Coacci¨®n incesante

ONCE A?OS despu¨¦s de la aprobaci¨®n del Pacto de Ajuria Enea existe una tregua de ETA que lleva cuatro meses en vigor, pero no ha cesado la coacci¨®n por parte de los terroristas. La amenaza se concentra sobre los afiliados a partidos no nacionalistas y las fuerzas de seguridad del Estado. Pero la coacci¨®n afecta tambi¨¦n a los propios partidos nacionalistas: se les ha dicho claramente que la continuidad de la tregua depende de que respalden los planteamientos de Lizarra tal como los interpreta HB. Es decir, incluyendo el rechazo de cualquier acuerdo con los partidos descalificados como espa?olistas y su apoyo al programa soberanista que ellos tratan de impulsar desde la Asamblea de Municipios: un proyecto destinado a deslegitimar las instituciones auton¨®micas.El Pacto de Ajuria Enea fue un intento de fijar unos principios compartidos por todas las fuerzas democr¨¢ticas para hacer frente al intento de imposici¨®n de ETA. Tras la tregua se argument¨® desde el nacionalismo que no ten¨ªa sentido mantener ese pacto una vez que hab¨ªa desaparecido la violencia y el nuevo lehendakari anunci¨® su intenci¨®n de convocar a todos los partidos en un nuevo foro en el que fuera admitida la coalici¨®n Euskal Herritarrok (EH). Se comprenden las dificultades de Ibarretxe para realizar esa convocatoria cuando el portavoz de EH no s¨®lo no condena, sino que justifica el recurso a actos de intimidaci¨®n y agresi¨®n a miembros de algunos partidos que habr¨ªan de sentarse a la misma mesa. El resultado es que la sima abierta entre las diferentes fuerzas pol¨ªticas se est¨¢ trasladando a la poblaci¨®n sin que exista ninguna instancia unitaria capaz de frenar esa tendencia.

El primer comunicado de ETA sobre la tregua ya hablaba de "persecuci¨®n social" de los "enemigos del proyecto", pero el aviso no mereci¨® atenci¨®n especial de las personas que no se consideran contrarias a la "construcci¨®n nacional de Euskal Herria". Tambi¨¦n inclu¨ªa el comunicado la advertencia de que la tregua no implicaba renunciar a seguir realizando "las tareas habituales de suministro", pero ello tampoco preocup¨® a quienes no se consideraban en peligro de ser extorsionados. Ahora se sabe que algunas personas han recibido la carta del impuesto revolucionario y que a otras les han incendiado el bar o el coche. El PNV y EA han comprendido que el asunto les concierne, y en las ¨²ltimas horas han realizado advertencias severas a EH pidiendo a sus dirigentes que se pronuncien claramente contra la violencia callejera y dem¨¢s.

El problema es que EH se ha pronunciado ya diciendo que esa violencia se explica "por la situaci¨®n de los presos" de ETA y considerando que situar los actos de sabotaje como problema central es una maniobra del PP para "condicionar al PNV en su apuesta por Lizarra". Tal vez Otegi piensa que sigue en vigor el blindaje acordado en su d¨ªa para proteger sus contactos con el PNV frente a cualquier acto violento. Ibarretxe ha declarado que no es posible hablar de "estabilidad del Gobierno" -es decir, de las condiciones del respaldo parlamentario de EH- mientras contin¨²e la violencia callejera. Es una exigencia m¨ªnima, reiterada ayer por Arzalluz, aunque los abrazos de ¨¦ste a los l¨ªderes de HB en la manifestaci¨®n del s¨¢bado constituyen un poderoso contrapeso.

Hasta hace poco, el PNV defend¨ªa el acercamiento de los presos frente al traslado a c¨¢rceles vascas que exige EH. El comunicado le¨ªdo el s¨¢bado por los convocantes de la manifestaci¨®n asum¨ªa esta segunda consigna. La unidad del nacionalismo se est¨¢ construyendo sobre la base de que sean los partidos democr¨¢ticos los que acepten los planteamientos de EH. Est¨¢n en su derecho, pero el resultado es incompatible con cualquier intento de establecer un consenso comparable al que expresaba el Pacto de Ajuria Enea.