Sangre inocente

UN ESPECIAL?SIMO tribunal creado para juzgar a miembros del Gobierno en ejercicio y estrenado en esta ocasi¨®n ha absuelto en el caso de la sangre contaminada por el virus del sida al ex primer ministro franc¨¦s Laurent Fabius y a la que fuera responsable de Asuntos Sociales, Georgina Dufoix, acusados junto con el ex titular de Sanidad Edmond Herv¨¦. M¨¢s de 4.000 personas fueron infectadas en Francia por transfusiones antes de agosto de 1985, cuando se hicieron obligatorios los controles espec¨ªficos del sida. Muchos centenares de afectados han muerto desde entonces. Los tres pol¨ªticos socialistas - de los que s¨®lo Herv¨¦ ha sido considerado culpable, aunque sin imposici¨®n de pena por haber pasado quince a?os desde que ocurrieron los hechos- estaban acusados de homicidio involuntario por retrasar la comercializaci¨®n de un reactivo estadounidense fiable con el fin de favorecer un producto similar franc¨¦s.El juicio y su desenlace, que han suscitado extraordinaria atenci¨®n en el pa¨ªs vecino, han sido descalificados casi un¨¢nimemente. Con explicable vehemencia por familiares de las v¨ªctimas y asociaciones afectadas ("simulacro de justicia", "absoluci¨®n deshonrosa", "pol¨ªticos intocables"); pero tambi¨¦n por expertos en derecho y los medios de comunicaci¨®n. Muy en el centro de la pol¨¦mica est¨¢ el hecho de que s¨®lo recientemente la justicia francesa se ha ido librando de su tradicional sometimiento al poder pol¨ªtico. En este sentido, la misma composici¨®n del Tribunal de Justicia de la Rep¨²blica (una mezcla de doce parlamentarios voluntarios de diferentes partidos y tres jueces) ha abonado la inevitable confusi¨®n entre responsabilidad pol¨ªtica y penal, una l¨ªnea tan tenue como crucial y cuyo trazo estaba llamado a delimitar el tribunal. Tampoco ha ayudado un procedimiento en el que menos de una decena de familiares de los miles de efectados han podido personarse como acusaci¨®n particular, y en el que sus abogados no han podido dirigirse directamente a Fabius, ahora presidente de la Asamblea Nacional, y a los otros acusados.

El proceso ha puesto de relieve el divorcio entre la calle y un invento judicial creado para el aparato del poder. Si los gobernantes franceses deben o no someterse a un r¨¦gimen com¨²n y ser juzgados por una jurisdicci¨®n ordinaria es algo que los ciudadanos deben decidir. Pero este caso ha sentenciado inapelablemente que el Tribunal de Justicia de la Rep¨²blica no satisface las exigencias de una sociedad moderna y democr¨¢tica.