La falacia de la secesi¨®n

El nuevo clima pol¨ªtico creado en Euskadi tras el desistimiento de ETA se ha traducido en el cambio de su sistema de gobierno, pasando del anterior tripartito pluralista a un nuevo modelo monocolor. Y este giro, interpretado a la luz del cl¨¢sico an¨¢lisis de Arend Lijphart como ha hecho Javier Pradera, supone pasar de la democracia consociativa o por consenso (capaz de representar bases sociales complejas y divididas como las vascas) a la democracia mayoritaria o de Westminster (s¨®lo v¨¢lida para gobernar sociedades culturalmente homog¨¦neas), fundada en la voluntad excluyente de un sector social, moment¨¢neamente mayoritario. Y los efectos de semejante realineaci¨®n no se han hecho esperar. Tras un cese propagand¨ªstico de actividades durante la campa?a electoral y las posteriores negociaciones para formar gobierno, desde que Ibarretxe anunci¨® su renuncia al tripartito HB ha reanudado su acoso social contra los sectores no nacionalistas. Pero lo malo no son los sabotajes, pues mucho peor resulta que el PNV parezca decidido a convertirse en simple compa?ero de viaje de HB y EH.?Hay que tomarlo en serio y alarmarse ante lo que est¨¢ por venir, cuando el bloque nacionalista convoque su anunciada Asamblea Nacional? ?O es todo puro teatro pol¨ªtico, del mismo tipo alambicado y jesu¨ªtico al que nos tiene acostumbrados el PNV? Esa segunda alternativa es la que parecer¨ªan indicar las frecuentes falacias que profieren los nacionalistas tom¨¢ndolas por verdades como pu?os, pues no se puede pensar que son sinceros y se creen lo que dicen cuando sostienen en p¨²blico absurdos tales como el de aquel portavoz de Gestoras pro Amnist¨ªa que abog¨® por "la presi¨®n social contra los violentos, contra el Gobierno del PP, contra sus concejales, contra todos los cargos pol¨ªticos que son responsables de que no se respeten los derechos de los presos" (EL PA?S, p¨¢gina 17, 16 de diciembre de 1998). Y calificar de violentas a las v¨ªctimas para reclamar los derechos de sus verdugos no es m¨¢s que otra de sus falacias, habituados como est¨¢n a falsificar la realidad.

Es lo mismo que tambi¨¦n hacen sus dem¨¢s compa?eros de viaje madrile?os, proclives a pacificar el terrorismo cediendo fr¨ªvolamente a todos sus designios. As¨ª, un notorio abogado de los presuntos derechos hist¨®ricos ha podido sostener que "cuando hace m¨¢s de un a?o se opt¨® por aislar a Herri Batasuna, se?al¨¦ con esc¨¢ndalo de muchos que, a m¨¢s de imposible, la medida era err¨®nea y provocar¨ªa un frente abertzale: a las pruebas me remito" (EL PA?S, p¨¢gina 20, 12 de diciembre de 1998). La falacia es tan descomunal como la petulancia de su autor, pues parece de todo punto evidente que el desistimiento terrorista se debi¨®, precisamente, al esp¨ªritu de Ermua: aquella masiva movilizaci¨®n social en demanda del aislamiento de los violentos que abri¨® los ojos del nacionalismo vasco movi¨¦ndole a convencer a ETA para que dejase de matar, so pena de perder su menguante apoyo popular. Por eso, el que ahora los adversarios de aquel aislamiento pretendan hacernos pasar gato por liebre s¨®lo demuestra su propia ligereza, que intenta justificar a toro pasado el fr¨ªvolo sost¨¦n prestado a una causa criminal.

En todo caso, se advertir¨¢ que la estructura l¨®gica de todas estas falacias es id¨¦ntica, pues siempre se trata de reconstruir interesadamente los hechos d¨¢ndole la vuelta a la realidad, reconvirtiendo sem¨¢nticamente los fracasos y las derrotas en ¨¦xitos y en victorias. Semejante desfiguraci¨®n ha sido calificada de falta de realismo por observadores como Ramoneda, pero no parece tratarse de ceguera inconsciente, sino de toda una estrategia ret¨®rica, que busca crear un clima de opini¨®n imponiendo su propia definici¨®n unilateral de la realidad. ?Con qu¨¦ objeto?: el de justificar lo injustificable, como es el asesinato travestido de derecho a matar. No hay, pues, tal falta de realismo, sino, por el contrario, una pantalla distractiva de premeditado camuflaje, destinada a dignificar la frivolidad nacionalista que pretende encubrir la comisi¨®n de 800 asesinatos gratuitos bajo el manto aparentemente legitimador de un presunto pero falaz derecho a la impunidad.

Antes era la evidencia f¨¢ctica del crimen pol¨ªtico la que le confer¨ªa apariencia de verosimilitud al mensaje nacionalista: matamos por ella, ergo nuestra fe nacional es la ¨²nica verdadera. Pero como ahora se ha demostrado que el nacionalismo tiene m¨¢s que ganar por medios pac¨ªficos, hay que dignificar ex post el sangriento pasado criminal, dotando de sentido veros¨ªmil a la monstruosa frivolidad que supone haber matado por nada y sin objeto alguno. De ah¨ª la invenci¨®n del derecho a la secesi¨®n: la nueva falacia destinada a vestir la desnudez del emperador, encubriendo la falta radical de sentido de la violencia nacionalista. Y el silogismo actual reza: tenemos un derecho natural a la secesi¨®n unilateral; ese derecho se nos niega; ergo nuestros homicidios estaban justificados. Ahora bien, para poder justificar lo injustificable, hace falta vincularlo al cumplimiento de algo imposible, como es la secesi¨®n unilateral: s¨®lo as¨ª la pasi¨®n nacional seguir¨¢ pareciendo irredenta, mientras la imposibilidad oculte su car¨¢cter de pasi¨®n in¨²til.

El presunto derecho a la secesi¨®n es una falacia porque se plantea en t¨¦rminos unilaterales (seg¨²n el eufemismo del "¨¢mbito vasco de decisi¨®n"), lo que implica una contradicci¨®n, ya que ignora los derechos rec¨ªprocos de la otra parte afectada en la relaci¨®n que se pretende escindir. Es verdad que, planteado como emancipaci¨®n o autodeterminaci¨®n, parece un derecho leg¨ªtimo. Pero s¨®lo se nemancipan o autodeterminan los hijos o los siervos colonizados, al asumir su plenitud de derechos con la manumisi¨®n o la mayor¨ªa de edad. ?Es el Pa¨ªs Vasco un siervo, una colonia o un hijo de la madre patria Espa?a?: la met¨¢fora no parece veros¨ªmil, y ya sabemos por Mary Douglas que la legitimidad de las instituciones depende de las met¨¢foras con que se revisten para adquirir carta de naturaleza. Pues bien, la ¨²nica met¨¢fora aplicable para legitimar el derecho a la secesi¨®n de Euskadi es, como ha expresado Francisco Laporta, la del divorcio. Efectivamente, el v¨ªnculo pol¨ªtico es tan disoluble como el v¨ªnculo conyugal (no as¨ª el v¨ªnculo paterno-filial, que es indisoluble): pero, al igual que aqu¨¦l, s¨®lo es disoluble por la libre voluntad y el mutuo acuerdo de las dos partes.

Cuando una pareja se divorcia, hay que negociar el reparto del patrimonio com¨²n heredado, la distribuci¨®n de los bienes gananciales y sobre todo la manutenci¨®n, guardia y custodia de los hijos habidos, decidiendo c¨®mo se asume a partir de entonces el compromiso moral con su educaci¨®n. Lo cual exige adem¨¢s compensar econ¨®micamente al c¨®nyuge que resulte peor parado, sobre todo si debe asumir el grueso del coste de las cargas familiares. De ah¨ª que, cuando no se produce el mutuo acuerdo espont¨¢neo sobre este precio del divorcio, haya que recurrir al arbitraje de la autoridad judicial, encargada de poner paz y orden protegiendo los derechos de los m¨¢s d¨¦biles. Pues bien, salvadas las distancias, algo an¨¢logo es lo que deber¨ªa hacerse para poder plantear la secesi¨®n de Euskadi: su divorcio del Estado espa?ol exigir¨ªa un pacto por mutuo acuerdo que incluyese pagar un precio a la parte afectada por la separaci¨®n, compensando los derechos lesionados del resto de Espa?a. De no ser as¨ª, la secesi¨®n unilateral no equivaldr¨ªa a un divorcio sino al puro y simple abandono del hogar, dejando a su suerte a los miembros m¨¢s d¨¦biles de la familia.

Y como la renta media de los vascos es muy superior al promedio estatal, este pacto supondr¨ªa establecer un canon anual (equivalente a la pensi¨®n de mantenimiento y alimentaci¨®n que se pacta en los casos de divorcio) cuya cuant¨ªa habr¨ªa de ser muy superior al montante actual del vigente Concierto Econ¨®mico, dada la necesidad adicional de sufragar lo que Miguel ?ngel Aguilar ha llamado "el coste de la No Espa?a": entendiendo por ello el lucro cesante que sufrir¨ªan los ciudadanos espa?oles al reducirse tan dr¨¢sticamente la escala del tama?o estatal. La independencia no es gratuita y quien la obtenga deber¨¢ sufragar su precio, indemnizando por adelantado a los perjudicados: ?se est¨¢ dispuesto a calcular y a pagar este precio de la secesi¨®n? Pues una cosa s¨ª est¨¢ clara: como ha dictaminado el Tribunal Supremo de Canad¨¢ sobre el caso de Quebec, el derecho sobrevenido a la autodeterminaci¨®n no puede satisfacerse a costa de despreciar y lesionar los leg¨ªtimos derechos adquiridos del resgo de ciudadanos afectados.