El Gobierno incluye la modificaci¨®n gen¨¦tica entre las actividades de riesgo medioambiental
Las empresas de biotecnolog¨ªa deber¨¢n suscribir una p¨®liza de seguro de hasta 15.000 millones
El Gobierno ha incluido a las empresas que elaboran organismos modificados gen¨¦ticamente o comercian con ellos entre las que obligatoriamente deber¨¢n suscribir una p¨®liza de seguro de hasta 15.000 millones de pesetas para hacerse cargo de las responsabilidades civiles en caso de causar da?os a la salud humana o al medio ambiente. La inclusi¨®n figura en el proyecto de ley de responsabilidad civil que el Ministerio de Medio Ambiente discute con otros departamentos ministeriales para aprobarlo antes del verano. La ley incorpora un listado de las 500 empresas de diversos sectores afectadas por este nuevo seguro ambiental.
La elaboraci¨®n del proyecto de ley de responsabilidad civil derivada de actividades con incidencia ambiental arranca de 1996, cuando la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, entreg¨® el borrador a las comunidades aut¨®nomas en una de sus primeras conferencias sectoriales.Los afectados por la cat¨¢strofe del Mar Egeo en La Coru?a cobraban entonces, cuatro a?os despu¨¦s de producirse, los da?os causados por el derrame del petr¨®leo. El proyecto de ley qued¨® aparcado para dar prioridad a otras iniciativas legislativas, como la Ley de Residuos, la de Envases o la reforma de la Ley de Parques Nacionales.
De haber estado en vigor, todos los damnificados de la cat¨¢strofe causada por la rotura de la balsa de Boliden en Aznalc¨®llar (Sevilla), en abril del a?o pasado, habr¨ªan cobrado del seguro, sin tener que esperar al largo proceso penal que tardar¨¢ en sustanciarse no en un plazo m¨¢s all¨¢ de los tres a?os, seg¨²n los expertos.
Por ejemplo, los afectados por la rotura de la presa de Tous en 1982, cuya responsabilidad ha reca¨ªdo subsidiariamente en el Estado, todav¨ªa no han cobrado.Ha sido precisamente la cat¨¢strofe ecol¨®gica de Aznalc¨®llar la que ha motivado la decisi¨®n del Gobierno de reactivar la tramitaci¨®n del proyecto de ley, en el que se incluye la cobertura econ¨®mica de los productos transg¨¦nicos.
En la cumbre de Cartagena de Indias (Colombia), m¨¢s de 500 expertos de 170 pa¨ªses han planteado el espinoso tema de la responsabilidad civil dentro del protocolo sobre transferencias, manipulaci¨®n y utilizaci¨®n de organismos vivos modificados gen¨¦ticamente, entre ellos, los alimentos transg¨¦nicos.
Aunque no existen referencias de da?os derivados de actividades de manipulaci¨®n gen¨¦tica, las ONG apuestan firmemente en Cartagena para que los agentes que desarrollen estas actividades suscriban obligatoriamente seguros de responsabilidad civil. Estados Unidos, en donde se encuentran las principales empresas mundiales del sector, se opone abiertamente, aunque fue este pa¨ªs el impulsor del principio "Quien contamina paga".
Este criterio inspira el Libro Verde sobre Reparaci¨®n del Da?o Ecol¨®gico aprobado por la Comisi¨®n Europea en 1993, una propuesta de directiva europea y la ley alemana de responsabilidad civil, que han servido de referencia a la espa?ola. Todas se encaminan a hacer efectiva la reparaci¨®n de los da?os que puedan ocasionarse a las personas o a sus bienes y la restauraci¨®n de las agresiones producidas por el deterioro del medio ambiente, con independencia de las responsabilidades penales o administrativas.
Perjuicios y lucro cesante
Adem¨¢s de las actividades de manipulaci¨®n gen¨¦tica, la ley obligar¨¢ a quien elabore, almacene o abandone productos o residuos t¨®xicos y realice actividades molestas, insalubres, cause da?os al patrimonio o deteriore el medio ambiente, a reparar los perjuicios y el lucro cesante.
Para ello establece un l¨ªmite m¨¢ximo de responsabilidad civil de 15.000 millones de pesetas, que ser¨¢ cubierto por un seguro o por cualquier otra garant¨ªa financiera que cubra el riesgo de reparaci¨®n del da?o. La ley establece un conjunto de medidas de tipo procesal, como fijar la prescripci¨®n de la reparaci¨®n de da?os entre los 3 y los 30 a?os despu¨¦s de producirse el da?o.
En la discusi¨®n del proyecto de ley, que entrar¨¢ en vigor un a?o y medio despu¨¦s de su publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente ha evaluado la lista de empresas que se ver¨¢n afectadas. Inicialmente, se calcula que ser¨¢n m¨¢s de 500, seg¨²n informa la agencia Efe.
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