El peor ejemplo

POCOS D?AS antes de que comience la campa?a de declaraci¨®n de la renta, la investigaci¨®n judicial del caso Torras, que re¨²ne las pruebas de la estrepitosa suspensi¨®n de pagos del grupo kuwait¨ª en 1992, ha desvelado evidencias de que dos altos funcionarios de Hacienda, Ernesto Aguiar, director general de Coordinaci¨®n con las Haciendas Territoriales entre 1988 y 1990, y Jos¨¦ Mar¨ªa Huguet, jefe de la Inspecci¨®n en Catalu?a entre 1985 y 1994, recibieron fuertes cantidades de dinero en cuentas corrientes de Suiza por supuestos servicios de asesor¨ªa al grupo Torras.La suspensi¨®n de pagos de Torras, producida despu¨¦s de que desaparecieran cientos de miles de millones durante la gesti¨®n del financiero Javier de la Rosa, es un foco de corrupci¨®n que peri¨®dicamente sorprende a la opini¨®n p¨²blica con asuntos turbios que, como se ve, pueden alcanzar tambi¨¦n a servidores p¨²blicos.

Las pruebas contra Aguiar y Huguet tienen el calado suficiente como para que se abra una investigaci¨®n exhaustiva de sus actividades p¨²blicas y privadas concomitantes durante su etapa al servicio de la Administraci¨®n. Es inmoral que un cargo p¨²blico preste asesoramientos en materias de su competencia a una empresa privada; es leg¨ªtimo preguntarse si los supuestos pagos hasta ahora conocidos (domiciliados en entidades suizas, lo cual no es ilegal, pero s¨ª sorprendente en servidores p¨²blicos) otorgaron a sus pagadores impunidad frente a las actuaciones de Hacienda, recreando as¨ª la tan arraigada idea de que no todos somos iguales a la hora de cumplir los deberes fiscales. Han podido cometerse delitos de cohecho (remuneraci¨®n a cambio de favores), prevaricaci¨®n (decisiones tomadas a sabiendas de que son injustas) o abuso de los privilegios de un cargo p¨²blico. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ya ha mostrado su disposici¨®n a investigar el caso; deben ser los tribunales, en todo caso, los que se pronuncien sobre las eventuales responsabilidades penales.

Pero llama la atenci¨®n el estruendoso silencio de la Secretar¨ªa de Estado de Hacienda sobre los hechos comprometedores conocidos. Aguiar y Huguet eran funcionarios de muy alto rango en la estructura jer¨¢rquica de Hacienda p¨²blica, p¨²blicamente comprometidos con un discurso de rigor ejemplarizante contra el fraude fiscal, en sinton¨ªa con el entonces secretario de Estado, Jos¨¦ Borrell. Un gesto esperable en este caso, para demostrar al menos la preocupaci¨®n administrativa por el comportamiento de dos de sus antiguos funcionarios, es que Hacienda inicie una investigaci¨®n interna paralela a la que probablemente abra la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, acompa?ada de un pronunciamiento sobre el asunto.

Ese gesto todav¨ªa no se ha producido, y es necesario. Porque, con independencia de los resultados de la investigaci¨®n judicial, resulta que la conducta de los funcionarios de la Hacienda p¨²blica y de los altos cargos de la Administraci¨®n tiene un car¨¢cter pedag¨®gico para el resto de los ciudadanos. Es un hecho grave que, a veinte d¨ªas del comienzo de la campa?a de declaraci¨®n de la renta, los contribuyentes se encuentren con que los m¨¢ximos perseguidores de las primas ¨²nicas, por citar un ejemplo, compart¨ªan su tarea moralizadora con la asesor¨ªa fiscal de un grupo econ¨®mico.

La actuaci¨®n de Aguiar y Huguet suministra adem¨¢s combustible adicional para el deterioro de las relaciones entre el cuerpo de inspectores y la c¨²pula de la Agencia Tributaria. Es conveniente que se aclaren cuanto antes los hechos, se depuren las responsabilidades y se garantice que no existen otras ramificaciones.

Algo debe decir Hacienda y cuanto antes al com¨²n de los contribuyentes, que pueden sentirse algo desmoralizados tambi¨¦n por el ejemplo de dos ministros del actual Gobierno -Piqu¨¦ y Arias-Salgado-, de los que se ha sabido en los ¨²ltimos meses que crearon sociedades instrumentales para aliviar sus cargas tributarias. ?Quiere el Ejecutivo de Aznar que todos los contribuyentes paguen sus impuestos del mismo modo? Nada tienen que ver estos dos casos con lo que ha aflorado en los sumarios judiciales de Torras, pero tienen en com¨²n el efecto desalentador para los ciudadanos.