La Comisi¨®n Europea da marcha atr¨¢s en el golpe de mano contra la legalidad de la UE

La Comisi¨®n Europea dio ayer marcha atr¨¢s en el golpe de mano del Parlamento -con el apoyo inicial del presidente del Ejecutivo, Jacques Santer- contra la legalidad comunitaria, al suspender un art¨ªculo del Tratado careciendo de competencias para ello. En una carta "interpretativa" de Santer, promovida por el comisario de Asuntos Institucionales, Marcelino Oreja, se ofrece una salida que permita combinar la cooperaci¨®n de los funcionarios con el Comit¨¦ de Sabios antifraude y el respeto de la legalidad. El grupo parlamentario Verde exigi¨® explicaciones sobre el alcance de la carta.

Alguien dio al fin la cara. Oreja cogi¨® el toro del desaguisado legal por los cuernos de la explicaci¨®n p¨²blica, al declarar: "La suspensi¨®n o modificaci¨®n del Tratado no la pueden hacer ni la Comisi¨®n ni el Parlamento Europeo, s¨®lo puede hacerse en una nueva Conferencia Intergubernamental". As¨ª, certificaba la falta de base legal del mandato que el Parlamento dio el mi¨¦rcoles al Comit¨¦ de Sabios, en el que suspend¨ªa el art¨ªculo 214 del Tratado, que obliga a los funcionarios a mantener la confidencialidad. Pero, al mismo tiempo, trat¨® de ofrecer -diplom¨¢tico- una escapatoria a su presidente y al del Parlamento, Jos¨¦ Mar¨ªa Gil-Robles, afirmando que no cre¨ªa que el texto del mandato fuese "estrictamente ilegal"; lament¨® que su redacci¨®n hubiera sido "r¨¢pida"; sostuvo que hubiese sido mejor "una redacci¨®n hecha de otra forma"; y postul¨® que hab¨ªa que interpretar el texto "a la luz de la voluntad del legislador, que no puede ser la de suspender un art¨ªculo del Tratado".El comisario apunt¨® una posible soluci¨®n: centrarse no en el art¨ªculo del Tratado, sino en los del Estatuto de los Funcionarios que les exigen confidencialidad, de forma que la Comisi¨®n "autorizar¨¢ a los funcionarios a no mantener la reserva" que les impone el Estatuto y puedan as¨ª cooperar plenamente con los trabajos del Comit¨¦ de Sabios.

Tras la explicaci¨®n p¨²blica, el trabajo pr¨¢ctico de bambalinas. Oreja convenci¨® a Santer, tras consultar al Servicio Jur¨ªdico, de los fallos del mandato, proponiendo su enmienda mediante una carta a Gil-Robles conteniendo "aclaraciones". Dicho y hecho. En la misiva, Santer hace indirecta referencia a su disgusto porque el mandato que le presentaron el mi¨¦rcoles Gil-Robles y los jefes de los grupos parlamentarios hubiese cambiado radicalmente respecto del que ¨¦l conoc¨ªa antes, al aludir a "la ¨²ltima versi¨®n del mismo, de la que tuve conocimiento en la conferencia de presidentes". Y sorteando la discusi¨®n de fondo de la suspensi¨®n del art¨ªculo 214 del Tratado, ofrece una posible salida pr¨¢ctica: "Es evidente que en lo que respecta a la menci¨®n en el mandato a las disposiciones del Tratado y del Estatuto, corresponde a la Comisi¨®n, seg¨²n el art¨ªculo 17 del Estatuto, autorizar a su personal a cooperar con el Comit¨¦; evidentemente, la Comisi¨®n va a hacerlo".

La carta era anoche objeto de una profunda discusi¨®n entre comisarios. Algunos, como la italiana Emma Bonino, propon¨ªan endurecerla y dejar claro que la Comisi¨®n discrepa frontalmente del mandato al comit¨¦, y que el Parlamento deber¨ªa rectificarlo. Fuentes de la presidencia del Parlamento -que consideraron "exagerada" y "rid¨ªcula" la informaci¨®n sobre este asunto aparecida ayer en este peri¨®dico- aseguraron que por el momento no tienen intenci¨®n de hacerlo.

La l¨ªder del grupo parlamentario Verde, Magda Alvoed, reaccion¨® vivamente a las declaraciones de Oreja. "La decisi¨®n de dejar sin aplicaci¨®n, lo que equivale a suspender, el art¨ªculo 214 del Tratado fue uno de los puntos esenciales del acuerdo alcanzado en la reuni¨®n del mi¨¦rcoles de los presidentes de grupo, y Santer estuvo de acuerdo; si ahora la Comisi¨®n cambia o est¨¢ espectacularmente dividida, deber¨¢ explicarlo", coment¨® a este peri¨®dico.

Otro punto de pol¨¦mica radica en las fronteras del Comit¨¦ con los asuntos penales. Para Oreja est¨¢ claro que carece de "configuraci¨®n penal, porque no hay base jur¨ªdica para crear una instituci¨®n nueva". Pero Alvoed record¨® que su grupo y otros desean que los sabios investiguen tambi¨¦n, aunque sea "bajo condiciones estrictas", los expedientes sometidos a los tribunales por indicios de fraude, o que han derivado en procesamientos de alg¨²n funcionario. La cosa, pues, no est¨¢ tan clara como pretenden los medios oficiales de la c¨¢mara.