Manga ancha
A LOS seis meses de las elecciones vascas se anuncia la firma de un acuerdo de legislatura que garantice el apoyo de Euskal Herritarrok (EH) al Gobierno de coalici¨®n PNV-EA. La necesidad imperiosa de contar con ese respaldo ha ido rebajando el nivel de exigencia de los nacionalistas democr¨¢ticos hacia los que todav¨ªa est¨¢n en trance de demostrarlo. La coalici¨®n gobernante cuenta con el apoyo de 27 diputados sobre 75; poco m¨¢s de un tercio de la C¨¢mara, y tres esca?os menos de los que suman PP y PSOE. Ello explica su fuerte dependencia respecto a EH. Si quiere comenzar a gobernar, el lehendakari necesita contar con un programa y una mayor¨ªa estable que lo apoye. Pero eso no es tan sencillo. Por una parte, EH rechaza el marco del Estatuto de Gernika, y ha dicho que s¨®lo apoyar¨ªa a un Gobierno cuyo objetivo fuera "iniciar una transici¨®n hacia un nuevo modelo" pol¨ªtico. Por otra, Ibarretxe advirti¨® que no gobernar¨ªa con el apoyo de partidos que no se desmarcaran claramente de la violencia. Otegi asegura que apuesta por las v¨ªas pol¨ªticas, pero se niega a desvincularse abiertamente de la violencia que se sigue ejerciendo contra los no nacionalistas. Algunos dirigentes de EH la han justificado diciendo que es una respuesta leg¨ªtima "a la situaci¨®n de los presos". De ah¨ª la dificultad pol¨ªtica de proyectar la euforia unitaria nacionalista en una acci¨®n pol¨ªtica coherente.
Enfrentado a ese dilema, el nacionalismo no violento ha ido mimetiz¨¢ndose con el radicalismo de EH. Por un lado, radicalizando el discurso anticonstitucionalista; por otro, rebajando sus exigencias respecto a la violencia y mostr¨¢ndose comprensivo hacia los argumentos -o pretextos- de EH: cuesta frenar, es mejor no dejar disidentes a la espalda, la kale borroka es cosa de incontrolados. Las presiones reservadas del PNV y EA sirvieron al menos para que un portavoz de EH dijera algo as¨ª como que la violencia callejera cuadraba mal con la reflexi¨®n en curso, y lo cierto es que el pasado fin de semana fue el primero sin las agresiones habituales. Ello significa que, si no un control total, s¨ª tienen al menos influencia sobre los incendiarios.
Pero para que el desmarque tenga significaci¨®n pol¨ªtica deber¨¢ ser claro y p¨²blico. La cosa no es tan complicada: o est¨¢n o no est¨¢n dispuestos a defender sus ideas s¨®lo con argumentos y no, como hasta ahora, con el refuerzo del amedrentamiento. La incorporaci¨®n de la minor¨ªa antisistema a la democracia es un objetivo deseable, y es probable que la experiencia del apoyo externo a un Gobierno nacionalista sea un paso necesario para ello. Pero el efecto ser¨¢ el contrario si no hay claridad sobre lo fundamental: se trata de respaldar la gesti¨®n de un Gobierno auton¨®mico, y no otra cosa; y no puede haber pacto sin una renuncia inequ¨ªvoca a la violencia. ?se ser¨¢ el criterio para valorar el acuerdo que se anuncia.
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