Indulto y pol¨ªtica
Una de las peculiaridades del estilo de gobierno de Aznar ha sido la politizaci¨®n de la justicia por omisi¨®n. El caso Pinochet es el ejemplo m¨¢s claro. Con el argumento del respeto a las decisiones judiciales, Aznar ha evitado pronunciarse sobre un tema pol¨ªticamente ineludible y ha preferido reducir la funci¨®n del Gobierno a simple cartero de la petici¨®n de extradici¨®n antes que asumir una decisi¨®n que probablemente rechaza parte de su electorado. Esta forma de cobard¨ªa pol¨ªtica (contraria, a mi parecer, al criterio de explicaci¨®n activa que deber¨ªa presidir la acci¨®n de todo dirigente democr¨¢tico) vuelve a utilizarse en el caso del indulto a los condenados por el caso Marey. El Gobierno argumenta que se limita a aplicar lo que el Tribunal Supremo ha propuesto. Lo cual es una manera de eludir sus responsabilidades y de sembrar la confusi¨®n sobre el papel de cada cual.Desde el momento en que la propuesta de indulto llega al Gobierno, la Justicia ha desaparecido de la escena. Estamos ante un acto estrictamente pol¨ªtico. La medida de gracia, una herencia de los privilegios teocr¨¢ticos de las monarqu¨ªas predemocr¨¢ticas que confirma la pervivencia de lo teol¨®gico-pol¨ªtico en los Estados modernos, es una facultad, que el Gobierno ejerce en nombre del Rey, perfectamente arbitraria y sin ning¨²n condicionamiento. La gracia es una forma de capricho real que las Constituciones democr¨¢ticas tratan de vestir lo mejor que puedan para que la pol¨ªtica llegue donde la Justicia se detiene. De modo que el Gobierno no puede cargar sobre la Justicia las consecuencias pol¨ªticas que del uso de la gracia se deriven.
Desde hace tiempo el Ministerio del Interior ha sido de la opini¨®n de que Barrionuevo, Vera y los dem¨¢s ten¨ªan que salir de la c¨¢rcel antes de que empezara a salir alg¨²n preso de ETA. Opini¨®n que no era compartida por otros sectores del entorno directo de Aznar, que hablaban incluso de la pr¨®xima legislatura. En realidad, pensaban que el Tribunal Supremo no se pronunciar¨ªa en favor del indulto, es decir, que les resolver¨ªa, una vez m¨¢s, la papeleta.
El indulto no eleva precisamente el prestigio de la pol¨ªtica: que los condenados del GAL se cuelen de golpe en el primer rengl¨®n de la lista de presos en espera de medidas de gracia acent¨²a la sospecha de que en la clase pol¨ªtica funcionan los reflejos gremiales, de que cierta conciencia de casta les impide aceptar que uno de los suyos tenga que sufrir las mismas servidumbres que un delincuente callejero. Y abre el discurso del agravio comparativo en el frente vasco, como ya ha hecho notar I?aki Anasagasti pidiendo la liberaci¨®n de la Mesa Nacional de HB. La combinaci¨®n entre indulto al GAL y acercamiento de presos a la Pen¨ªnsula, que entre el nacionalismo vasco se ha presentado como una provocaci¨®n, redoblar¨¢ la presi¨®n nacionalista sobre el Gobierno en favor de los militantes de ETA encarcelados. El indulto entra inevitablemente en el tira y afloja de la negociaci¨®n de la tregua, por m¨¢s que el PSOE rechace de plano esta simetr¨ªa. De hecho, con sus misas de Guadalajara y sus presiones al Gobierno (amenazas extraparlamentarias incluidas) ha contribuido eficazmente a poner a los GAL en la balanza de las compensaciones.
Dicen que con Barrionuevo y Vera en libertad Borrell tendr¨¢ mucho m¨¢s margen de maniobra para afrontar de verdad una nueva etapa socialista. ?Por qu¨¦ Aznar ser¨ªa entonces tan generoso con sus adversarios? Aznar entiende que hay un amplio sector de opini¨®n -incluso dentro de su partido- al que le costar¨ªa asumir negociaciones con ETA sin haber resuelto antes este tema. Pero Aznar sabe adem¨¢s que puede permitirse este gesto. Porque el tema no est¨¢ resuelto. Porque quedan otros casos pendientes, entre ellos el de fondo reservados, para seguir manteniendo al PSOE en estado de espera. Con lo cual el indulto le puede salir pol¨ªticamente gratis.
Atendiendo a la nueva situaci¨®n de Euskadi, las razones del Supremo para pedir el indulto parcial parecen irreprochables. Los hechos son muy lejanos, sus autores no pueden reincidir y el GAL se disolvi¨® hace diez a?os. Por eso resulta grotesco que el Gobierno lo asuma de modo vergonzante y que se haga en unas condiciones que no son precisamente un ejemplo de igualdad de los ciudadanos ante el poder.
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