El juez mantiene al Estado como posible responsable civil en el caso de los asesinatos de mujeres de Castell¨®n

El titular del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8 de Castell¨®n, Jos¨¦ Luis Albinyana, ha desestimado el recurso presentado por el abogado del Estado contra la solicitud del fiscal de que el Estado sea declarado como responsable civil subsidiario de los asesinatos de cinco mujeres entre 1995 y 1996, supuestamente cometidos por Joaqu¨ªn Ferr¨¢ndiz Ventura, de 35 a?os, cuando ¨¦ste disfrutaba de libertad condicional. El abogado del Estado ya ha anunciado que presentar¨¢ un recurso de apelaci¨®n ante la Audiencia. El fiscal sostiene que la administraci¨®n penitenciaria no ejerci¨® la debida vigilancia sobre el presunto autor de los cr¨ªmenes, quien se encontraba en libertad condicional tras cumplir condena por agresi¨®n sexual. Ferr¨¢ndiz fue finalmente detenido el a?o pasado. Adem¨¢s, pide que sea el Estado el que haga frente a las indemnizaciones para las familias de las fallecidas. Existe un precedente por el que el Estado pag¨® 20 millones de pesetas por un asesinato cometido por un recluso en libertad condicional, aunque en este caso, la reclamaci¨®n se efectu¨® en la v¨ªa contencioso administrativa. Por su parte, el abogado del Estado aleg¨® que no cab¨ªa esta petici¨®n en la v¨ªa penal, puesto que el supuesto autor ni era empleado p¨²blico ni cometi¨® los hechos en un edificio del Estado. Seg¨²n su argumentaci¨®n, ¨¦stos son los dos ¨²nicos casos en los que la administraci¨®n ha de presentarse a un juicio penal. El juez, en el escrito de desestimaci¨®n del recurso, afirma que la tesis del Estado no guarda "sinton¨ªa" con las actuales corrientes legislativas comunitarias y espa?olas y hace menci¨®n a las leyes referidas a las oficinas de ayuda a v¨ªctimas del delito. Albinyana a?ade que la falta de vigilancia propici¨® la "creaci¨®n del riesgo". Control al sospechoso La resoluci¨®n tambi¨¦n alaba a la fiscal¨ªa, que tiene "un protagonismo decisivo por su constante celo en mantener en tensi¨®n la investigaci¨®n". El juez considera que el procesado, en el momento en que cometi¨® supuestamente los cr¨ªmenes, estaba vinculado jur¨ªdicamente a la administraci¨®n penitenciaria y que ello "genera un deber de vigilancia sobre las consecuencias de la libertad condicional". Albinyana se?ala que existen razones para vincular al Estado al proceso y apunta que "ser¨¢ la sentencia la que determine la responsabilidad civil". Con ello ha querido indicar que la petici¨®n del fiscal s¨®lo se refiere a la comparecencia del Estado en el juicio, tras el que se fijar¨¢ su posible responsabilidad civil en el caso. El juez aprovecha la resoluci¨®n para realizar varias cr¨ªticas. As¨ª, mantiene que "a este sumario le pesan actuaciones tan deficientes" como las registradas en los informes de asistencia social de Castell¨®n sobre la "buena evoluci¨®n del procesado, cuando ya hab¨ªa asesinado a cinco mujeres". El juez se refiere a los informes que se emit¨ªan como consecuencia del control al que estaba sometido Ferr¨¢ndiz durante su libertad condicional. ?sta se limitaba a su comparecencia mensual, en la que era preguntado por su continuidad en el trabajo y en el domicilio familiar. Albinyana tambi¨¦n critica la actuaci¨®n policial en el caso de una de las denuncias de agresi¨®n. La comisar¨ªa se limit¨® a preguntar por el sospechoso en su domicilio y al recibir como contestaci¨®n que estaba durmiendo, dej¨® el recado de que se presentara. Ferr¨¢ndiz acudi¨® a la comisar¨ªa, declar¨® y regres¨® a su casa.