Universidad: dinero y algo m¨¢s

A estas alturas, posiblemente nadie discute que una financiaci¨®n adecuada es imprescindible para que la universidad cumpla los papeles m¨¢s obvios que la sociedad le ha encargado: Proporcionar una educaci¨®n superior de calidad a los estudiantes pre y postgraduados; crear nuevos conocimientos e innovaci¨®n tecnol¨®gica a trav¨¦s de la investigaci¨®n cient¨ªfica; actuar como apoyo y avanzadilla intelectual, cultural y ¨¦tica para su comunidad. Los rectores, representantes oficiales de las universidades espa?olas, y m¨¢s recientemente su portavoz, han insistido con argumentos contundentes en la necesidad de incrementar la cifra de pesetas por alumno en las universidades espa?olas, buscando equipararlas financieramente con las europeas. Sin dinero, dif¨ªcilmente podra ponerse en pr¨¢ctica cualquier mejora que quiera introducirse en el sistema universitario y lo que es peor, se legitimar¨¢ a quienes, dentro de ¨¦ste, utilizan la excusa de la falta de personal y de medios para justificar la baja calidad de su trabajo docente o investigador. Sin embargo, tambi¨¦n parece necesario subrayar que la dotaci¨®n de fondos es condici¨®n necesaria, pero no suficiente para mejorar la Universidad. M¨¢s a¨²n, no es leg¨ªtimo solicitar s¨®lo que se incremente la financiaci¨®n de la universidad, sin plantear al tiempo que se corrijan las distorsiones que sufre el empleo de los medios financieros en la actual estructura universitaria y todav¨ªa menos, pretender extender autom¨¢ticamente el principio de autonom¨ªa al uso por la universidad del dinero de todos. En la vida cotidiana, quien pone las pesetas tiene, por lo com¨²n, derecho a elegir sus gestores, controlarlos y decidir su continuidad en funci¨®n de los resultados conseguidos. Tal ocurre tambi¨¦n, con todas las imperfecciones que se quiera, con los dineros que los ciudadanos dejan en manos de los gobiernos democr¨¢ticos para la gesti¨®n de la cosa p¨²blica. Pero la Universidad goza, dentro de ¨¦sta, de una situaci¨®n excepcional. La autonom¨ªa universitaria concede una discrecionalidad muy extensa al destino que las autoridades acad¨¦micas (rectores y juntas de gobierno) pueden dar a los fondos p¨²blicos que reciben, siempre que se empleen dentro de un tolerante marco legal. As¨ª, y por citar alg¨²n ejemplo real, pueden decidir gastar el dinero de obras en construir, en lugar de laboratorios de pr¨¢cticas para alumnos (que terminan la carrera sin hacerlas), un museo de alguna rama art¨ªstica de la que la universidad no tiene estudios; o cambiar el destino de los fondos para contrataci¨®n de personal, dedic¨¢ndolo no a incorporar nuevos trabajadores, sino a subvencionar complementos por horario extendido a sus propios funcionarios, que disponen por otra parte de casi tres meses de vacaciones pagadas. La Ley de Reforma Universitaria (LRU) determina que las autoridades acad¨¦micas sean elegidas por representantes de estudiantes, profesores y personal no docente. En su aplicaci¨®n actual, en la mayor¨ªa de las universidades, el alumnado tiene casi un tercio de los votos y el personal no docente un 10% m¨¢s. En la pr¨¢ctica, el profesorado est¨¢ dividido siempre por sus intereses corporativos, lo que deja frecuentemente en manos de los representantes estudiantiles (votados por un n¨²mero de sus compa?eros que raramente supera el 5%) y en las del personal no docente, el resultado final de proceso. El margen que este sistema permite a la distorsi¨®n de las elecciones universitarias por intereses corporativos, demagogia e intervencionismo solapado de otras fuerzas, como partidos pol¨ªticos, sindicatos, etc¨¦tera, es casi infinito. La consecuencia es, en todo caso, un equipo de gobierno que debe satisfacer las expectativas de quienes le votaron. Eso s¨ª, manejando no el dinero de los propios electores, sino aquel que le proporicona un fondo mucho m¨¢s impersonal e ilimitado, como es el de los presupuestos del Estado. Es dif¨ªcil para un cargo electo resistirse a las demandas de quienes le colocaron y mantienen en el puesto, sobre todo si, votantes y votados, saben que no hay que dar inc¨®modas explicaciones a nadie, aparte de a ellos mismos. Cualquier acci¨®n que perpet¨²e la impunidad con la que las universidades puedan gastar el dinero de todos en el momento presente, no har¨¢ sino agravar las deficiencias de un modelo de gesti¨®n y direcci¨®n, que ha sido descartado hace tiempo en la gran mayor¨ªa de pa¨ªses con mayor experiencia democr¨¢tica que el nuestro. Las leg¨ªtimas aspiraciones de mejor financiaci¨®n de las universidades, deben ir acompa?adas de un an¨¢lisis cr¨ªtico, por la sociedad y la propia universidad, del funcionamiento y el cumplimiento de los fines de ¨¦sta. Ser¨ªa bueno que los partidos pol¨ªticos retomaran abiertamente el debate de c¨®mo y qui¨¦n debe gobernar la universidad, en lugar de forcejear subrepticiamente por controlarla, cada vez que ¨¦sta elige a sus cargos acad¨¦micos. Y que los universitarios nos plantearemos en qu¨¦ medida la universidad p¨²blica est¨¢ cumpliendo sus objetivos y hasta d¨®nde llega nuestra responsabilidad personal en las deficiencias que ¨¦sta sigue padeciendo, tres lustros despu¨¦s de promulgarse una ley, que se ha mostrado insuficiente para mejorar la calidad de la docencia y la investigaci¨®n en Espa?a.

Carlos Belmonte es director del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hern¨¢ndez.