Pensiones andaluzas

EL GOBIERNO considera que la Junta de Andaluc¨ªa carece de competencias para elevar unilateralmente la cuant¨ªa de las pensiones asistenciales y acusa al Ejecutivo que preside Chaves de romper, por motivos electoralistas, los criterios del Pacto de Toledo. Lo primero es bastante m¨¢s discutible que lo segundo.El Consejo de Ministros acord¨® la semana pasada recurrir el decreto de la Junta que fijaba un complemento para las pensiones asistenciales y no contributivas con cargo al presupuesto de la comunidad andaluza. La subida supondr¨¢ unas 9.400 pesetas al a?o por persona; es decir, unas 750 al mes. El argumento de Chaves es que la buena coyuntura econ¨®mica permite y hace moralmente obligado intentar mejorar las condiciones de vida de los m¨¢s desfavorecidos: las personas que por no haber cotizado o no haberlo hecho en cuant¨ªa suficiente no tienen derecho a pensiones contributivas; se trata de pensiones entre 25.000 y 36.000 pesetas.

Desde el PP se argumenta que la fijaci¨®n de las pensiones es competencia exclusiva del Estado y que, por tanto, la Junta no puede mover unilateralmente su cuant¨ªa. Lo que dice la Constituci¨®n es que el r¨¦gimen econ¨®mico de la Seguridad Social es competencia estatal; pero no es evidente que las pensiones asistenciales, que no se financian con las cotizaciones, formen parte de la Seguridad Social. El Gobierno andaluz sostiene que m¨¢s bien pertenecen al campo asistencial: lo que antiguamente se denominaba beneficencia p¨²blica. La autonom¨ªa en el gasto que se reconoce a las comunidades permitir¨ªa destinar una cantidad mayor a ese tipo de necesidades sociales que a otros destinos, siempre que el monto global no desborde los compromisos en materia de d¨¦ficit.

El argumento es dif¨ªcilmente impugnable: las prioridades en el gasto constituyen un rasgo esencial de la competencia entre partidos, y es l¨®gico que tambi¨¦n se proyecte en las autonom¨ªas. Una formaci¨®n nacionalista o regionalista tal vez prefiera gastar m¨¢s en actividades culturales o ling¨¹¨ªsticas que en pensiones, y una de derechas, m¨¢s en infraestructuras, etc¨¦tera. En las elecciones, los ciudadanos optan por un sistema de prioridades en el gasto. Y es bastante l¨®gico que en Andaluc¨ªa, la comunidad espa?ola con mayor desempleo y una de las de menor renta, un partido de izquierdas proponga subir las pensiones asistenciales, aunque ello suponga recortar gasto en otras necesidades.

Afirmar que eso es electoralismo resulta casi tautol¨®gico. Por supuesto que ¨¦sa es la intenci¨®n, pero la experiencia indica que los votantes no siempre comparten los criterios de los pol¨ªticos sobre lo que es electoralista y lo que no; a veces, el electorado castiga las actitudes percibidas como oportunistas o demag¨®gicas.

Otra cosa es si quiebra o no el acuerdo de Toledo. Tal vez no lo haga formalmente, en la medida en que no afecta a la unidad de caja de la Seguridad Social, pero desde luego s¨ª su esp¨ªritu. Lo acordado hace cuatro a?os, a instancia de los socialistas, fue que los partidos renunciaban a las pensiones como arma de combate pol¨ªtico. Se consideraba que ello constitu¨ªa una garant¨ªa frente a tentaciones demag¨®gicas, por una parte, o abandonistas -a la chilena-, por otra. Pero cuando el Gobierno del PP subi¨® las pensiones en los dos ¨²ltimos a?os por encima del IPC real, tambi¨¦n pon¨ªa en cuesti¨®n el Pacto de Toledo.

Que un partido de izquierda renuncie a defender una pol¨ªtica propia en materia de pensiones implica un cierto contrasentido. La contradicci¨®n se ha evidenciado en el terreno auton¨®mico y en virtud de la fuerte inclinaci¨®n electoralista de Chaves; pero no deja de obedecer a fuertes motivaciones sociales: si no se aprovechan momentos de fuerte crecimiento econ¨®mico como los actuales, ?cu¨¢ndo iba a abordarse la mejora de esas pensiones de subsistencia?