El Constitucional reconoce la validez jur¨ªdica del catal¨¢n donde es oficial
El Tribunal Constitucional reconoce la validez jur¨ªdica, sin necesidad de traducci¨®n, de los documentos oficiales que realice cualquier instituci¨®n o empresa p¨²blica de Catalu?a a las personas f¨ªsica o jur¨ªdicas residentes en la Comunidad Valenciana o Baleares, dos comunidades aut¨®nomas donde el catal¨¢n est¨¢ reconocido tambi¨¦n como idioma cooficial.La sentencia, notificada el pasado lunes y de la que ha sido ponente el magistrado Carles Viver Pi-Sunyer, resuelve de esta manera los recursos que presentaron la Junta de Castilla y Le¨®n y la Generalitat de Catalu?a contra la Ley de R¨¦gimen Jur¨ªdico de las Administraciones P¨²blicas y de Procedimiento Administrativo Com¨²n.
El art¨ªculo 36 de esa ley establec¨ªa que "en cualquier caso, se han de traducir al castellano los documentos que hayan de tener efectos fuera del territorio de la comunidad aut¨®noma", sin ninguna excepci¨®n. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha considerado que esta obligaci¨®n de traducci¨®n de documentos, cuando hayan de ser efectivos en los territorios de habla catalana, "supone desconocer el car¨¢cter oficial" de esta lengua.
La sentencia cita otra de 1986 del mismo Tribunal Constitucional, en la que se afirmaba: "El car¨¢cter oficial de una lengua comporta que los poderes p¨²blicos la reconozcan como un medio normal de comunicaci¨®n en ellos y entre ellos, y en su relaci¨®n con los sujetos privados, con plena validez y efectos jur¨ªdicos". Pese a ese pronunciamiento expreso, la sentencia no tendr¨¢ efectos pr¨¢cticos, pues ese art¨ªculo que no establec¨ªa excepciones fue modificado en la ley que entr¨® en vigor el pasado mes de enero. El texto ahora vigente se?ala que los documentos redactados en lengua oficial, "si han de tener efectos en el territorio de una comunidad aut¨®noma donde sea cooficial esta misma lengua diferente al castellano, no es necesaria la traducci¨®n".
El Departamento de Cultura de la Generalitat calific¨® ayer la sentencia del Constitucional como un respaldo a la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica, que entr¨® en vigor en enero de 1998.
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