" La juez del "caso de las tragaperras" imputa a dos funcionarios de Juego

El caso de las tragaperras, la presunta trama para la financiaci¨®n del PNV mediante la venta de licencias de m¨¢quinas de juego, quedar¨¢ reducido en el mejor de los supuestos a un delito administrativo por parte de dos funcionarios de la Direcci¨®n de Juego del Gobierno vasco. La juez de Bilbao que investiga el caso ha dictado un auto por el que se contin¨²an las diligencias por un presunto delito de "infidelidad en la custodia de documentos", al constatarse la "falta de la completa documentaci¨®n reglamentariamente exigible" a las empresas explotadoras de m¨¢quinas, informa Vasco Press. En el auto, que convierte las diligencias previas en procedimiento abreviado, aparece imputado Josu Abrisqueta Liceranzu, t¨¦cnico letrado de juego, al no constar que "existiera ning¨²n t¨¦cnico con mayor responsabilidad y encontr¨¢ndose entre sus funciones la tramitaci¨®n, estudio y proposici¨®n de otorgamiento de autorizaciones administrativas relativas a los permisos de explotaci¨®n, deduci¨¦ndose indiciariamente una funci¨®n de custodia documental". Tambi¨¦n aparece como imputado Alfredo Pe?a Berraondo, quien "pod¨ªa realizar en el periodo objeto de autos funciones de subdirector general dentro de la Direcci¨®n de Juego y Espect¨¢culos del Gobierno Vasco (...) aunque dicho cargo formalmente no exist¨ªa en el organigrama, extendi¨¦ndose a ¨¦l la obligaci¨®n de fidelidad en custodia documental de los expedientes de las empresas operadoras que inicialmente afectaba a Abrisqueta Liceranzu". El director de Juego y principal implicado en el caso, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Portuondo, falleci¨® hace m¨¢s de dosa?os. El auto de la juez titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Bilbao se produce despu¨¦s de que la Audiencia de Bilbao haya revocado tres resoluciones de dicho juzgado que sobrese¨ªan provisionalmente las diligencias previas y concede un plazo de cinco d¨ªas a las acusaciones particulares personadas para que soliciten la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa", o la pr¨¢ctica de diligencias complementarias. El caso de las tragaperras se reabri¨® en 1990 con una denuncia presentada por 157 personas que decidieron ejercer la acci¨®n popular. La extensa investigaci¨®n realizada ha dejado evidencias de que entre 1984 y 1989 se produjo un "mercado negro" que lleg¨® a mover unos 5.000 millones de pesetas por la venta de licencias de explotaci¨®n de m¨¢quinas tragaperras que oficialmente hab¨ªan sido destruidas.