Ley y anorexia

INCLUSO en el lecho de muerte, cuando ya s¨®lo tienen piel sobre los huesos, las anor¨¦xicas siguen vi¨¦ndose gordas. Y se niegan a comer. Las familias que han tenido que bregar con esta enfermedad saben lo terrible que es ver c¨®mo se consume una adolescente y no poder hacer nada para evitarlo, porque su trastorno es tan profundo que son incapaces de reaccionar sin ayuda. La sociedad no puede permanecer impasible ante un problema de salud p¨²blica que los especialistas no dudan ya en calificar como epidemia. Por eso, la iniciativa adoptada en relaci¨®n a la anorexia por el juez de Barcelona encargado de los internamientos psiqui¨¢tricos merece ser elogiada y deber¨ªa ser ratificada por otros magistrados. El juez Ignacio Sancho Gargallo, haciendo gala de una encomiable sensibilidad social, ha afrontado el problema con las armas que la ley le concede. Desde hace un tiempo, y a petici¨®n normalmente de las familias, ordena el internamiento de las muchachas cuya vida se encuentra en peligro precisamente porque no son conscientes del da?o que se hacen a s¨ª mismas.La medida judicial puede salvarles la vida, porque, contrariamente a lo que muchos creen, la anorexia no es una mera alteraci¨®n psicol¨®gica. Quien la sufre padece un trastorno de la percepci¨®n tan radical que es incapaz de ver la realidad y entra en una espiral de inconsciente autoagresi¨®n que, de no mediar un tratamiento intensivo, puede conducirle a la muerte. De hecho, el 6% de las afectadas muere y un 30% no llega a curarse nunca del todo, lo cual indica la gravedad de esta enfermedad y la importancia de que sea tratada en la fase m¨¢s precoz posible, algo que en este momento la red sanitaria espa?ola no es a¨²n capaz de garantizar.

No se trata, pues, de un problema menor, y debe combatirse con todas las armas posibles. Las sociales, por supuesto, para evitar los factores que contribuyen a desencadenarla; las m¨¦dicas, facilitando el tratamiento adecuado a cada caso con la celeridad necesaria, y, en ¨²ltimo t¨¦rmino, si es necesario, las judiciales.

Desde el punto de vista jur¨ªdico, la orden de internamiento de una persona que sufra anorexia est¨¢ plenamente justificada y entra dentro de los supuestos que establece la ley para la incapacitaci¨®n por enfermedad mental. No hay dudas al respecto. La joven anor¨¦xica que se niega a ser tratada m¨¦dicamente no est¨¢ haciendo otra cosa que actuar conforme al ¨¢nimo inconsciente de autodestrucci¨®n que la lleva a no comer. Y no es una decisi¨®n libremente adoptada, sino el fruto de un trastorno objetivo y objetivable.

El dram¨¢tico testimonio de las mujeres que han superado la fase cr¨ªtica corrobora hasta qu¨¦ punto est¨¢n fuera de la realidad y hasta qu¨¦ punto su vida depende de una intervenci¨®n a tiempo, aunque sea forzada. En estos casos no caben dilaciones, porque el camino recorrido podr¨ªa no tener ya retorno. La actuaci¨®n del magistrado de Barcelona demuestra que en la Administraci¨®n de justicia tambi¨¦n hay profesionales atentos a la realidad social de su tiempo y capaces de reaccionar ante ella.