El Supremo tomar¨¢ declaraci¨®n a testigos por las deudas ficticias de Guadalajara

Las cuentas de la Diputaci¨®n de Guadalajara se han convertido en un quebradero de cabeza para Francisco Tomey, que adem¨¢s ostenta el cargo de vicepresidente de la Comisi¨®n de Presupuestos del Senado y de la Federaci¨®n de Municipios y Provincias (FEMP). Al presidente de la corporaci¨®n alcarre?a se le acusa tambi¨¦n de un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial por la incorporaci¨®n de deudas ficticias o inexistentes a los presupuestos de la Diputaci¨®n.

Adolfo Prego Oliver, magistrado instructor de la causa que investiga la Sala Segunda del Tribunal Supremo, llamar¨¢ a declarar en los pr¨®ximos d¨ªas a diversos testigos relacionados con este caso, seg¨²n se?alan fuentes judiciales. Hasta el momento, la ¨²nica persona que ha prestado declaraci¨®n ante Prego ha sido el propio Tomey, que defendi¨® su inocencia e insisti¨® en que las cuentas contaron con el visto bueno de los t¨¦cnicos.

El Supremo investiga todas las cuentas corrientes bancarias de la Diputaci¨®n abiertas durante los a?os 1992, 1993 y 1994, as¨ª como la participaci¨®n de la corporaci¨®n en los Tributos del Estado. Asimismo, indaga qui¨¦nes elaboraron el presupuesto.

Tomey hizo figurar como "pendientes de cobro cr¨¦ditos inexistentes o ficticios por importe superior a los 3.500 millones de pesetas" en las liquidaciones de los Presupuestos de la Diputaci¨®n de Guadalajara entre 1991 y 1995, seg¨²n el decreto que dict¨® el pasado mes de febrero Mar¨ªa ?ngeles Garc¨ªa, fiscal jefe de esa provincia. Esas diligencias se elevaron a Jes¨²s Cardenal, fiscal general del Estado, que las traslad¨® al Tribunal Supremo, ya que Tomey es aforado.

Junto a Tomey fue imputado por el mismo delito Jos¨¦ Villalgoro, interventor de la Diputaci¨®n, que falleci¨® meses despu¨¦s v¨ªctima de una enfermedad. Recientemente, Rosario Iglesias, la nueva interventora, dio de baja 2.904 millones de pesetas de supuestas deudas pendientes de cobro porque no cumpl¨ªan los requisitos exigidos por la Intervenci¨®n General del Estado. Al analizar los libros contables detect¨® "errores en los criterios seguidos para el reconocimiento de ingresos y gastos".

El caso Tomey tiene su origen en una denuncia presentada en junio de 1997 por Jes¨²s Alique, diputado y portavoz socialista en Guadalajara.