La Ley de TV sin Fronteras refuerza el poder del Gobierno sobre la televisi¨®n

Los cambios en la Ley de Televisi¨®n sin Fronteras, actualmente tramitados por las Cortes, elevan la cuant¨ªa de las multas que puede imponer el Gobierno y le conceden la posibilidad de suspender o revocar licencias de emisi¨®n por motivos de programaci¨®n, posibilidad esta ¨²ltima no contemplada en la norma a¨²n vigente, que data de 1994. Tambi¨¦n confiere ese poder a las autonom¨ªas sobre las cadenas de sus ¨¢mbitos.

La ley de Televisi¨®n Privada ya prev¨¦ sanciones por incumplimiento de condiciones fijadas a los accionistas y por otras cuestiones de car¨¢cter administrativo, incluso la extinci¨®n de la licencia de emisi¨®n. Y una parte de ese cuadro de sanciones fue extendido a la versi¨®n a¨²n vigente de la Ley de Televisi¨®n sin Fronteras -excepto la cancelaci¨®n de licencias de emisi¨®n- para cuestiones como sobrepasar los l¨ªmites de publicidad y proteger a los menores frente a programas o escenas que puedan "perjudicar seriamente el desarrollo f¨ªsico, mental o moral", o introducir elementos de discriminaci¨®n "por motivos de nacimiento, raza, sexo, religi¨®n, nacionalidad, opini¨®n o cualquier otra circunstancia personal o social".Pero la programaci¨®n de ese tipo de espacios puede acarrear la suspensi¨®n de la licencia de emisi¨®n, y hasta su revocaci¨®n, seg¨²n la nueva versi¨®n de la ley de Televisi¨®n sin Fronteras, ya aprobada por el Congreso y a falta de tr¨¢mite en el Senado. As¨ª lo prev¨¦ el apartado de sanciones para faltas muy graves.

El siguiente castigo, en orden decreciente, es el de la multa de 50 a 100 millones de pesetas. Se reserva al operador que ejerza "derechos exclusivos" adquiridos con posterioridad al 30 de julio de 1997, "de manera que restrinja los derechos de una parte sustancial del p¨²blico de otro Estado miembro de la Uni¨®n Europea a su libre acceso, cuando hayan sido considerados de inter¨¦s general en dicho Estado y reconocidos por la Comisi¨®n Europea".

Tambi¨¦n se ampl¨ªan los asuntos que pueden ser considerados "falta grave", con multas de hasta 50 millones de pesetas para los reos de incumplimientos como ¨¦stos:

-No dedicar el 5% de los ingresos anuales a financiar cine o pel¨ªculas de televisi¨®n, o no reservar el 51% del tiempo de emisi¨®n a obras europeas.

-Quebrantar alguna de las limitaciones sobre publicidad, televenta o patrocinio.

-Incurrir en pr¨¢cticas de contraprogramaci¨®n; o no advertir, con se?ales ¨®pticas y ac¨²sticas, de espacios cuyo contenido pueda ser perjudicial para los menores.

Los operadores de televisi¨®n que dispongan de licencia concedida por una autonom¨ªa se ver¨¢n sometidos al mismo cuadro de sanciones, pero ¨¦stas correr¨¢n a cargo de las comunidades aut¨®nomas.

Bronca pol¨ªtica

Queda fuera de este proyecto de ley la posibilidad de que la vigilancia y sanciones sea atribuido a un ¨®rgano aut¨®nomo respecto del Gobierno, como los Consejos de Medios Audiovisuales que existen en otros pa¨ªses y cuya creaci¨®n en Espa?a, con car¨¢cter de ¨®rgano independiente, ha sido recomendada por el comisario audiovisual de la UE, Marcelino Oreja, seg¨²n informa Mar¨ªa Jos¨¦ D¨ªez de Tuesta, cuando los grupos parlamentarios intentan -hasta ahora sin ¨¦xito- un consenso al respecto.A este respecto, Lluis Recoder, el parlamentario de CiU que act¨²a como ponente en estos temas, niega que haya pacto alguno de su partido con el PP para retrasar el Consejo de Medios Audiovisuales y culpa a dicho partido y al PSOE de no querer crearlo en la actual legislatura, adem¨¢s de subrayar la contradicci¨®n de que est¨¦ a punto de promulgarse la ley de Televisi¨®n sin Fronteras sin que se haya aprobado un ¨®rgano independiente para aplicarla. La ponente del PP, Ana Mato, ha reaccionado pidiendo el apoyo de CiU para sacar adelante el consejo de acuerdo con el actual borrador, que atribuye al Gobierno el poder de nombrar a los miembros de ese consejo. A esto se oponen los socialistas.