La vieja canci¨®n de Pujol
?Es verdad que los ciudadanos de Catalu?a disponen de menos dinero para servicios p¨²blicos que los del resto de Espa?a? ?Tiene raz¨®n Jordi Pujol cuando afirma que la Generalitat deber¨ªa recibir 400.000 millones de pesetas m¨¢s del Gobierno central? ?Cu¨¢l es la raz¨®n por la que el Gobierno catal¨¢n aumenta su endeudamiento cada a?o en 170.000 millones de pesetas?Desde hace a?os, estas tres cuestiones de naturaleza b¨¢sicamente distinta aparecen sistem¨¢ticamente mezcladas en los an¨¢lisis sobre la realidad econ¨®mica catalana. El resultado ha sido una gran confusi¨®n que impide saber en cada momento de qu¨¦ se est¨¢ hablando.
Para sintetizar: una cosa es averiguar si el conjunto del gasto p¨²blico en Catalu?a (Gobierno central, aut¨®nomo y corporaciones locales) es suficiente; otra, si los recursos de una parte del Estado (la Generalitat) son los adecuados, y una tercera, c¨®mo gestiona el Gobierno catal¨¢n los dos billones de pesetas que administra. Son, pues, problemas claramente distintos, que tienen responsables distintos y que merecen an¨¢lisis distintos. Por cierto, que tambi¨¦n corresponden a elecciones distintas.
Jordi Pujol, sin embargo, sit¨²a estos tres aspectos en un ¨²nico escenario con un ¨²nico responsable, el Gobierno de Madrid. Y una ¨²nica l¨®gica. Si el Estado gastara todo lo que debe en Catalu?a, la Generalitat tendr¨ªa los recursos que necesita y adem¨¢s no tendr¨ªa que endeudarse. Esta respuesta tiene la gran ventaja de exonerar al Gobierno catal¨¢n de toda responsabilidad pol¨ªtica. Volvamos a las tres preguntas. La primera cuesti¨®n plantea si los ciudadanos de Catalu?a reciben menos recursos para servicios e inversiones p¨²blicas que los del resto del Estado.
Seg¨²n el profesor Antoni Castells, en 1994 Catalu?a aportaba el 19,3% de todos los impuestos recaudados por el Estado y recib¨ªa en torno al 13,7% del gasto p¨²blico. Para situar las cosas hay que recordar que aquel a?o Catalu?a generaba el 19% del producto interior bruto (PIB) de Espa?a y que la poblaci¨®n catalana representaba el 15,6% del total. Es decir, los ciudadanos de Catalu?a pagaban de forma bastante ajustada a su nivel de renta (pagan el 19,3% de los impuestos y producen el 19% del PIB); en cambio, recib¨ªan menos recursos de lo que les correspond¨ªa seg¨²n la poblaci¨®n (reciben el 13,7% del gasto p¨²blico para una poblaci¨®n que representa el 15,6%).
La regla que propone Castells, que es com¨²nmente aceptada por otros economistas, consiste en pagar los impuestos en proporci¨®n a la renta y recibir el gasto p¨²blico en funci¨®n de la poblaci¨®n. Es decir, los ciudadanos de Catalu?a pagar¨ªan aproximadamente el 19% de los impuestos del Estado y recibir¨ªan el 15,6% de todo el gasto p¨²blico.
La diferencia entre lo que pagan y reciben los ciudadanos de un territorio es el llamado saldo o d¨¦ficit fiscal. Es l¨®gico que Catalu?a, que tiene m¨¢s renta, tenga un saldo fiscal negativo con el resto del Estado. Aplicando la citada regla a la situaci¨®n del a?o 1994, el saldo fiscal de Catalu?a a favor del Estado deber¨ªa haber sido de unos 282.617 millones de pesetas. Pero fue mucho mayor. Seg¨²n el estudio de Esther Mart¨ªnez, fue de unos 734.000 millones. Seg¨²n un trabajo del European Policies Research Centre, en 1993 fue de unos 620.000 millones.
El problema no es que Catalu?a tenga un saldo fiscal negativo en sus relaciones con el Estado, sino que este saldo fue excesivo en unos 400.000 millones. Si se tiene en cuenta el criterio europeo, es decir, el saldo fiscal medio entre las regiones europeas dentro de cada Estado, Catalu?a tendr¨ªa un saldo fiscal excesivo en unos 250.000 millones de pesetas.
La respuesta a esta primera pregunta parece bastante clara. El gasto del Estado en Catalu?a es menor de lo que le corresponder¨ªa. Este menor gasto es especialmente sensible en la dotaci¨®n de infraestructuras. El ¨²ltimo estudio realizado por Montserrat Escard¨® revela que Catalu?a s¨®lo ha recibido el 9% de las inversiones del Estado entre 1987 y 1996. En pesetas por habitante, Catalu?a recibi¨® el 63% de la media de Espa?a. La deficiencia es clara y la responsabilidad corresponde b¨¢sicamente al Gobierno central. Pero no se puede olvidar que durante los ¨²ltimos cinco a?os el Ejecutivo se ha mantenido con los votos nacionalistas, lo cual implica tambi¨¦n una cierta responsabilidad en la falta de inversiones.
?Son suficientes estos datos? Son las cifras de los expertos, que sin duda habr¨ªa que completar con datos oficiales elaborados con la participaci¨®n de todas las administraciones. Si el Gobierno hubiera cumplido la petici¨®n del Congreso de publicar los datos de los flujos fiscales entre los distintos territorios, seguramente el panorama ser¨ªa menos confuso.
La segunda cuesti¨®n es si la Generalitat cuenta con los ingresos suficientes para financiar los servicios que presta. Seg¨²n Pujol, est¨¢ claro que no. Pero esta insuficiencia de recursos tiene mucho que ver con la forma en que se inici¨® la descentralizaci¨®n del Estado y mucho m¨¢s recientemente el triunfalismo con que se vendieron los pactos con el PP. Al principio Pujol aplicaba la pol¨ªtica de conseguir el mayor n¨²mero posible de transferencias sin atender a su contenido ni a su dotaci¨®n econ¨®mica. Estas prisas significaron que en muchos casos los servicios transferidos arrancaron con una financiaci¨®n a todas luces insuficiente.
La insuficiencia de recursos se ha agravado por propia iniciativa de la Administraci¨®n catalana. Pujol se ha encontrado con menos recursos de los previstos al fallar sus expectativas de ingresos por la participaci¨®n en el IRPF. Sus pron¨®sticos de ganar 400.000 millones de pesetas con el nuevo sistema se han venido abajo. El consejero de Econom¨ªa, Artur Mas, reconoc¨ªa recientemente en un art¨ªculo que el descenso de la recaudaci¨®n por IRPF tendr¨ªa un impacto menor para la Generalitat por las modificaciones introducidas en el acuerdo de financiaci¨®n. Es decir, ya no se trataba de ganar m¨¢s, sino de perder menos.
Esta err¨®nea planificaci¨®n de los ingresos se llev¨® a los mismos presupuestos. Los ingresos previstos por la participaci¨®n en el 30% del IRPF en los Presupuestos de 1997 y 1998 ascend¨ªan a 804.000 millones de pesetas en conjunto. Sin embargo, las posteriores previsiones de recaudaci¨®n han rebajado esta cifra a 732.000 millones, es decir, a 72.000 millones menos, seg¨²n la profesora N¨²ria Bosch.
Pujol ha resultado un mal negociador, todo lo contrario a aquello de lo que ha presumido, al no prever la posible ca¨ªda de recaudaci¨®n del IRPF, tal como en 1996 advirti¨® repetidamente en la C¨¢mara el senador socialista Llu¨ªs Armet.
De vez en cuando trascienden datos escalofriantes. El despliegue a un ritmo acelerado de los Mossos d'Esquadra, por ejemplo, ha generado una "deuda acumulada" de 120.000 millones de pesetas al no disponer de la correspondiente financiaci¨®n, seg¨²n reconoci¨® el consejero Artur Mas. Una cifra asombrosa que duplica los 70.000 millones que conforman la ya abultada deuda de la Corporaci¨®n Catalana de Radiotelevisi¨®n.
En cualquier caso, es dif¨ªcil imputar exclusivamente a la Administraci¨®n central el mayor coste de los Mossos, derivado en buena parte de unos salarios superiores en un 20% a los del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y la Guardia Civil que han sustituido. El Gobierno de Pujol tiene, pues, tambi¨¦n una parte importante de responsabilidad en la falta de recursos para realizar los servicios que son de su competencia.
Pero las sorpresas no se limitan al sobrecoste de los Mossos. El ¨²ltimo episodio de ingenier¨ªa financiera ha sido la financiaci¨®n de las obras p¨²blicas. Resulta que las dos obras p¨²blicas m¨¢s emblem¨¢ticas de la Generalitat, el Eix Transversal que une Lleida con Girona y la autopista libre de peaje Granollers-Matar¨®, inauguradas en repetidas ocasiones, tramo a tramo, por los consejeros de turno y el propio presidente, y conmemorado su primer aniversario hace pocos d¨ªas, no han sido costeadas por la Generalitat. El pasado septiembre se desliz¨® en el BOE un real decreto por el que se aportaban 42.000 millones de pesetas de Fomento para financiar estas obras, tras considerarlas "obras viarias de inter¨¦s general".
Donde la responsabilidad es sin duda de Pujol es en la gesti¨®n de los dos billones de pesetas de sus presupuestos. La Sindicatura de Cuentas se ha encargado de subrayar la incapacidad de Pujol para cuadrar sus propias cuentas. En 1995, el ¨²ltimo a?o auditado, el d¨¦ficit ascendi¨® a 80.000 millones de pesetas, el doble de lo previsto.
Pero la parte m¨¢s inquietante est¨¢ en la deuda. Pujol ha emprendido una fuga hacia adelante, hasta situar la deuda de la Generalitat en 1,5 billones de pesetas, seg¨²n cifras del Banco de Espa?a. Con las deudas a proveedores y los compromisos de otros organismos, varios analistas sit¨²an la deuda global en dos billones. En 1996 y 1997, la deuda aument¨® a un ritmo de 170.000 millones anuales. En los seis primeros meses de este a?o ha crecido 100.000 millones m¨¢s. ?Qui¨¦n es el responsable de este endeudamiento? ?Con qu¨¦ modelo de ingenier¨ªa financiera se pagar¨¢ todo? ?Qui¨¦n lo pagar¨¢? No ser¨¢ con los tributos propios de la Generalitat, que ascienden s¨®lo a 13.000 millones, una cifra inferior a la de 1992.
Ahora, al inicio de un largo proceso electoral, Pujol ha vuelto a tocar la vieja canci¨®n. La de la falta de recursos, la de la asfixia fiscal, para sacar una conclusi¨®n, y es que necesita m¨¢s dinero para su Administraci¨®n. Empleando su propio lenguaje, habr¨ªa que entonar un "ahora no toca, presidente".
La ¨¦poca electoral es el momento de realizar las pruebas o ex¨¢menes sobre la gesti¨®n realizada durante la legislatura, que es como el curso acad¨¦mico. Pujol, una vez m¨¢s, todo lo mezcla para poner en tela de juicio las condiciones o las preguntas del propio examen.
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