Sociedad de oportunidades, igualdad de oportunidades

En el marco del viraje hacia el centro de su mensaje pol¨ªtico, el PP ha adoptado, entre otros, el lema de la "sociedad de oportunidades". Parece que lo que con ¨¦l quiere expresarse, en la interpretaci¨®n m¨¢s favorable, es la voluntad de crear en el pa¨ªs una sociedad en la que puedan desarrollarse las iniciativas en el terreno econ¨®mico, social o cultural en mayor medida que hasta ahora, de manera que existan posibilidades m¨¢s amplias de desarrollo personal. Caracter¨ªstico de lo que ahora se llaman "terceras v¨ªas", la idea de la sociedad de oportunidades atribuye a las relaciones sociales y al impulso individual el papel protagonista del desarrollo, de manera que la funci¨®n del Estado, que ya no puede garantizar un bienestar ilimitado, se ci?e a generar y mantener las condiciones propicias para que esas oportunidades sociales existan y puedan ser aprovechadas. Sin duda, en este sentido, es una idea atractiva y propia de nuestro tiempo. Ahora bien, un mensaje tan conciso y tan abstracto debe ser objeto de precisiones para su traducci¨®n a la acci¨®n pol¨ªtica, pues de lo contrario puede perder toda credibilidad. A mi juicio, la primera de las precisiones debe hacerse respondiendo a la siguiente pregunta: ?oportunidades para qui¨¦n? Pues lo cierto es que la sociedad no crea espont¨¢neamente oportunidades para todos y por eso el Estado no puede declinar toda la responsabilidad en el cuerpo social, sino que debe mantener un compromiso activo, mediante las pol¨ªticas adecuadas. De ah¨ª que en los programas de aquellas nuevas "terceras v¨ªas", como el de los laboristas brit¨¢nicos, se ponga el ¨¦nfasis en las pol¨ªticas p¨²blicas destinadas a establecer las bases del desarrollo personal para todos. Es decir, la educaci¨®n ante todo, y tambi¨¦n la sanidad y la integraci¨®n social. Dicho de otra manera, la idea de la sociedad de oportunidades tiene poco sentido sin referencia a otra mucho m¨¢s cl¨¢sica, m¨¢s concreta y m¨¢s comprometida, esto es, la igualdad de oportunidades.

Ocurre, sin embargo, que si se analiza la pr¨¢ctica pol¨ªtica del PP en los ¨²ltimos a?os, surgen muchas dudas acerca de su compromiso con la igualdad de oportunidades. No ya s¨®lo por las carencias que existen en el terreno de la pol¨ªtica educativa o por las incertidumbres que crean las reformas sanitarias en marcha, sino sobre todo por actitudes muy generalizadas en los gobiernos y administraciones que dirige.

Si de oportunidades se habla, no puede desconocerse que las de muchos ciudadanos dependen de sus relaciones con la Administraci¨®n. El conjunto de las administraciones p¨²blicas da empleo, en efecto, a m¨¢s de dos millones de personas, por lo que son muchas las que buscan su futuro -su oportunidad- en las oposiciones y concursos. No s¨®lo eso. La magnitud y la capacidad de decisi¨®n del sector p¨²blico sigue siendo considerable, de forma que la actividad de muchas empresas y de muchos profesionales depende en todo o en parte de la posibilidad de contratar con la Administraci¨®n. En otros casos, la suerte de una empresa o de una iniciativa econ¨®mica depende de la aprobaci¨®n de un plan de urbanismo, del otorgamiento de la licencia de edificaci¨®n; o bien, por poner ejemplos m¨¢s concretos, de la concesi¨®n de una emisora de radio o de la licencia de apertura de un establecimiento o de la asignaci¨®n de una ayuda o subvenci¨®n p¨²blica. La Administraci¨®n no es un mundo aparte, sino que se inserta en la propia realidad social de la que se predica la necesidad de creaci¨®n de oportunidades. La misma idea es aplicable a la actividad administrativa.

De las informaciones de prensa, debates y tertulias, de la experiencia personal y profesional de muchos, se deduce, por el contrario, que el respeto a la igualdad de oportunidades en las administraciones p¨²blicas es un valor francamente en baja. Parece m¨¢s bien que nos hemos instalado en un sistema opuesto, en el que prima cada vez m¨¢s el clientelismo pol¨ªtico y el amiguismo en la resoluci¨®n de oposiciones y concursos, la adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos, la recalificaci¨®n de suelo para urbanizar o la concesi¨®n de licencias y subvenciones de todo tipo. Incluso en alguna Comunidad Aut¨®noma, como Galicia, la generalizaci¨®n de estas pr¨¢cticas ha dado origen ya a un amplio movimiento de protesta entre los intelectuales y en los medios de comunicaci¨®n. Pero, desgraciadamente, no es un caso aislado. Casi podr¨ªa decirse, m¨¢s bien, que se viene produciendo paulatinamente y a estos efectos una especie de galleguizaci¨®n de las pr¨¢cticas de otras muchas administraciones. Dicho sea con el mayor respeto y admiraci¨®n por quienes en y desde Galicia luchan contra esta lacra.

Existe, por lo dem¨¢s, ante este problema la tentaci¨®n de escurrir la responsabilidad aludiendo a que todos los partidos participan y han participado de esas debilidades. Ciertamente, tampoco la igualdad de oportunidades ante la Administraci¨®n ha sido se?a de identidad de gobiernos, centrales, auton¨®micos o locales, de los que cabr¨ªa haber presumido un mayor compromiso con esta idea. Sobre todo desde que se difundi¨® y acept¨® t¨¢citamente aquella peregrina "doctrina" oficiosa seg¨²n la cual "despu¨¦s de tantos a?os de aprovecharse las derechas, es l¨®gico que se aprovechen las izquierdas". (?Se acuerdan?). La cuesti¨®n, no obstante, no puede quedar en el terreno de las diatribas entre partidos, pues la igualdad de oportunidades, aparte de constituir un verdadero derecho fundamental que algunos parecen excluir de la lista, es hoy una demanda social que se dirige a todos.

Un partido que apela a la "sociedad de oportunidades" -lo que es elogiable- debe mirar ante todo la viga en el ojo propio y adoptar las medidas que remedien el problema. Porque no se trata de un problema insoluble ante el que s¨®lo quepa resignarse, sino que se pueden y deben adoptar medidas, como las que existen en otros pa¨ªses. Por ejemplo, confiar las resoluciones de concursos, oposiciones, adjudicaciones de contratos, licencias y otras decisiones a ¨®rganos estrictamente t¨¦cnicos, bajo su exclusiva responsabilidad; mejorar el acceso a la justicia y a los procesamientos judiciales de control (y al efecto los jueces pueden aportar su grano de arena, sobre todo mediante el uso de medidas de suspensi¨®n de las decisiones sospechosas), regular con mayor claridad un r¨¦gimen de sanciones para quienes vulneran la igualdad ante la ley... y tantas otras.

?Sociedad de oportunidades? Naturalmente. Pero sobre la base de la igualdad y empezando por el sector p¨²blico. ?ste s¨ª que ser¨ªa, en nuestro pa¨ªs, un gran proyecto pol¨ªtico.