Los recursos de la industria cinematogr¨¢fica sostienen que la cuota de catal¨¢n vulnera la normativa europea

Los otros dos recursos de la industria al decreto de catalanizaci¨®n del cine han sido cursados por el bufete madrile?o de Eduardo Garc¨ªa de Enterr¨ªa -que representa a Fedicine y a la Federaci¨®n de Exhibidores-. Este abogado fundamenta el rechazo de sus clientes al decreto con argumentos similares a los desarrollados por el bufete Cuatrecases en su recurso, pero a?ade otros. Considera, por ejemplo, Garc¨ªa de Enterr¨ªa que la norma vulnera el derecho comunitario (Tratado de la Uni¨®n Europea) y la Constituci¨®n. Infringe el primero porque, dice el recurso, el decreto es discriminatorio con los filmes de los estados miembros de la Uni¨®n Europea. Seg¨²n el decreto, las pel¨ªculas en espa?ol no tienen que ser dobladas o subtituladas ni cuentan como extranjeras en el c¨®mputo de las cuotas de exhibici¨®n, y por lo tanto tampoco tienen esta consideraci¨®n las hispanoamericanas. En cambio, s¨ª la tienen las europeas. "La discriminaci¨®n para los productores y distribuidores de obras de los dem¨¢s pa¨ªses comunitarios en relaci¨®n con las espa?olas no puede ser m¨¢s clara", dice el texto del recurso, que expone jurisprudencia espa?ola y comunitaria para apoyar la argumentaci¨®n. El decreto vulnera asimismo la Constituci¨®n, seg¨²n Garc¨ªa de Enterr¨ªa, y no recoge las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica en lo que respecta a la libertad de las personas y de las empresas. Defensor del Pueblo El recurso recuerda que el Defensor del Pueblo "formul¨® un conjunto de sugerencias de modificaciones legislativas y recomendaciones para la adopci¨®n de nuevas medidas en relaci¨®n con el desarrollo de determinados preceptos" de la ley del catal¨¢n, recomendaciones que, a juicio del abogado, no han sido recogidas por el decreto. Un ejemplo: el Defensor del Pueblo recordaba que en los reglamentos "pueden establecerse medidas de fomento y protecci¨®n, pero no imposiciones concretas". Uno de los art¨ªculos de la Constituci¨®n que, de acuerdo con el recurso, viola el decreto es el n¨²mero 20, es decir, el que reconoce la libertad de expresi¨®n. "En el marco general de libertad que ha de presidir la vida del ciudadano, ¨¦ste encuentra reconocido su derecho al libre uso de la lengua de su preferencia en la libertad de expresi¨®n que la Constituci¨®n proclama y garantiza", escribi¨® el Defensor del Pueblo sobre la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica. Otro art¨ªculo de la Constituci¨®n que el recurso considera vulnerado es el n¨²mero 38, que reconoce la libertad de empresa. "Como fundador o como principal responsable de su empresa, debe tener la capacidad de perfilar cu¨¢l va a ser su oferta, la forma en que desea exponerla, la determinaci¨®n de a qu¨¦ p¨²blico quiere llegar, y la lengua que desea utilizar para todo ello", afirmaba el Defensor del Pueblo. De ah¨ª que Garc¨ªa de Enterr¨ªa juzgue inconstitucional el decreto del cine, porque "no puede imponerse a empresas privadas, los distribuidores y exhibidores de obras cinematogr¨¢ficas, la obligaci¨®n de distribuir y exhibir esas obras en catal¨¢n. Como dice el Defensor del Pueblo, la decisi¨®n de en qu¨¦ idioma ofrece sus productos (versi¨®n original, castellano, catal¨¢n, etc¨¦tera), de a qu¨¦ p¨²blico se dirige, forma parte del n¨²cleo primario de la libertad del empresario".En fin, el recurso asegura que, de aplicarse el decreto, ¨¦ste ocasionar¨ªa "perjuicios totalmente irreversibles" al sector. "El quebranto econ¨®mico no puede ser m¨¢s patente, y resultar¨¢ insostenible, m¨¢s cuando no se tiene seguridad de ¨¦xito".