Loyola huye de su propia herencia

Paso por alto la falta de pudor de la hasta ahora ministra de Agricultura al calificar su propia gesti¨®n de los ¨²ltimos tres a?os. Paso por alto tambi¨¦n, aunque ya me cueste m¨¢s, ese reiterado comportamiento, tan poco frecuente en gobernantes con h¨¢bitos democr¨¢ticos, de estar siempre mirando al pasado, para evitar asumir las responsabilidades de su gesti¨®n, o para ocultar la carencia de un proyecto futuro que ofrecer a los ciudadanos.Pero no puedo callar ante algunas de sus afirmaciones, aunque s¨®lo sea para evitar aquello de que quien calla, otorga, y sobre todo para que una mentira repetida muchas veces no termine pareciendo una verdad.

La primera afirmaci¨®n que realiza es que en su trienio la renta agraria ha aumentado. Nada m¨¢s lejos de la realidad. Con los datos de Eurostat en la mano, la renta agraria ha disminuido un 2,2% en 1997 y un 6,2 en 1998, un comportamiento peor que la media europea, con la circunstancia agravante de que los a?os climatol¨®gicos han sido normales, por no decir buenos. Las previsiones para este a?o apuntan a un nuevo descenso. Para maquillar esta realidad acude a apropiarse del resultado del a?o 96 -el Gobierno del PP entr¨® en mayo de ese a?o-, en el que el resultado fue muy positivo, y la renta, con un crecimiento del 21,4%, alcanz¨® su m¨¢ximo hist¨®rico. Pero no hay que ser agricultor o ganadero para saber que la regulaci¨®n agraria se hace de un a?o para otro, por lo que 1996, desde el punto de vista agrario, constituye, para su fortuna, parte de la herencia recibida.

El problema no es s¨®lo que, desde que el sector depende de su gesti¨®n, incluido 1999 si la naturaleza no lo remedia, la renta no haya dejado de retroceder, lo que contrasta con el hecho de que entre 1986 y 1996, con la gesti¨®n de sus desafortunados antecesores, la renta agraria espa?ola haya sido la de mayor crecimiento de toda la UE. Lo grave es que las peores consecuencias de los cambios regulatorios aprobados, incluidas la reformas de la Agenda 2000, est¨¢n por llegar, e implican p¨¦rdidas adicionales de renta para los pr¨®ximos a?os.

La segunda afirmaci¨®n de Loyola de Palacio es que ha defendido mejor que sus antecesores la agricultura espa?ola en Bruselas. Pues bien, todas las reformas aprobadas implican un retroceso para el sector respecto de la situaci¨®n heredada. Aprobaron una reforma del sector de frutas y hortalizas con unas condiciones que, apenas unos d¨ªas, incluso unas horas antes, consideraban inaceptables, y que el tiempo est¨¢ poniendo en evidencia. Pero la culpa era, una vez m¨¢s, del Gobierno anterior. Aceptaron una reforma del sector del aceite de oliva que introduce una discriminaci¨®n, antes inexistente, en perjuicio de nuestros productores, que cobrar¨¢n sistem¨¢ticamente menos ayuda que sus hom¨®logos italianos y griegos, al otorgar a Espa?a cuota para apenas el 70% de su producci¨®n, y que suprime el precio de garant¨ªa para el ¨²nico producto mediterr¨¢neo que lo ten¨ªa. Una reforma que s¨®lo se sostiene porque desde que se aprob¨® hasta estos ¨²ltimos d¨ªas no ha llovido. Han aprobado unas reformas en el acuerdo sobre la Agenda 2000 que, a diferencia de la reforma de 1992, implican una reducci¨®n de precios s¨®lo parcialmente compensada mediante ayudas directas, y que va a suponer, por tanto, una p¨¦rdida generalizada de rentas para el sector, m¨¢s acusada para algunos cultivos, como el girasol, y para agricultores de secano en general. El acuerdo admite, adem¨¢s, que las reducciones de precios adicionales a las aprobadas, que no se excluyen a partir de la campa?a 2002-2003, o las revisiones a la baja de las ayudas para respetar los l¨ªmites del gasto agr¨ªcola aprobado, puedan significar p¨¦rdidas adicionales de renta. La cuesti¨®n de fondo es la aceptaci¨®n del principio de la aproximaci¨®n de los precios comunitarios a los internacionales con el mismo presupuesto, lo que implica una p¨¦rdida de renta, cualquiera que sea el maquillaje que se ponga encima.

Esta p¨¦rdida de renta no ha venido acompa?ada de una redistribuci¨®n de las ayudas en el ¨¢mbito comunitario que, con criterios econ¨®micos, sociales y territoriales, permitiera paliar los efectos indeseables de la reforma para muchas explotaciones familiares y muchas zonas con desventajas econ¨®micas o naturales, adem¨¢s de contribuir a la recuperaci¨®n de la legitimidad de la PAC ante los propios agricultores y ante el conjunto de la sociedad. Esta tarea ha quedado para realizarse dentro de cada uno de los Estados miembros, renunciando a la introducci¨®n del principio de cohesi¨®n en la PAC, que estaba pendiente desde el Tratado de Maastricht.

Con este acuerdo, la PAC debilita su car¨¢cter comunitario, abriendo la puerta a tratos discriminatorios crecientes entre agricultores comunitarios, y no gana en estabilidad, no s¨®lo por las revisiones que prev¨¦ el propio acuerdo, sino porque el propio comisario, en su reciente visita a Espa?a, acaba de consagrar su provisionalidad al aceptar que los acuerdos en la OMC pueden obligar a su revisi¨®n a partir del 2003. Esto da una idea, por otro lado, de la firmeza y la confianza con que la Comisi¨®n afronta esas negociaciones.

Hay que reconocer, sin embargo, a Loyola de Palacio dos "habilidades" pol¨ªticas notables. Por un lado, pintar un escenario de partida muy negativo, que permite que una media derrota, un retroceso, parezca una victoria. Es la misma estrategia seguida por el Gobierno en la negociaci¨®n sobre los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesi¨®n, y la que ahora se esboza respecto de la renovaci¨®n del acuerdo de pesca con Marruecos, que expira en noviembre. Se ha asumido de partida, sorprendentemente, la escasamente novedosa, y por lo dem¨¢s respetable y leg¨ªtima, posici¨®n del Gobierno marroqu¨ª contraria a su renovaci¨®n. A partir de cero, el m¨ªnimo resultado parecer¨¢ un triunfo, a costa, eso s¨ª, del sector pesquero que faena en esas aguas y no tiene alternativa.

La otra "habilidad" consiste en desentenderse del debate sobre el modelo general de la PAC, como si eso fuera tarea de los dem¨¢s pa¨ªses -no ha habido ni una sola propuesta espa?ola a este respecto- para concentrarse exclusivamente en reivindicaciones puntuales, f¨¢ciles de trasladar a la opini¨®n p¨²blica, expresi¨®n de esa concepci¨®n "euronacionalista" de la construcci¨®n europea como suma de planteamientos nacionales, y f¨¢cilmente alcanzables como compensaci¨®n a cambio de aceptar un acuerdo globalmente negativo para el sector. Son la coartada pol¨ªtica para hacer m¨¢s digerible el acuerdo. Todos los pa¨ªses han negociado las suyas. Yo me alegro de esas compensaciones en rendimientos herb¨¢ceos, primas de vacuno y cuota l¨¢ctea, aunque en este ¨²ltimo caso sea inferior a la conseguida en la reforma del 92 y se trata de una cuota de segunda categor¨ªa, "descremada", condenada a recibir un precio por la leche cada vez m¨¢s bajo, sin devengar derecho a recibir ayuda compensatoria. No es razonable, ni eficaz en la defensa de los intereses nacionales, inhibirse en la discusi¨®n del modelo general y sus efectos para concentrarse s¨®lo en las coartadas pol¨ªticas del acuerdo.

Es de destacar, y adem¨¢s muy preocupante, la total ausencia en este periodo de iniciativas de pol¨ªtica agraria nacional en materia de modernizaci¨®n estructural o de regad¨ªos, cuyo plan lleva tres a?os paralizado.

En resumen, Loyola de Palacio deja el Ministerio de Agricultura con una renta agraria en ca¨ªda libre y una PAC menos comunitaria, financieramente infradotada, que va a suponer p¨¦rdidas generalizadas de renta para los agricultores, sin ganar en estabilidad ni en solidaridad, cuando todav¨ªa no han aflorado todas las consecuencias de su gesti¨®n. Tiene la fortuna de poder huir de su propia herencia. Los agricultores no tienen esa suerte.