La oposici¨®n pide que el Gobierno comparezca tras la sentencia del caso de Sant Pere de Torell¨®

Diez a?os despu¨¦s de los hechos, el caso de Sant Pere de Torell¨®, que en 1994 provoc¨® la ca¨ªda del entonces consejero Josep Maria Cullell, sigue persiguiendo al Gobierno de Jordi Pujol. Cuatro grupos parlamentarios han pedido la comparecencia del Gobierno para que explique qu¨¦ piensa hacer despu¨¦s de que el Tribunal Supremo haya ratificado la condena por tr¨¢fico de influencias y fraude. Adem¨¢s de Cullell, en este asunto intervinieron los departamentos que dirig¨ªan el actual candidato de CiU a la alcald¨ªa de Barcelona, Joaquim Molins (Pol¨ªtica Territorial), y Antoni Comas (Bienestar Social), y el Instituto Catal¨¢n de Finanzas, que depende del Departamento de Econom¨ªa.

El esc¨¢ndalo de Sant Pere de Torell¨® consisti¨® en que el cu?ado de Cullell, Joan Vilar¨®, consigui¨® remover los numerosos obst¨¢culos que desaconsejaban recalificar como urbanizable una finca r¨²stica de su propiedad e inmediatamente la vendi¨® al propio Ayuntamiento de la localidad por m¨¢s del doble de su valor inicial. Para que todo ello fuera posible tuvo que producirse una actuaci¨®n combinada en la que intervinieron, adem¨¢s del alcalde, Ramon Vaqu¨¦, la direcci¨®n general de Urbanismo, cuyo titular era Joan Anton Solans; el Instituto Catal¨¢n de Finanzas, cuyo director general era Ernest Sena, y el Departamento de Bienestar Social. Este ¨²ltimo fue el que inici¨® la intervenci¨®n gubernamental, al designar la finca de Vilar¨® como emplazamiento indicado para construir edificios dedicados a servicios sociales. Luego aport¨® un aval de 69 millones de pesetas para su compra y ante la insolvencia del Ayuntamiento tuvo acabar pag¨¢ndolos por una de las parcelas en que fue dividida la finca. En las diversas ocasiones en que a lo largo de los seis ¨²ltimos a?os la oposici¨®n ha exigido responsabilidades al Gobierno por este asunto, Pujol y los consejeros afectados se han amparado siempre en que estaba en manos de la justicia. Pero el Tribunal Supremo ratific¨® el mes pasado la condena que la Audiencia de Barcelona dict¨® en febrero de 1998 contra Vilar¨® por tr¨¢fico de influencias y contra Vaqu¨¦ por fraude. El portavoz de Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V), Jordi Guillot, manifest¨® ayer: "Ahora se han acabado ya las excusas y el Gobierno tiene que dar explicaciones y asumir sus responsabilidades". Record¨® que el diputado de CiU Raimon Escud¨¦ afirm¨® en un reciente debate parlamentario sobre el caso que si en alg¨²n momento llegaba a haber sentencia condenatoria firme, el Gobierno tomar¨ªa las medidas pertinentes. "Este momento ha llegado", dijo Guillot, "y adem¨¢s la sentencia habla de temeridad y mala fe en la actuaci¨®n de la Administraci¨®n". Los cuatro grupos de la oposici¨®n que han pedido la comparecencia del Gobierno son los del PSC, de IC-Verds, Esquerra Republicana (ERC) y el Mixto. El portavoz del PSC, Higini Clotas, explic¨® tambi¨¦n que la sentencia del Supremo aporta nuevos hechos al caso y eso exige que el Gobierno "informe acerca de c¨®mo va a afrontar la situaci¨®n". No obstante, Clotas no se mostr¨® muy optimista acerca del resultado que vaya a obtener la petici¨®n. El Partido Popular (PP), explic¨®, ha rechazado firmar la solicitud de comparecencia y eso puede ser el anticipo de que la rechace cuando sea tramitada en la Junta de Portavoces. Si as¨ª fuera, entre CiU y el PP tienen mayor¨ªa para evitar la comparecencia. El PP sigue en el Parlament respecto al Gobierno de CiU un comportamiento sim¨¦trico al que en las ¨²ltimas semanas tiene el grupo parlamentario de CiU en el Congreso en los asuntos que afectan al portavoz del Gobierno, Josep Piqu¨¦, y al ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, por cuestiones fiscales.