Las escuchas del Cesid: del esc¨¢ndalo al juicio

Si no se suspende a ¨²ltima hora, el pr¨®ximo martes se abrir¨¢ en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio por las escuchas del Cesid, el esc¨¢ndalo que en junio de 1995 provoc¨® la dimisi¨®n del entonces vicepresidente del Gobierno Narc¨ªs Serra, del ministro de Defensa Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas y del hombre que durante 14 a?os dirigi¨® el servicio secreto, Emilio Alonso Manglano. Fue la espoleta de una crisis que no cesar¨ªa hasta la derrota del PSOE en las elecciones generales de marzo de 1996, detonando una serie de explosiones m¨¢s o menos controladas: de la filtraci¨®n de los papeles del Cesid al relanzamiento de los sumarios sobre la guerra sucia.El inicio de la vista est¨¢ pendiente de que se resuelva el recurso del fiscal contra la negativa de la Sala a admitir a tr¨¢mite la recusaci¨®n presentada por el defensor de Manglano, quien alega que los tres miembros del tribunal han perdido su imparcialidad objetiva para juzgar por su decisiva intervenci¨®n durante la instrucci¨®n del sumario.

Si el recurso del fiscal prospera, el juicio se demorar¨¢ unos meses. En caso contrario, Manglano y seis de sus antiguos subordinados deber¨¢n sentarse en el banquillo para responder de los delitos de interceptaci¨®n de comunicaciones telef¨®nicas, prevaricaci¨®n y revelaci¨®n de secretos, presuntamente cometidos por el Gabinete de Escuchas del Cesid, que entre 1984 y 1990 intercept¨® y grab¨® las conversaciones mantenidas a trav¨¦s de tel¨¦fono m¨®vil por m¨²ltiples personalidades, incluido el propio Rey.

Al juicio no acudir¨¢n ni Narc¨ªs Serra, ni Garc¨ªa Vargas, ni Felipe Gonz¨¢lez ni ninguno de los pol¨ªticos -incluido el actual secretario general de la OTAN, Javier Solana- cuyo testimonio solicitaron las acusaciones y rechaz¨® el tribunal, despu¨¦s de que Manglano declarase que los miembros del Gobierno ignoraban los m¨¦todos utilizados por el Cesid para obtener informaci¨®n.

Sin embargo, la ausencia m¨¢s notable ser¨¢ la del teniente coronel Jos¨¦ Manuel Navarro Benavente, responsable directo del Gabinete de Escuchas, quien falleci¨® el pasado 14 de enero en un accidente de tr¨¢fico en Albacete. Navarro no s¨®lo era el tercer acusado en importancia, despu¨¦s de Manglano y del ex jefe de la Agrupaci¨®n Operativa del Cesid, el ex coronel Juan Alberto Perote. Tambi¨¦n era el principal testigo de cargo contra Perote, su superior en el centro, a quien el Tribunal Militar Central -en una sentencia confirmada por el Supremo- conden¨® a siete a?os de c¨¢rcel por la sustracci¨®n de los papeles del Cesid. Perote, en r¨¦gimen abierto desde mayo del a?o pasado, est¨¢ a punto de acceder a la libertad condicional y una nueva condena, ahora en la jurisdicci¨®n civil, podr¨ªa suponer su reingreso en prisi¨®n. Navarro declar¨® ante la juez que fue Perote quien orden¨® guardar las grabaciones con conversaciones privadas de destacadas personalidades y que en 1991, poco antes de su expulsi¨®n del Cesid, le pidi¨® una serie de cintas que nunca devolvi¨®. Eran las mismas que cuatro a?os despu¨¦s public¨® el diario El Mundo. Curiosamente, el 15 de junio de 1995, a los tres d¨ªas de destapar el esc¨¢ndalo, el mismo peri¨®dico puso en circulaci¨®n el nombre de Navarro Benavente, al explicar que hab¨ªa sido despedido del centro por investigar a un pol¨ªtico relacionado con el narcotr¨¢fico. En su declaraci¨®n ante los jueces militares y civiles, los dos periodistas que firmaron la noticia sobre las escuchas del Cesid se ampararon en el secreto profesional para negarse a revelar sus fuentes, pero ello no les impidi¨® negar cualquier intervenci¨®n de Perote ni relatar que mantuvieron una conversaci¨®n con Navarro Benavente.

A Perote no le sirvi¨® de mucho. De las diez acusaciones personadas en la causa, s¨®lo una -la que representa al director de la revista Epoca, Jaime Campmany- le exonera de cualquier responsabilidad. Por el contrario, tanto el fiscal como el ex ministro del Interior Jos¨¦ Barrionuevo consideran que debe ser el ¨²nico condenado. Incluso Pedro J. Ram¨ªrez, director del diario que public¨® en exclusiva los documentos sustra¨ªdos al Cesid, pide para Perote al menos dos a?os y cuatro meses de c¨¢rcel, aunque el delito que le imputa es el de interceptaci¨®n de comunicaciones y no el de revelaci¨®n de lo ilegalmente escuchado.

La defensa de Manglano asegura que los sistemas t¨¦cnicos utilizados entonces por el Cesid no ten¨ªan capacidad para seleccionar un tel¨¦fono determinado -lo que avalan los informes periciales-, por lo que se limitaban a explorar el espectro radioel¨¦ctrico, captando aleatoriamente conversaciones de tel¨¦fonos m¨®viles, a la b¨²squeda de informaci¨®n relacionada con terrorismo, espionaje o narcotr¨¢fico. Manglano alega que estaba convencido de la licitud de esta actividad, dado el car¨¢cter abierto de la comunicaci¨®n a trav¨¦s de las ondas y la falta de una regulaci¨®n legal precisa en la ¨¦poca, y niega haber ordenado escuchar conversaciones privadas y menos guardar las grabaciones.

Los otros cinco acusados -Visitaci¨®n Pati?o, Francisco Vallejo, Jos¨¦ Mar¨ªa Vida y Juan Miguel Nieto, auxiliares del Cesid, y Julio L¨®pez Borrero, directivo, todos ellos destinados actualmente en el servicio secreto tras haber reingresado algunos en los ¨²ltimos a?os- argumentan que se limitaron a cumplir ¨®rdenes cuando trabajaban en el Gabinete de Escuchas.

La Audicencia de Madrid no comparti¨® estos criterios y en mayo de 1996 orden¨® reabrir una causa que la juez instructora hab¨ªa archivado tres meses antes por no apreciar delito. Si se aceptara que es posible interceptar conversaciones privadas sin autorizaci¨®n, replic¨® la Sala, "no estar¨ªamos en un Estado de Derecho sino en un Estado policial".