NE acusa al PP de beneficiarse de los planes de obra provinciales

El diputado de NE en la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Jes¨²s Gil, acus¨® ayer a algunos alcaldes del PP que integran el equipo de gobierno de la instituci¨®n provincial de "autobeneficiarse" de los planes para obras en peque?os municipios. Gil se?al¨® directamente al vicepresidente de la corporci¨®n y alcalde de Vall d"Alba, Francisco Mart¨ªnez, y al alcalde de Alfondeguilla y diputado provincial, Ram¨®n Vilar. La Diputaci¨®n convoca anualmente unas ayudas para mejorar accesos a municipios de menos de 2.000 habitantes.

Las ayudas est¨¢n incluidas en el Plan Provincial de Cooperaci¨®n a las obras y servicios de competencia municipal, que cuentan con un presupuesto total de m¨¢s de 1.700 millones. Hasta este a?o, las ayudas para los accesos contaban con una consignaci¨®n de 125 ¨® 150 millones de pesetas, con lo que las subvenciones que otorgaba la Diputaci¨®n pod¨ªan alcanzar entre tres y cuatro millones de pesetas para cada proyecto. Sin embargo, para 1999, seg¨²n las bases de la convocatoria, s¨®lo se han designado 60 millones, es decir, menos de la mitad que en a?os anteriores. Esto ha repercutido en que estos peque?os municipios s¨®lo pueden percibir de la Diputaci¨®n hasta 1,5 millones de pesetas en concepto de ayuda para sus proyectos de mejora de accesos. Dado que las solicitudes siempre superan la capacidad de concesi¨®n de estas subvenciones, la Diputaci¨®n elabora, tambi¨¦n anualmente, un plan complementario que se financia de los remanentes globales del Plan Provincial de Obras. Sin embargo, este plan complementario no se rige por la convocatoria puntual de la Diputaci¨®n, sino por las bases que determinan el Plan Provincial en el que se se suman las aportaciones tanto de la Generalitat Valenciana como del Estado. As¨ª, este a?o, los municipios que quedaban fuera del plan pueden acceder a mejores subvenciones que los que han sido incluidos. En el caso de Vall d"Alba, -cuyo alcalde es, a la vez que vicepresidente de la Diputaci¨®n, presidente del departamento de Cooperaci¨®n, que gestiona los planes- entre 1996 y 1998, sus solicitudes fueron siempre incluidas en el plan de mejora de los accesos. Este a?o, en el que la subvenci¨®n se limita a 1,5 millones, el municipio ha quedado excluido por lo que se ha trasladado al plan complementario, cuya inclusi¨®n le reportar¨¢ una ayuda de 3,8 millones de pesetas, es decir, una cantidad considerablemente m¨¢s elevada que si hubiera estado entre los elegidos. En la misma situaci¨®n se encuentra Alfondeguilla que, en lugar de optar a los 1,5 millones, al ser excluido del plan de accesos y formar parte del complementario a financiar con remanentes, podr¨¢ acceder a otros 3,8 millones. Debido a que las ayudas para este plan complementario dependen de los remanentes de otras obras, el orden de inclusi¨®n en el mismo resulta primordial, ya que los primeros siempre acceden a las subvenciones, mientras que los ¨²ltimos quedan, normalmente, fuera. As¨ª, seg¨²n se aprob¨® en el pleno del martes, los ocho primeros municipios de la lista no obedecen a ning¨²n orden l¨®gico -los cinco primeros lugares son localidades gobernadas por el PP, y los tres siguientes por el PSPV-, mientras los 49 restantes se han incluido por orden alfab¨¦tico. Adem¨¢s, parad¨®jicamente, todos ellos aparecen con proyectos presupuestados en cuatro millones que, casualmente, es el m¨ªnimo exigido por el Ministerio de Administraciones P¨²blicas para que a la aportaci¨®n provincial se sume la estatal. El caso de Morella a¨²n es m¨¢s particular ya que, seg¨²n fuentes municipales, la solicitud presentada es de 1.604.872 pesetas, mientras que en los documentos de la Diputaci¨®n el proyecto aparece presupuestado en, tambi¨¦n, cuatro millones. Jes¨²s Gil, quien ha calificado los hechos de "escandalosos" y "vergonzosos", ha exigido al presidente de la Diputaci¨®n, Carlos Fabra (quien no asisti¨® al pleno) que explique las baremaciones por las que se han excluido a estos municipios a los que se permite optar a mayores ayudas. Adem¨¢s, considera que debe justificarse el orden de prioridad que se ha dado al plan complementario y apunta que en el caso de que se admita la existencia de una "arbitrariedad", el vicepresidente de la Diputaci¨®n "deber¨ªa dimitir".