¨¢ modificar su particular sistema de concesi¨®n de licencias urban¨ªsticas. A ello le instan las conclusiones de una investigaci¨®n interna de su partido en la que se le recomienda que las cambie y, al tiempo, se le exculpa del presunto cobro de comisiones ilegales del que le acusa su ex arquitecto municipal, Casto Mart¨ªnez Berriel. Jos¨¦ Miguel Bravo de Laguna, presidente del PP canario, har¨¢ p¨²blico el informe en los pr¨®ximos d¨ªas.Las normas de La Oliva, de 9.000 habitantes y el municipio m¨¢s tur¨ªstico de la isla, establecen que cualquiera que desee una licencia deber¨¢ entrevistarse personalmente con el alcalde, que rige sus destinos desde hace 20 a?os, o con otro edil. Gonz¨¢lez Arroyo recib¨ªa a todos los solicitantes.

Seg¨²n el arquitecto denunciante, afiliado al PP e hijo de un ex dirigente, los informes jur¨ªdicos para la concesi¨®n de las licencias -"prefabricados, firmados en blanco y a los que, simplemente, se les a?ad¨ªa el nombre del titular"-, los elaboraba Antonio Gonz¨¢lez, un abogado y primo del alcalde que vive entre Miami y Cuba. Los t¨¦cnicos los redactaban personas sin la cualificaci¨®n necesaria.

La investigaci¨®n del PP ha durado ocho meses y fue ordenada por Bravo de Laguna despu¨¦s de que este peri¨®dico publicara el 15 de marzo parte del contenido de la citada denuncia, presentada ante la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Juan Guerra Manrique de Lara, fiscal jefe, declar¨® semanas m¨¢s tarde que ten¨ªa datos suficientes para imputar al senador del PP, pero su informe fue archivado por el fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal.

En el texto se asegura que no se ha podido probar ninguna de las graves irregularidades de las que se acusa a Gonz¨¢lez Arroyo, en especial el cobro de comisiones ilegales a empresas y particulares. El propio senador las neg¨® siempre y se querell¨® contra el denunciante.

"El informe es muy extenso, profundo y riguroso. Se aclaran muchas cosas y, pese a eximirle de las irregularidades de las que fue acusado, se le hacen [a Gonz¨¢lez Arroyo] recomendaciones importantes sobre el sistema de concesi¨®n de licencias de obras. Recomendaciones dirigidas a evitar cualquier sospecha", advierte un dirigente del PP.

El documento lo firman tres militantes: Pablo Mato, abogado especialista en urbanismo, teniente de alcalde y gerente de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, que indag¨® en las normas de La Oliva; Antonio Tejedor, letrado especialista en Derecho administrativo, que investig¨® la concesi¨®n de licencias, y el arquitecto Alejandro Castro, hijo de otro antiguo dirigente, que estudi¨® el presunto cobro de comisiones. Para su trabajo entrevistaron a varias personas, incluido Gonz¨¢lez Arroyo.

M¨²ltiples propiedades

En lo que no se ha entrado es en el patrimonio personal del senador. El registro de la propiedad y el mercantil demuestran que es propietario en Fuerteventura de 24 fincas r¨²sticas y seis solares, de m¨¢s de un mill¨®n de metros cuadrados; de cinco viviendas, de una cantera de pic¨®n, de dos sociedades patrimoniales con un capital de 36 millones y de una radio y una televisi¨®n. A nombre de estas sociedades aparecen registrados seis coches Mercedes y dos Range Rover.Las dos ¨²nicas gasolineras de La Oliva, con una facturaci¨®n anual de 500 millones y regentadas por su esposa y una de sus hijas, figuran a nombre de sociedades administradas por Ceferino Guerra Vera, alba?il y ex juez de paz del municipio, que asegura no conocer al alcalde. Las declaraciones de actividades del senador, presentadas en la C¨¢mara Alta, est¨¢n firmadas, sin embargo, por Guerra. La "enorme fortuna" que, seg¨²n ¨¦l mismo, hered¨® Gonz¨¢lez Arroyo de sus padres est¨¢ valorada en el catastro en cinco millones.