El juez archiva la querella contra Oriol, Naval¨®n y Selva por la fusi¨®n de Iberduero e Hidrola

El juez Ramiro Garc¨ªa de Dios, titular del Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Madrid, ha dictado varios autos por los que archiva una querella presentada por el empresario Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos contra sus ex asesores Antonio Naval¨®n y Diego Selva, en los que tambi¨¦n fue imputado el actual presidente de Iberdrola, ??igo de Oriol. El juez decreta el sobreseimiento libre de Oriol, Naval¨®n y Selva, al no haber material de orden f¨¢ctico para sostener "la existencia de presuntos hechos delictivos". El juez afirma que el caso se produjo como "fruto de estrategias medi¨¢ticas".

Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Mateos inici¨® en 1997 un movimiento de convergencia y colaboraci¨®n puntual con Mario Conde, tras la sentencia condenatoria de este ¨²ltimo en el caso Argentia Trust. Fue as¨ª como en noviembre de 1997 el ex empresario de la abeja, ejercitando la acci¨®n popular, present¨® una querella contra Antonio Naval¨®n y Diego Selva. Ambos hab¨ªan sido asesores de Ruiz Mateos a primeros de los a?os ochenta y lo fueron de Conde entre 1988 y 1990. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, por su parte, hab¨ªa iniciado con anterioridad diligencias informativas. La juez de instrucci¨®n accidental en el juzgado n¨²mero 6, Gema Ortega, admiti¨® a tr¨¢mite la querella de Ruiz Mateos, a la que se sumaron las diligencias informativas de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

El juez se?ala que fue la juez quien admiti¨® esta querella. Ramiro de Dios, titular del juzgado, estaba entonces en comisi¨®n de servicio en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la secci¨®n de apoyo a la secci¨®n primera.

Unos meses despu¨¦s de ser admitida la querella, la juez Ortega, a petici¨®n de la fiscal¨ªa, dict¨® una orden de entrada y registro en las oficinas de una empresa de Naval¨®n para verificar si pod¨ªa haber material relacionado con los hechos imputados.

La querella se refer¨ªa a presuntos delitos contra la Hacienda P¨²blica, tr¨¢fico de influencias y conspiraci¨®n para delinquir en la operaci¨®n de fusi¨®n entre Iberduero e Hidrola, en 1991. Uno de los apoyos de la querella, el principal, seg¨²n se?ala el juez, fue el diario El Mundo, que se hizo eco de informes de inspecci¨®n de la Agencia Tributaria.

El juez destaca, en uno de los autos, el del pasado 15 de abril, "lo an¨®malo e irregular de que se haya iniciado una investigaci¨®n penal sin que la Agencia Tributaria hubiese previamente determinado una concreta cuota presuntamente defraudada, o las bases de la misma".

A?ade que, sobre todo, "s¨ª parece an¨®malo e irregular que al mes de marzo de 1999, y despu¨¦s de una investigaci¨®n total, la Agencia Tributaria tampoco haya sido capaz de determinar una concreta cuota presuntamente defraudada, ni las posibles bases de la misma". Precisamente, el informe de Hacienda, al que el juez llama "pintoresco informe", no apareci¨® en la causa, seg¨²n se?ala, hasta el 17 de febrero de 1999.

"La Agencia Tributaria, tras buscar algo, no ha encontrado nada. Eso s¨ª, el socorrido argumento de que existe investigaci¨®n judicial se deja caer, de vez en cuando, como para trasladar la b¨²squeda de lo inexistente a la autoridad judicial, y como queriendo insinuar que si no se encuentra algo, es porque la actividad judicial investigadora no es completa, inquisitiva y exhaustiva". Seg¨²n el auto, "se pervierte todo el sistema procesal penal, pues sin existir hecho penal, se trata de investigar para ver si se encuentra hecho penal".

El juez traza, de hecho, un paralelismo, apoy¨¢ndose en los argumentos de Ruiz-Mateos, sobre los casos de Argentia Trust y la fusi¨®n de Iberduero e Hidrola. Seg¨²n Conde, se hab¨ªan pagado 600 millones de pesetas para "vencer la resistencia" de las autoridades a dar las exenciones fiscales solicitadas al crearse la Corporaci¨®n Industrial Banesto, en 1990, un argumento que Ruiz-Mateos utiliz¨® para calificar la gesti¨®n de Naval¨®n en el caso de Iberduero e Hidrola.

El juez constata que la inexistencia de expediente alguno de solicitud de exenciones fiscales en la fusi¨®n de las el¨¦ctricas citadas, de lo que deduce "lo gratuito y temerario que resulta cuestionar la capacidad empresarial y profesional del querellado Antonio Naval¨®n".

El auto subraya "la deliberada vaguedad de la redacci¨®n del factum de la querella, buscada para difuminar la radical carencia de fundamento f¨¢ctico" de la misma. El juez advierte sobre la "an¨®mala funci¨®n punitiva de la instrucci¨®n penal, fruto de estrategias medi¨¢ticas y de otra ¨ªndole singular o grupal" que "no puede ser desconocida o tratada como un indiferente al ejercicio garantista de la jurisdicci¨®n".

El archivo, razona el instructor, es el resultado de "la ¨ªntima convicci¨®n" del juez "de que en toda la causa no existe el m¨¢s m¨ªnimo indicio de delito alguno". El auto ya ha adquirido firmeza, habida cuenta que ninguna de las partes personadas en el procedimiento present¨® la semana pasada recurso contra el mismo.