Junta y Gobierno pactan que el Supremo decida si deben pagarse los intereses de la Seguridad Social

El Gobierno central y la Junta despejaron ayer el bloqueo de dos asuntos t¨¦cnicos de primer orden que hab¨ªan conducido las relaciones entre ambas administraciones al l¨ªmite de lo sostenible: el pago de los recargos de la deuda de la Administraci¨®n auton¨®mica con la Seguridad Social (SS) y la autorizaci¨®n de la emisi¨®n de deuda p¨²blica andaluza para los presupuestos de 1999. En el primero de los casos se acuerda aplazar el abono de los intereses de apremio a diez a?os, sin perjuicio de que ambas partes acepten la interpretaci¨®n final del Tribunal Supremo acerca de esta cuesti¨®n, sobre la que la Junta plantear¨¢ un contencioso administrativo. El tribunal podr¨ªa tardar entre uno y tres a?os en dictaminar.

El anuncio del pacto de la deuda de la Seguridad Social se hizo a trav¨¦s de un comunicado conjunto al filo de las 21.00 de ayer, difundido desde el Ministerio de Trabajo, tal y como hab¨ªan preparado a mediod¨ªa, en una conversaci¨®n telef¨®nica, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el ministro de Trabajo y presidente regional del PP, Javier Arenas. ?ste se adelant¨® tres horas, y aprovech¨® una intervenci¨®n ante los medios de comunicaci¨®n para dar la buena noticia. Aunque la Junta no quiso magnificar la peque?a ventaja del popular para acaparar el protagonismo, en el Ejecutivo auton¨®mico molest¨® el golpe de efecto perseguido por Arenas. Seg¨²n los t¨¦rminos del acuerdo sobre la Seguridad Social, que habr¨¢ de ser ratificado en los pr¨®ximos d¨ªas mediante un convenio, la Junta se compromete a pagar el principal de la deuda, "en torno a los 3.000 millones de pesetas", antes de que finalice el a?o, mediante compensaci¨®n con las transferencias que debe abonar la SS a la Junta, con cargo al programa de actuaciones por Incapacidad Temporal, por un volumen de unos 7.000 millones. Por su parte, la SS condonar¨¢ el recargo de mora, que supera los 225 millones, mientras que en relaci¨®n al recargo de apremio, la SS conceder¨¢ un aplazamiento a diez a?os. No obstante, reza el comunicado, "a la vista de las discrepante interpretaci¨®n" que ambas administraciones otorgan a la normativa vigente sobre el recargo de apremio -la Junta sostiene que el art¨ªculo 26 de la Ley General de la Hacienda P¨²blica de Andaluc¨ªa determina que no puede establecerse obligaciones de pago de apremios-, se acuerda someterla al "superior criterio" del Supremo. Sin cuantificar El comunicado conjunto no recoge la cuant¨ªa exacta del apremio que reclama la SS, de 21.447 millones de pesetas, ya que la consejera de Econom¨ªa, Magdalena ?lvarez, asegura que este monto ser¨¢ cuantificado en una comisi¨®n bipartita. ?lvarez mantuvo ayer en Madrid una reuni¨®n con el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa. Horas antes, su viceconsejero, Jos¨¦ Salgueiro, se entrevist¨® con el director general de la Tesorer¨ªa, Julio G¨®mez Pomar. Sobre la inscripci¨®n registral de los edificios propiedad de la Seguridad Social -Nore?a, en C¨®rdoba; Isdabe, en Estepona (M¨¢laga); Plaza de Candelaria y Avenida Am¨ªlcar Barca, en C¨¢diz- en la actualidad a nombre de la Junta, se acuerda "rectificar y corregir los errores" cometidos por el Registro de la Propiedad, de forma que se recoja que la titularidad es de la SS y el derecho de uso, de la Junta. Este punto reconoce las tesis el Ejecutivo auton¨®mico, en contra de lo sostenido por la Delegaci¨®n del Gobierno. El acuerdo estuvo precedido de cierta confusi¨®n, ya que antes de que ambas partes pactasen cada t¨¦rmino del comunicado conjunto, el Ministerio de Trabajo envi¨® media hora antes una nota que difer¨ªa sustancialmente del pacto final, especialmente, en lo que se refiere a la pol¨¦mica sobre la propiedad de los edificios. Lo mismo ocurri¨® con la redacci¨®n sobre el recurso al Supremo. PASA A LA P?GINA 3