?Dimite un concejal!

EL CONCEJAL del Ayuntamiento de Madrid Enrique Villoria, militante del Partido Popular, no ha podido o no ha querido resistir la presi¨®n suscitada por el descubrimiento de presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones municipales y anunci¨® ayer la dimisi¨®n de su cargo. Sobre el dimitido concejal Villoria -m¨¢s de 25 a?os con cargos municipales, ex procurador en las Cortes franquistas por el tercio familiar- pesan las sospechas de haber utilizado su cargo para realizar contratos municipales con una empresa de su propiedad (Denver Europa, SA), de vulnerar preceptos legales al registrar ese negocio y de favorecer con contratos p¨²blicos a sus amigos. Villoria no ha refutado satisfactoriamente tales acusaciones; y de alguna de sus aclaraciones, como aquella tan pintoresca de que no hab¨ªa citado su empresa en el registro de intereses porque era como "una mercer¨ªa en Vallecas", parece desprenderse que tiene dificultades para distinguir la ¨¦tica de la cifra de facturaci¨®n.La dimisi¨®n de Villoria es un buen ejemplo de c¨®mo est¨¢ enfocando el PP la larga cascada de acusaciones de corrupci¨®n contra sus cargos p¨²blicos. En vez de responder con investigaciones oficiales inmediatas y abiertas para sustanciar si las acusaciones tienen fundamento real y disipar cualquier sospecha -como predic¨® ese partido cuando estuvo en la oposici¨®n-, tanto el alcalde de Madrid, ?lvarez del Manzano, como el propio concejal en entredicho se han dedicado a autojustificarse con una supuesta "cacer¨ªa electoral" promovida desde la oposici¨®n y a negar las acusaciones, con independencia de las evidencias. Todav¨ªa ayer, Manzano explicaba la dimisi¨®n de su concejal por la "poca objetividad de las informaciones", como si los medios fueran responsables de los negocios de Villoria; y ¨¦ste se quejaba de las "insinuaciones y medias verdades" de la prensa al hablar de su empresa y de sus negocios con el Ayuntamiento.

Aunque la dimisi¨®n parezca una decisi¨®n coherente, y en todo caso sea una respuesta loable, ni Manzano ni Villoria -ni otros altos cargos del PP- parecen admitir que hay responsabilidades pol¨ªticas a las que hay que hacer frente cuando aparecen sospechas fundadas sobre la gesti¨®n de un servidor p¨²blico, sobre todo cuando gestiona unos 60.000 millones anuales, y que la negaci¨®n sistem¨¢tica de las acusaciones no basta para cancelarlas. Tampoco bastar¨¢ en este caso la investigaci¨®n ordenada por el alcalde, que pide a la comisi¨®n de Obras que examine algunas de las adjudicaciones de Villoria. Se trata, como puede apreciarse, de bloquear una investigaci¨®n seria con un examen rutinario y sesgado, una maniobra similar a la practicada en el Congreso al sustituir una comisi¨®n de investigaci¨®n sobre el caso Piqu¨¦ por una subcomisi¨®n de an¨¢lisis de las subvenciones. La investigaci¨®n ha de ser exhaustiva y abierta, y sus conclusiones deben ser p¨²blicas. El caso Villoria s¨®lo estar¨¢ cerrado cuando se cumplan tales condiciones.