Una f¨®rmula muy cara
Las deudas que reclama ahora la Seguridad Social a los 29 ayuntamientos son el resultado de una serie de procesos judiciales y errores de las instituciones vizca¨ªnas. La Diputaci¨®n organiz¨® la asistencia domiciliaria en los ayuntamientos con una f¨®rmula que ha costado muy cara. El ente foral subvencionaba a los consistorios para ofrecer este servicio y los ayuntamientos daban el dinero a los beneficiarios de la asistencia domiciliaria, que eran los que pagaban directamente a las auxiliares. Poco a poco, las empleadas dom¨¦sticas comenzaron a llevar su situaci¨®n a los tribunales para convertirse en empleadas municipales. Los litigios dieron mayoritariamente la raz¨®n a las auxiliares dom¨¦sticas, que recibieron cuantiosas indemnizaciones municipales. En medio del conflicto, surgi¨® Asad, una asociaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro, que la Diputaci¨®n foral apoy¨® para que ofreciera el servicio de asistencia a los ayuntamientos y eximiera a ¨¦stos de responsabilidad. Pero las sentencias judiciales que aumentaron las cotizaciones a la Seguridad Social de las empleadas y una mala gesti¨®n llevaron a Asad a la quiebra. S¨®lo entre 1992 y 1995, su deuda suma casi 1.010 millones.
Los ayuntamientos consideran que la deuda por la asistencia domiciliaria ya ha prescrito Eudel aconseja a los consistorios para dar una respuesta homog¨¦nea en el conflicto
VIENE DE LA P?GINA 1 Este mismo portavoz precis¨® que en 1992, la Inspecci¨®n de Trabajo comenz¨® a levantar actas de la deuda a Asad, empresa que posteriormente desapareci¨® y se convirti¨® en Etxean Laguntzeko Elkartea (ELE), una firma a¨²n activa que se subrog¨® en los contratos de asistencia domiciliaria que ten¨ªa Asad con los municipios. La Inspecci¨®n de Trabajo ha requerido en m¨²ltiples ocasiones, primero a Asad y luego a ELE, el pago de la deuda m¨¢s los intereses y finalmente ha avisado a los ayuntamientos de su responsabilidad subsidiaria. La deuda m¨¢s los intereses suma casi 1.010 millones de pesetas, de los que m¨¢s de 838 millones son los reclamados a los 29 consistorios. Los otros 171.425.359 pesetas corresponden a los impagos a la Seguridad Social de las empleadas del Ayuntamiento de Bilbao que la Tesorer¨ªa reclama a ELE porque, en este caso, no ha podido demostrar la responsabilidad subsidiaria del consistorio de la capital vizca¨ªna. La firma ELE se ha negado a hablar con este peri¨®dico sobre este asunto. La Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social basa su reclamaci¨®n en dos sentencias del Tribunal Supremo de junio y julio de 1996 que declaran a los ayuntamientos responsables de las cotizaciones de las trabajadoras de Asad. La versi¨®n de los consistorios es bien distinta y, siguiendo recomendaciones de Eudel, la Asociaci¨®n de Municipios Vascos, han contestado de forma coordinada a la reclamaci¨®n con un escrito de alegaciones en el que niegan su responsabilidad en la deuda. "Consideramos que la deuda ha prescrito y es extempor¨¢nea, porque ya hace mucho tiempo que prescindimos de los servicios de esta empresa", asegura Juan Castro, director de Personal del Ayuntamiento de Barakaldo, al que la Seguridad Social reclama la deuda m¨¢s cuantiosa, algo m¨¢s de 110 millones de pesetas. "Detr¨¢s de esto hay un problema jur¨ªdico, porque en su d¨ªa fuimos declarados responsables solidarios de las deudas de esta empresa con las auxiliares e hicimos frente a los pagos. Y si somos responsables solidario, en la que la responsabilidad se extiende s¨®lo a un a?o, no podemos ser responsables subsidiarios", a?ade Castro. [Barakaldo mantiene otro conflicto con la Seguridad Social por el Impuesto de Bienes Inmuebles de los hospitales de la localidad fabril]. De manera parecida se manifiestan, por ejemplo, responsables del Ayuntamiento de Basauri, al que la Seguridad Social reclama m¨¢s de 104 millones, o de Zalla, al que requieren 5.101.000 pesetas. La Asociaci¨®n de Municipios Vascos env¨ªo los pasados 23 y 26 de febrero cartas a los 29 consistorios aconsej¨¢ndoles que presentaran un escrito de alegaciones a las actas de Inspecci¨®n de Trabajo antes de que se agotara el plazo. "Se pretende dar una respuesta homog¨¦nea de los ayuntamientos", aseguran fuentes de Eudel. "Este problema viene generado de la mala gesti¨®n de una entidad que hab¨ªa contratado con los ayuntamientos la asistencia domiciliaria y ella es la primera responsable", a?ade un portavoz de la asociaci¨®n. Eudel est¨¢ estudiando minuciosamente las actas levantadas por la Inspecci¨®n de Trabajo para poder asesorar convenientemente a los ayuntamientos. Pero el proceso es lento y puede resultar costoso si finalmente el inspector de Trabajo rechaza las alegaciones municipales. En este caso, los consistorios recurrir¨¢n ante la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa. El sindicato nacionalista ELA ya ha pedido a la Diputaci¨®n que no se haga cargo de esta deuda "porque estar¨ªa pagando con el dinero de todos los vizca¨ªnos la mala gesti¨®n de muchos municipios".
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