La cuesti¨®n electrica

Se prodiga por segunda vez Piqu¨¦ en torno al sector el¨¦ctrico. Lo hace en esta ¨²ltima ocasi¨®n en mejor tono que en la anterior, en la que me contest¨® a m¨ª mismo sobre id¨¦ntica cuesti¨®n en un estilo impropio de un ministro del Gobierno de Espa?a (qu¨¦ le vamos a hacer, pelillos a la mar). Ahora el destino de sus argumentos no es en absoluto personal, sino que va dirigido a demostrar que lo que ¨¦l hace va a misa desde el punto de vista de la competencia. Y bueno ser¨ªa que ¨¦l se creyera lo que escribe y dice ahora, porque hace unas semanas cre¨ªa otras cosas bien distintas, como queda patente en la tribuna de este mismo diario de fecha no lejana.Dos cosas le interesa dejar sentadas a la autoridad el¨¦ctrica. La primera es que se debe cambiar una ley, que tiene una cort¨ªsima historia, para corregir imperfecciones inadvertidas en el momento de su tramitaci¨®n parlamentaria. Pero esos errores no son otros que los que mi grupo parlamentario le puso de manifiesto en repetidas ocasiones, como reflejan los diarios de sesiones de las Cortes Generales. La segunda es la bondad de la denominada titulizaci¨®n de la parte m¨¢s importante de los Costes de Transici¨®n a la Competencia. Por razones de oportunidad, me interesa m¨¢s centrarme en esta segunda cuesti¨®n.

Para nosotros -escribo en representaci¨®n del Grupo Parlamentario Socialista- los CTC reflejan los errores en las decisiones de inversi¨®n en generaci¨®n que las empresas el¨¦ctricas adoptaron en los a?os setenta. Aquellos activos corren ahora el riesgo de volverse ineficaces en un mercado competitivo. Bueno ser¨¢ afirmar, para despejar equ¨ªvocos, que aquellas instalaciones no fueron el resultado de la planificaci¨®n impuesta a horca y cuchillo por un Gobierno centrista de UCD. M¨¢s bien al contrario, fue entonces la presi¨®n de las empresas la que condujo al Gobierno de entonces a tomar decisiones administrativas. ?Acaso se ha olvidado la pol¨¦mica en torno al exceso de capacidad nuclear en trance de instalaci¨®n en aquellos momentos? ?Nos quiere convencer Piqu¨¦ de que fue el Gobierno de entonces el que oblig¨® a las compa?¨ªas a construir, entre otras, Lem¨®niz, TrilloII y ValdecaballerosI y II? Curioso argumento. ?No ser¨ªa a la inversa?

No se trata de nada de eso. La sustancia de la cuesti¨®n estriba en que estamos ante una p¨¦rdida monetaria que se atisba en el futuro. Y en respuesta a esa previsi¨®n, las el¨¦ctricas est¨¢n pidiendo al responsable de la pol¨ªtica energ¨¦tica que les garantice que ser¨¢n otros ciudadanos distintos de sus accionistas quienes asumir¨¢n esas p¨¦rdidas. Dicho de otro modo: exigen que se le preste al sector, por imperativo legal, una ayuda financiera. Una ayuda, por cierto, que no recibieron las empresas espa?olas por pasar de un mercado nacional protegido a un entorno europeo de competencia a partir de 1986. Unos apoyos p¨²blicos que en el proceso de transici¨®n a la competencia tampoco recibieron sectores inscritos en el concepto de servicio p¨²blico como las telecomunicaciones o el sector a¨¦reo. ?No es oportuno preguntarse por qu¨¦ el sector el¨¦ctrico tiene un trato tan diferenciado y ventajoso?

En la Ley del Sector El¨¦ctrico esas ayudas se consideran como una cantidad m¨¢xima a obtener durante 10 a?os. Aunque de esa cifra se recuperar¨¢ la parte que corresponda en funci¨®n del modo en que se concrete el tr¨¢nsito a la competencia. Sin embargo, eso no bast¨® a las compa?¨ªas. Propusieron y obtuvieron del Gobierno la exteriorizaci¨®n de esos costes por medio de la titulizaci¨®n de un bill¨®n de pesetas.

Titulizaci¨®n es una palabreja que apareci¨® en nuestra lengua procedente de la jerga financiera anglosajona. Lo que el t¨¦rmino significa en este caso est¨¢ al alcance de cualquiera. El sector el¨¦ctrico ha estimado que en el futuro tendr¨¢ unas p¨¦rdidas; las cifra en cantidad superior al bill¨®n de pesetas; y a continuaci¨®n ofertan en el mercado bienes financieros por esa cuant¨ªa que ingresan inmediatamente si la operaci¨®n tiene ¨¦xito. Pero, ?qui¨¦n garantiza a los que compren esos t¨ªtulos que recibir¨¢n a lo largo de 10 a?os un inter¨¦s remunerador y el valor de los t¨ªtulos cuando pasen los 10 a?os? Pues muy sencillo, los consumidores. Para ello, el Gobierno se compromete con las el¨¦ctricas a afectar la tarifa en un 4,5% durante 15 o 20 a?os.

En suma, la titulizaci¨®n proporciona de modo preventivo, y de una sola vez, a las empresas la total recuperaci¨®n de los activos poco rentables cuyo retorno instant¨¢neo reclaman. Esa compensaci¨®n se har¨¢, adem¨¢s, antes de que los responsables pol¨ªticos y los ¨®rganos reguladores del sector tengan la oportunidad de comprobar si efectivamente se producen esas p¨¦rdidas, y si se llega realmente a una situaci¨®n de competencia (Toma el bill¨®n y corre titul¨®, que no tituliz¨®, con fortuna un juicioso analista financiero que se aproxim¨® al asunto en este diario). Pero se entender¨¢ sin esfuerzo que para una operaci¨®n de esa naturaleza es necesario que, con car¨¢cter previo, se les reconozca a las empresas una especie de derecho indemnizatorio por la desaparici¨®n de la legislaci¨®n anterior, como si aqu¨¦lla se tratara de una p¨®liza de seguro cuya alteraci¨®n hubiera generado el derecho. Bien, pues pese a lo que Piqu¨¦ escribi¨® y dijo no hace mucho tiempo, ese derecho no era contemplado por la versi¨®n vigente de la Ley del Sector El¨¦ctrico. Las compa?¨ªas no tienen ese derecho pero "se sienten con derecho". Tanto es as¨ª que para hacerlo realidad con plenas garant¨ªas se cambia la susodicha ley.

Y es tanto el derecho que creen poseer que llevan al Gobierno a hacerlo sin que ni siquiera el Congreso de los Diputados pueda discut¨ªrselo. As¨ª, los que all¨ª nos dedicamos al trabajo legislativo no tendremos otra oportunidad que aprobar o rechazar la enmienda que el Gobierno, a trav¨¦s del Grupo Popular, ha presentado en el Senado a la Ley de Acompa?amiento y que con toda probabilidad se aprobar¨¢. Adem¨¢s, hay cuestiones conexas que llaman la atenci¨®n. Tal es el poder del duopolio el¨¦ctrico sobre el Gobierno (dos empresas suponen el 80% del sector), que el ministro va a Bruselas a tener entrevista con el comisario de la Competencia, m¨¢s preocupado por los reparos que Van Miert ha mostrado en relaci¨®n con esta operaci¨®n que por sacar adelante una soluci¨®n a la comprometida situaci¨®n de los astilleros espa?oles, que no tendr¨¢n ayudas en 1999. Resulta entonces sumamente arriesgado que la titulizaci¨®n se lleve a cabo antes de que haya un pronunciamiento de Bruselas sobre la concesi¨®n de ayudas al sector el¨¦ctrico. Y, m¨¢s a¨²n, que ese desaf¨ªo, tan inoportuno, se produzca cuando se aborda un asunto tan espinoso como el futuro de la construcci¨®n naval en nuestro pa¨ªs. La asimetr¨ªa en las preocupaciones del Gobierno en lo el¨¦ctrico y en lo naval es patente.

?Qu¨¦ apoyos tiene el ministro para embarcarse en esta aventura? Tiene el suyo y, claro est¨¢, el del sector el¨¦ctrico. Y nadie m¨¢s. Todo lo que se ha escrito y dicho sobre la operaci¨®n es negativo para las pretensiones de nuestra autoridad energ¨¦tica. Los peque?os consumidores, los grandes consumidores (El Corte Ingl¨¦s, Renfe, Telef¨®nica, etc¨¦tera) y todos cuantos se han acercado al an¨¢lisis del problema opinan cosas similares. Est¨¢, por otra parte, lo m¨¢s escandaloso. El ¨®rgano regulador independiente, la Comisi¨®n Nacional del Sistema El¨¦ctrico, integrada por t¨¦cnicos, ha afirmado que de sus an¨¢lisis se deduce que no se deber¨ªa hablar de Costes de Transici¨®n a la Competencia, sino de Beneficios de Transici¨®n a la Competencia (BTC en lugar de CTC). Hac¨ªa falta, tambi¨¦n, que el mercado se pronunciara y eso es lo que ha hecho en el caso de la toma de una participaci¨®n de National Power en Uni¨®n Fenosa. Del precio ofertado por ella no se deduce precisamente la existencia de coste alguno, sino lo contrario. ?Qu¨¦ ha respondido Piqu¨¦ a tanta opini¨®n adversa a sus pretensiones? Pues muy sencillo y muy breve: la Comisi¨®n est¨¢ politizada y la oposici¨®n pol¨ªtica no entiende el funcionamiento del sistema el¨¦ctrico. ?Y los consumidores? ?Est¨¢n tambi¨¦n politizados? ?Tampoco entienden este embrollo el¨¦ctrico? Ellos opinan que la titulizaci¨®n no s¨®lo afecta durante muchos a?os a la tarifa el¨¦ctrica, sino que constituye una barrera de entrada para nuevos competidores. Para defender sus posiciones, los beneficiarios y los responsables de esta medida han recordado insistentemente el precedente de la moratoria nuclear. Un asunto bien distinto del que nos ocupa, entre otras cosas porque aquella decisi¨®n se tom¨® previa auditor¨ªa al c¨¦ntimo de los activos abandonados. No obstante, si esa insistencia en lo nuclear tuviera otra finalidad que la meramente defensiva, nosotros queremos dejar sentado que estar¨ªamos de acuerdo en una titulizaci¨®n (¨¦sta verdadera y justificada) de las consecuencias econ¨®micas para las compa?¨ªas de un cierre ordenado y adelantado de las centrales nucleares en operaci¨®n. En este caso que sugiero, s¨ª que tendr¨ªa sentido una contraprestaci¨®n a las empresas por el beneficio que se prestar¨ªa a la sociedad.

S¨¦ bien que Piqu¨¦ dir¨¢ que los socialistas somos unos conversos. Que planificamos en el pasado y ahora somos unos liberales disfrazados. Pero, ?y ¨¦l?, ?naci¨® liberal Piqu¨¦? No obstante, eso son cuestiones doctrinales que no vienen al caso. Nosotros lo que rechazamos tajantemente es que se d¨¦ gato por liebre en esta supuesta liberalizaci¨®n del sector el¨¦ctrico. Porque de lo que se hizo, y de lo que queda por hacer, nos tememos que no surja otra cosa que la perpetuaci¨®n de una estructura de mercado duopol¨ªstico que impedir¨¢ la competencia efectiva y el beneficio de los consumidores peque?os y grandes.

Luis Mart¨ªnez Noval es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista.