Investigados en Espa?a 10 casos de mutilaci¨®n genital a ni?as africanas
Una juez de Girona exigi¨® que se volviera a intervenir a una menor infibulada
Francia vive estos d¨ªas su primer macroproceso contra la ablaci¨®n. Veintiocho personas est¨¢n acusadas de permitir o, en el caso de la curandera, de practicar a 48 ni?as la extirpaci¨®n parcial o total de sus genitales. Arraigada fundamentalmente en amplias regiones de ?frica, esta costumbre milenaria ha comenzado a extenderse a los pa¨ªses occidentales a medida que ¨¦stos han ido acogiendo a comunidades de inmigrantes que la llevan practicando desde generaciones. En Espa?a, los casos investigados en los ¨²ltimos a?os no llegan a la decena. Pero son s¨®lo los conocidos.
"Conozco mujeres cuyas hijas han sido mutiladas aqu¨ª, aunque otras han sido llevadas a sus pa¨ªses. Se hace. Yo he hablado con ellas. Y seguramente hay gente aqu¨ª que sabe hacerlo". La portavoz de la Asociaci¨®n SOS ?frica, con sede en Barcelona, no quiere que aparezca su nombre. Algo que demuestra el secretismo que sigue rodeando el rito de la mutilaci¨®n genital femenina, especialmente si se pr¨¢ctica de forma clandestina en pa¨ªses donde est¨¢ penado, como es el caso de Espa?a, donde constituye un delito de lesiones castigado con penas de seis a doce a?os de prisi¨®n.
El C¨®digo Penal rebaja la pena en uno o dos grados "si ha mediado el consentimiento v¨¢lido, libre, espont¨¢nea y expresamente emitido del ofendido", pero no considera v¨¢lido el consentimiento otorgado por un menor de edad.
En Catalu?a no han vuelto a registrarse denuncias de esta pr¨¢ctica desde que en 1993 juzgados de Girona abrieron investigaciones en relaci¨®n con la infibulaci¨®n de tres ni?as gambianas, descubierta por el personal m¨¦dico del hospital Josep Trueta. La polic¨ªa no pudo localizar a la mujer que hab¨ªa practicado la operaci¨®n y que hab¨ªa regresado a Gambia. Pero la titular del Juzgado n¨²mero 4 de Girona oblig¨® a los padres de una de las menores a volver a intervenirla quir¨²rgicamente para evitar complicaciones, ya que a la ni?a s¨®lo le hab¨ªan dejado un peque?o orificio para poder orinar. Poco despu¨¦s se investigaron otros dos casos en Girona y Matar¨®. En este ¨²ltimo, el juez no actu¨® contra los padres de la peque?a por considerar que era una costumbre ancestral y que ¨¦sta se llevo a la pr¨¢ctica debido a su desinformaci¨®n.
Un caso m¨¢s reciente tuvo lugar el verano pasado en Palma de Mallorca. El Grupo de Menores de la Polic¨ªa investig¨® la posible escisi¨®n (corte del cl¨ªtoris) de una ni?a de tres a?os de edad. Las diligencias se abrieron a instancias de la fiscal¨ªa, tras la denuncia de un particular que ten¨ªa relaci¨®n con la peque?a. A partir de entonces, las pesquisas se centraron en determinar, entre otras pruebas mediante un informe forense, la antig¨¹edad de las lesiones. Con ello se pretend¨ªa establecer si la operaci¨®n tuvo lugar en la ciudad espa?ola, al contrario de lo que sosten¨ªan los padres, que aseguraban que se realiz¨® en su pa¨ªs de origen.
La investigaci¨®n sigue en marcha, pero, seg¨²n afirma el teniente fiscal Ladislao Roig, tienen pr¨¢cticamente descartado que se hiciera aqu¨ª. "Creemos que tuvo lugar en su pa¨ªs, durante un viaje de la madre y la ni?a, y en contra de la voluntad del padre, que se qued¨® en Espa?a". Si bien los padres no pudieron acreditar al principio de la investigaci¨®n que hicieron dicho viaje, posteriormente han aportado un certificado de un m¨¦dico del pa¨ªs de origen que asegura haber llevado a cabo personalmente la ablaci¨®n.
"En estos momentos", precisa Roig, "se intenta comprobar por v¨ªa consular la validez de ese certificado". Si se confirma este extremo, la fiscal¨ªa pedir¨¢ el archivo de las diligencias por falta de competencia, al haberse producido la intervenci¨®n fuera del territorio espa?ol. Al margen de este caso, a?ade el fiscal Roig, "no se ha detectado ning¨²n otro en la comunidad inmigrante de Baleares ni hay sospechas de que haya ninguna persona aqu¨ª que pueda estar practicando estas operaciones".
Si la pr¨¢ctica de la ablaci¨®n no ha llegado en Espa?a a las proporciones alarmantes que ha alcanzado en Francia -aunque no hay estad¨ªsticas oficiales, la Comisi¨®n para la Abolici¨®n de las Mutilaciones Sexuales estima que han debido de realizarse miles de operaciones-, ello se debe a que la inmigraci¨®n que reciben ambos pa¨ªses es muy diferente cualitativa y cuantitativamente. Seg¨²n datos de la Oficina de Migraciones, de los 142.816 residentes de pa¨ªses africanos en Espa?a, 111.000 proceden de Marruecos, en donde no se mutila a las ni?as.
Los residentes originarios de pa¨ªses donde se practica la mutilaci¨®n genital no superan los 20.000. S¨®lo Gambia y Senegal despuntan con m¨¢s de 5.000 inmigrantes, adultos incluidos, repartidos por el territorio espa?ol. Una situaci¨®n muy diferente a la del pa¨ªs vecino, donde s¨®lo en la regi¨®n de Par¨ªs 4.500 ni?as de origen africano corren el riesgo de padecer la extirpaci¨®n de sus genitales, seg¨²n la Asociaci¨®n Mujeres Solidarias.
Con motivo de los casos ocurridos en Catalu?a, el Parlamento regional aprob¨® por unanimidad en el a?o 1993 una proposici¨®n no de ley en contra de la mutilaci¨®n genital que instaba a la Generalitat a comunicar al Gobierno central los casos descubiertos con vistas a adoptar las medidas legales pertinentes. Asimismo ped¨ªa al Ejecutivo catal¨¢n que proporcionase m¨¢s informaci¨®n entre las comunidades de inmigrantes para evitar la proliferaci¨®n de esta pr¨¢ctica.
Otras iniciativas parlamentarias se han sucedido en los ¨¢mbitos nacional y europeo. El pasado mes de noviembre, la Comisi¨®n Mixta de los Derechos de la Mujer aprob¨® una proposici¨®n no de ley relativa a la ablaci¨®n. Adem¨¢s de solicitar al Gobierno que contin¨²e apoyando, a trav¨¦s de foros como la ONU, Unicef o la Organizaci¨®n Mundial de la Salud, campa?as de informaci¨®n en materia sanitaria y programas socioecon¨®micos en los pa¨ªses en que la mutilaci¨®n genital femenina perdura, el texto instaba al Ejecutivo a "desarrollar, en colaboraci¨®n con las comunidades aut¨®nomas, pol¨ªticas de informaci¨®n y formaci¨®n dirigidas a las comunidades de emigrantes". Tambi¨¦n a realizar un seguimiento exhaustivo de estas pr¨¢cticas en nuestro pa¨ªs. Por su parte, el Parlamento Europeo, en una resoluci¨®n de 1997, inst¨® a todos los Gobiernos de la Uni¨®n Europea a emprender acciones legales contra las personas que practiquen la mutilaci¨®n de forma clandestina en los pa¨ªses miembros y a fortalecer la legislaci¨®n referente a la ablaci¨®n.
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