Los fiscales anticorrupci¨®n se quejan a Cardenal de que no les ampara ante los ataques recibidos

Los fiscales anticorrupci¨®n se han quejado al fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal,de su falta de apoyo ante los ataques de que est¨¢n siendo objeto "por actuaciones realizadas en estricto cumplimiento de sus obligaciones profesionales" y le han recordado que tienen derecho a que les "otorgue p¨²blicamente amparo". El acuerdo fue tomado por unanimidad de la Junta Extraordinaria de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n el pasado 27 de enero. El fiscal jefe, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, ha trasladado el acuerdo a Cardenal con el detalle de los casos en los que ha permanecido pasivo ante las cr¨ªticas.

La queja de los fiscales arranca del escrito de Jes¨²s Gil, alcalde de Marbella (M¨¢laga) y presidente del Atl¨¦tico de Madrid, que vincul¨® la querella criminal interpuesta contra ¨¦l por la fiscal¨ªa con la supuesta amistad de Carlos Jim¨¦nez Villarejo y el juez del caso, Santiago Torres. Gil dijo que los registros de la corporaci¨®n y del estadio Vicente Calder¨®n fueron planificados con ocho d¨ªas de antelaci¨®n, a la espera de que estuviera de guardia precisamente dicho magistrado.Los fiscales estiman que las acusaciones de Gil constituyen "uno m¨¢s de los casos en los que los fiscales o jueces encargados de la tramitaci¨®n de asuntos que, por una u otra raz¨®n, tienen relevancia p¨²blica son objeto de informaciones inveraces, en la generalidad de los medios de comunicaci¨®n, procedentes de las personas imputadas o de su entorno familiar, profesional, empresarial o pol¨ªtico".

El documento remitido a Jes¨²s Cardenal se?ala que cada vez con mayor frecuencia los acusados o imputados, "en defensa extrajudicial de sus intereses", transmiten a la opini¨®n p¨²blica "informaciones u opiniones que tienden directamente a obstaculizar la investigaci¨®n o el proceso penal, a desacreditar a las personas encargadas de la misma o a apartarlas del conocimiento del asunto".

Entre los casos recientes, los fiscales exponen los ataques recibidos por el fiscal jefe de Lugo por investigar la financiaci¨®n del PP; las acusaciones y los ataques incluso contra la vida privada de la fiscal jefe de Guadalajara por su investigaci¨®n del presidente de la Diputaci¨®n Provincial, Francisco Tomey; las informaciones sobre un supuesto inter¨¦s personal del fiscal jefe y una fiscal de Tarragona en la investigaci¨®n de un tr¨¢fico de influencias contra el alcalde de esa ciudad, Joan Miquel Nadal, de CiU; las acusaciones de Javier de la Rosa contra los fiscales encargados del caso KIO o de Miguel Dur¨¢n respecto al caso Tele 5...

"Especialmente preocupante" consideran la situaci¨®n de los fiscales antidroga, ya que "se enfrentan ordinariamente a los grupos de criminalidad organizada m¨¢s importantes" y con m¨¢s medios para tratar de impedir la acci¨®n de la justicia.

Poder de hecho

El texto aprobado por los fiscales resalta que el denominador com¨²n suele ser que los imputados, por ser personajes p¨²blicos o famosos y disponer de influencia y notoriedad en los medios de comunicaci¨®n, por su capacidad econ¨®mica o empresarial o su vinculaci¨®n con poderosos grupos de delincuencia organizada, "tienen a su alcance un conjunto de posibilidades o un poder de hecho del que no dispone la inmensa mayor¨ªa de los ciudadanos".

De ah¨ª, indican, que "cuando, como consecuencia de la actuaci¨®n de los ¨®rganos jurisdiccionales, tales personas o grupos ven afectados sus intereses personales o patrimoniales reaccionan de manera persistente, mediante la difusi¨®n o publicaci¨®n de manifestaciones o declaraciones que tergiversan la realidad de los hechos y transmiten a la opini¨®n p¨²blica una visi¨®n absolutamente distorsionada e interesada del contenido de la investigaci¨®n, con vulneraci¨®n, muchas veces, del secreto de las actuaciones".

Ante tales mecanismos de "defensa paralela" y de presi¨®n a los ¨®rganos judiciales, los fiscales anticorrupci¨®n estiman que el ordenamiento jur¨ªdico se muestra incapaz para dar soluciones. Recuerdan que la legislaci¨®n actual perfila unas causas de abstenci¨®n y de recusaci¨®n para jueces y fiscales que les dejan en la indefensi¨®n. Explican que tanto en los delitos de calumnias e injurias como en la defensa civil contra los ataques al honor, la intimidad y la propia imagen, exigen "la iniciativa del propio interesado", lo cual lleva emparejada la inmediata y necesaria obligaci¨®n de dejar el asunto, aparte de que las informaciones contrarias, por inveraces que sean, no pueden ser rebatidas "por imperativo del secreto procesal".

Doble rasero

Ante esta situaci¨®n, los fiscales anticorrupci¨®n recuerdan que el fiscal general del Estado puede legalmente "responder institucionalmente a los ataques de que son objeto sin fundamento funcionarios del Ministerio Fiscal, otorg¨¢ndoles el amparo frente a aquellos que, adem¨¢s de perjudicar individualmente a los fiscales afectados, suponen, cuando quedan sin respuesta, el descr¨¦dito general de la instituci¨®n".

Incluso se?alan que Cardenal ha tomado tal iniciativa en algunos casos, lo cual significa un doble rasero, por lo que piden un trato igual. Entre las situaciones en las que se ha producido el amparo de Cardenal figuran, seg¨²n explic¨® uno de los miembros de la junta, el apoyo prestado a los llamados fiscales indomables de la Audiencia Nacional o la actitud respecto a la competencia espa?ola para juzgar los cr¨ªmenes contra la humanidad cometidos por las dictaduras de Chile y Argentina.