Cuba aprueba una nueva legislaci¨®n para castigar duramente la disidencia y la cr¨ªtica period¨ªstica

La llamada Ley de Protecci¨®n de la Independencia Nacional y la Econom¨ªa de Cuba, que discute desde el lunes el Parlamento cubano, ser¨¢ un duro rev¨¦s para la disidencia, los periodistas independientes y las organizaciones de derechos humanos que existen en la isla. A partir de la inminente aprobaci¨®n y entrada en vigor de esta ley, toda aquella persona que "colabore" de una u otra forma con el Gobierno de Estados Unidos o "apoye y facilite" la aplicaci¨®n de su bloqueo hacia la isla puede ser condenado a muy duras penas de c¨¢rcel.

Colaborar, apoyar y facilitar son en esta legislaci¨®n conceptos amplios. Por ejemplo, la pena para el que "suministre, directamente o mediante tercero, al Gobierno de EEUU, sus agencias, representantes o funcionarios, informaci¨®n que pueda ser utilizada o que se utilice en la aplicaci¨®n de la Ley Helms-Burton, el bloqueo, la guerra econ¨®mica contra Cuba, la subversi¨®n y otras medidas similares" es de siete a quince a?os de c¨¢rcel. La sanci¨®n puede llegar a los 20 a?os si el que suministra la informaci¨®n lo hace con "¨¢nimo de lucro personal o mediante d¨¢diva, remuneraci¨®n, recompensa o promesa de cualquier beneficio", y hasta 30 a?os si el acusado posee un cargo p¨²blico que le permita acceder a los datos.La ley sanciona tanto los delitos consumados como la tentativa y los actos preparatorios. Considera suficiente el hecho de "buscar u obtener informaci¨®n", aunque no llegue a ser empleada por EEUU para da?ar la econom¨ªa cubana. El que as¨ª act¨²e recibir¨¢ una condena de tres a quince a?os de c¨¢rcel. Tambi¨¦n ser¨¢ delito "poseer, reproducir o difundir" cualquier "material de car¨¢cter subversivo" cuyo objetivo sea apoyar "la guerra econ¨®mica contra Cuba", para el cual se establecen penas que van de los tres a los quince a?os de c¨¢rcel.

El art¨ªculo 8 de la Ley de Protecci¨®n de la Independencia Nacional y la Econom¨ªa de Cuba afecta directamente a los llamados periodistas independientes - o disidentes, seg¨²n la sem¨¢ntica revolucionaria-, y no est¨¢ claro si tambi¨¦n al resto de periodistas, incluidos los extranjeros.

Este art¨ªculo sanciona con penas de privaci¨®n de libertad de dos a cinco a?os a todos aquellos cubanos o extranjeros que "de cualquier forma, colaboren o mantengan relaciones con emisoras de radio o televisi¨®n, peri¨®dicos, revistas u otros medios de difusi¨®n masiva, con el prop¨®sito de contribuir a facilitar el logro de los objetivos de la Ley Helms-Burton" o de cualquier ley norteamericana que pretenda subvertir el orden en Cuba. En caso de que el periodista en cuesti¨®n cobre por su trabajo o reciba alguna d¨¢diva, la pena puede ser de hasta ocho a?os de c¨¢rcel.

Preguntado por varios corresponsales extranjeros, el fiscal general, Juan Escalona, se?al¨® que esta ley, en principio, no debe afectar a los periodistas extranjeros que trabajan en Cuba. "Siempre y cuando digan la verdad, no tendr¨¢n problemas", asegur¨® Escalona. Algunos periodistas no quedaron del todo tranquilos con la respuesta.

Lucha contra el enemigo

La nueva ley, que no sustituye, sino que se a?ade a los delitos contra la seguridad, como la "propaganda enemiga", por la que son condenados habitualmente los disidentes, contempla tambi¨¦n como acto delictivo participar "en reuniones o manifestaciones que tengan entre sus objetivos cooperar al alcance de los fines de la Ley Helms-Burton" y otras leyes norteamericanas contra el Gobierno de Fidel Castro. Las sanciones van desde dos a ocho a?os de c¨¢rcel.

M¨¢s duras a¨²n son las penas para aquellos que realicen "alg¨²n acto dirigido a impedir o afectar las relaciones econ¨®micas del Estado cubano, o de entidades industriales, comerciales o financieras, nacionales o extranjeras...". Los acusados de estos actos pueden ser condenados hasta un m¨¢ximo de 20 a?os de privaci¨®n de libertad.

Otro pol¨¦mico art¨ªculo, que, seg¨²n la nueva ley, es una respuesta a la Ley del Presupuesto Federal de EEUU para 1999 y a las medidas de "supuesta flexibilizaci¨®n del embargo" anunciadas por Clinton el pasado 5 de enero -que establecen el apoyo con fondos oficiales no inferiores a los dos millones de d¨®lares (cerca de 300 millones de pesetas) a entidades privadas e individuos en Cuba que luchen por la democracia-, impone sanciones de tres a ocho a?os de c¨¢rcel a aquellos que reciban dinero o recursos del Gobierno de EEUU.