El Ministerio sostiene que la ayuda se ajusta a la legalidad

El Ministerio de Industria considera que la subvenci¨®n a Torcidos Ib¨¦ricos se ajusta a la legalidad porque la solicitud de ayuda se ampara en una orden de febrero de 1996 que establec¨ªa que, aunque la inversi¨®n se realizara en un municipio que no estuviese considerado minero, pod¨ªa recibir las ayudas si la inversi¨®n era de inter¨¦s excepcional por su cuant¨ªa y por el empleo creado. Y adem¨¢s, exig¨ªa que hubiese un n¨²mero indeterminado de trabajadores que procedieran de una zona minera.En el caso de Puig-reig, seg¨²n el ministerio, estas condiciones se daban: hab¨ªa una inversi¨®n de 992 millones, la creaci¨®n de 62 puestos de trabajo, 18 de los cuales eran para personas que viven en pueblos mineros, y se trataba de una empresa de especial inter¨¦s, porque su inversi¨®n era la m¨¢s importante realizada en la comarca barcelonesa del Bergued¨¤ en el ¨²ltimo a?o.

El ministerio tambi¨¦n justifica que la subvenci¨®n se apoye en una orden derogada, porque en el texto de marzo de 1998, el que se?ala que ya no se pod¨ªan acoger a estas ayudas las iniciativas que se realizasen en pueblos no mineros, se hac¨ªa una excepci¨®n para aquellos casos en los que la solicitud ya estuviese en tr¨¢mite. El Gobierno no explica por qu¨¦ el caso de Puig-reig se trat¨® el pasado julio, mientras que el resto de expedientes referidos a la orden de febrero de 1996 se est¨¢n tratando en diciembre; ni por qu¨¦ Torcidos Ib¨¦ricos constituye la primera excepci¨®n de ayuda concedida a una empresa que no est¨¢ en un municipio minero y ni siquiera lim¨ªtrofe.

En el Bergued¨¤, el caso se ha cogido con sorpresa, aunque m¨¢s que pedir justificaciones, se pide que Industria califique a todos los municipios del Bergued¨¤ como mineros. Comparten esta opini¨®n la mayor¨ªa de partidos pol¨ªticos y representantes empresariales, aunque desde ERC, el PSC y CCOO se reclama tambi¨¦n absoluta transparencia en la concesi¨®n de las ayudas.