CLH amenaza con romper su acuerdo y trasladar todas sus instalaciones a Cantabria

El traslado de CLH, la principal planta de almacenaje de combustible de Euskadi, al superpuerto de Santurtzi se complica. Las exigencias del municipio, gobernado por el PSE, de recibir una contraprestaci¨®n econ¨®mica de 1.000 millones de pesetas (unos seis millones de euros) y diversas infraestructuras han llevado a la antigua Campsa a amenazar con trasladar todas sus instalaciones a Cantabria, donde incluso recibir¨ªa una subvenci¨®n del Gobierno regional, del PP. Despu¨¦s de 18 meses de negociaciones, el acuerdo final no llega. Las instituciones vascas son las principales interesadas, puesto que el mantenimiento de CLH proporcionar¨ªa 6.000 millones anuales en impuestos.

Cuando finaliz¨®, en octubre de 1997, la concesi¨®n de 25 a?os para que la antigua Campsa mantuviese sus 24 tanques de hidrocarburos en Muskiz, junto a la playa de la Arena, se abri¨® un largo proceso de negociaciones. La Diputaci¨®n vizca¨ªna se apresur¨® a contactar con CLH para buscar un nuevo emplazamiento a sus instalaciones en este territorio, puesto que estaban en juego cerca de 6.000 millones de pesetas anuales en impuestos. Tras barajar otras posibilidades, como un pol¨ªgono industrial en Ortuella, las autoridades vascas y CLH llegaron a un acuerdo a finales del pasado a?o para ubicar todas las instalaciones de la antigua Campsa -tanto las de Muskiz como otros tanques existentes en Santurtzi- en la zona conocida como El Calero, en el superpuerto. El contratiempo fue entonces la exigencia del Ayuntamiento de Santurtzi: ped¨ªa 1.000 millones de pesetas de contraprestaci¨®n por acoger una instalaci¨®n que beneficiar¨ªa a toda Euskadi, as¨ª como la ejecuci¨®n de toda una serie de infraestructuras, como un polideportivo, un front¨®n, un parque de 60.000 metros cuadrados y la conversi¨®n de uno de los tanques de combustible ubicados en Santurtzi en un centro social. Seg¨²n fuentes de la negociaci¨®n, esta petici¨®n ha motivado que los contactos mantenidos entre las cinco partes implicadas -Ayuntamiento, Diputaci¨®n, Gobierno vasco, Puerto de Bilbao y CLH- se hayan roto en cinco ocasiones. Diputaci¨®n, Ejecutivo, Puerto y empresa se niegan a poner por s¨ª solos los 1.000 millones, y se ha planteado sin ¨¦xito un desembolso a partes iguales entre Diputaci¨®n, Gobierno y Puerto o incluyendo tambi¨¦n a CLH. La antigua arrendataria del monopolio se ha negado desde el principio a cualquier tipo de contraprestaci¨®n econ¨®mica, al argumentar que se trata de una concesi¨®n, sin que ni siquiera pueda acceder a la propiedad de los terrenos. Las instituciones vascas tambi¨¦n se han mostrado reticentes a cualquier desembolso econ¨®mico. Ante el nulo avance -sin el permiso municipal la compa?¨ªa de hidrocarburos no puede trasladarse a El Calero-, CLH amenaz¨® el pasado mes con marcharse al cercano municipio c¨¢ntabro de Castro Urdiales. La compa?¨ªa, que mantiene la negociaci¨®n principalmente con la Diputaci¨®n vizca¨ªna, expuso que dispondr¨ªa de terreno propio gratis y una subvenci¨®n cercana a 750 millones por parte del Gobierno de Cantabria. CLH est¨¢ interesada en zanjar r¨¢pidamente el problema de su nueva ubicaci¨®n, toda vez que en octubre de 2002 finaliza la moratoria de cinco a?os para abandonar sus instalaciones de Muskiz. Su plan de traslado prev¨¦ cerrar la actividad en esta zona a finales del pr¨®ximo a?o y, en 2001, clausurar sus tanques de Santurtzi, por lo que los plazos no est¨¢n lejanos. Las labores de traslado, seg¨²n los c¨¢lculos de la empresa, tendr¨¢n un coste de cerca de 8.000 millones de pesetas, de los que s¨®lo el movimiento de tierras supondr¨¢ 2.500 millones. Los grupos socialista, peneuvista y popular del Ayuntamiento vizca¨ªno coinciden en que haya una contraprestaci¨®n econ¨®mica por la permanencia de la antigua Campsa. Fuentes municipales rehuyeron confirmar o desmentir las amenazas de la compa?¨ªa de hidrocarburos. CLH deposit¨® el pasado a?o un aval de 750 millones como garant¨ªa del cumplimiento de la descontaminaci¨®n de la zona de marismas que ocupa en Muskiz. En el plan de recuperaci¨®n presentado en noviembre ante la Demarcaci¨®n de Costas, se compromete a devolver casi la mitad de la superficie al estado que ten¨ªa hace 30 a?os. Adem¨¢s, se regenerar¨¢ el terreno in situ mediante el tratamiento de suelo y aguas, con lo que no ser¨ªa necesario el confinamiento o traslado de las tierras contaminadas. Todo este proyecto requerir¨¢ una inversi¨®n de 740 millones de pesetas y una duraci¨®n de dos a?os.