Gil acusa al fiscal anticorrupci¨®n de "inquisidor" por recusar a la juez decana de Marbella
El pulso entre el alcalde de Marbella (M¨¢laga) y los fiscales que lo acusan de haber desviado 450 millones de pesetas del Ayuntamiento al Atl¨¦tico de Madrid tuvo ayer un nuevo episodio al acusar Jes¨²s Gil a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de recurrir a "la inquisici¨®n general". Gil se refer¨ªa a la recusaci¨®n de la juez decana de Marbella, Pilar Ram¨ªrez, por parte del fiscal anticorrupci¨®n, Carlos Jim¨¦nez Villarejo. ?ste entiende que Ram¨ªrez, dando por buena la teor¨ªa de la "confabulaci¨®n" que repite Gil desde que en octubre se present¨® la querella, iba a retirar de la instrucci¨®n del caso al juez Santiago Torres.
Jes¨²s Gil volvi¨® ayer a repetir, a trav¨¦s de un comunicado, su teor¨ªa de que el caso por el que est¨¢ imputado con otras diez personas m¨¢s es una conspiraci¨®n: "El juez del [Juzgado de Instrucci¨®n] n¨²mero 7 de Marbella y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n se pusieron de acuerdo para linchar a Gil vali¨¦ndose de la preceptiva autorizaci¨®n de la Fiscal¨ªa General, que recib¨ªa ¨®rdenes de la fontaner¨ªa de Moncloa".Para el alcalde de Marbella, la raz¨®n es simple: la presentaci¨®n de candidaturas de su partido, el GIL (Grupo Independiente Liberal), en La L¨ªnea (C¨¢diz), Ceuta y Melilla.
Ninguno de sus argumentos es nuevo. Pero Gil los hac¨ªa valer ayer en una nota al conocer que el fiscal jefe anticorrupci¨®n ha recusado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la juez decana de Marbella, Pilar Ram¨ªrez.
Esta magistrada debe decidir sobre una demanda presentada por el abogado de Gil para que se retire de la instrucci¨®n al juez Santiago Torres. La tesis de la defensa es que este caso debi¨® repartirse por turno y no quedar adjudicado al juez que estaba de guardia el 13 de octubre de 1998, cuando la querella lleg¨® a los Juzgados de Marbella.
Jim¨¦nez Villarejo sostiene en su escrito al CGPJ que Ram¨ªrez hab¨ªa asumido en su expediente que hubo "una confabulaci¨®n, t¨¦rmino que ni siquiera emplea el denunciante". El fiscal explica que su querella se dirigi¨® "al juzgado que por turno de reparto le corresponda" y califica la actuaci¨®n de la juez decana de "ligera" y "precipitada". Jim¨¦nez Villarejo le acusa de parcialidad a favor de Gil y se muestra convencido de que iba a apartar del caso a Torres e incluso a decretar la nulidad de las actuaciones como pide la defensa de Gil. En la recusaci¨®n se reprocha tambi¨¦n a la juez "enemistad manifiesta" hacia el fiscal.
Gil entr¨® ayer otra vez en las acusaciones contra el fiscal anticorrupci¨®n y el juez instructor: "Villarejo llama a su amigo ¨ªntimo, que era el mismo juez decano de Barcelona, aut¨¦ntico maestro en la manipulaci¨®n de repartos, de ah¨ª que de los diez casos m¨¢s importantes a nivel econ¨®mico de Catalu?a ocho, algo imposible por ordenador, correspondiesen al se?or Pascual Estevill".
El abogado de la acusaci¨®n popular, Jos¨¦ Carlos Aguilera,que representa al PSOE, entiende que el alcalde est¨¢ llegando muy lejos en su intento de sacar del caso al instructor: "Gil est¨¢ forzando y utilizando todos los resortes que tiene de control e influencia para apartar a Torres. Unos mecanismos entre los que se incluyen los grandes jueces a los que alude continuamente y a los que est¨¢ diciendo que gracias a ellos es alcalde".
El sumario tiene pendientes tres pruebas periciales
El sumario del caso Gil tiene en este momento en curso tres pruebas periciales. Aunque el juez acaba de imputar a tres personas m¨¢s y tanto la defensa como la acusaci¨®n pueden solicitar nuevas actuaciones.No se ha realizado a¨²n la prueba caligr¨¢fica para identificar la antig¨¹edad de los contratos de publicidad de Marbella en las camisetas del Atl¨¦tico de Madrid en las temporadas 1991-92 y 1992-93. Gil sostiene que se hicieron en su d¨ªa, pero el fiscal Castresana dice que fueron "falsificados" en 1995. La defensa de Gil afirma que la Guardia Civil no le ha pedido a¨²n la m¨¢quina de escribir con la que se hicieron.
Otra prueba pendiente es un oficio que el juez instructor ha pedido al Consejo Superior de Deportes con las consecuencias que habr¨ªa tenido para otros clubes que el Atl¨¦tico de Madrid hubiera descendido en julio de 1995. El fiscal sostiene que los contratos se inventaron para incrementar el patrimonio del club e impedir su descenso a segunda divisi¨®n.
La tercera prueba pendiente ha sido encargada a una empresa de ordenadores que est¨¢ volcando en papel toda la contabilidad informatizada por el Ayuntamiento.
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