Mercado impuesto

El agua, como se recoge en el pre¨¢mbulo de la Ley de Aguas vigente, es un recurso natural escaso, indispensable para la vida y para el ejercicio de la inmensa mayor¨ªa de las actividades econ¨®micas. Pero adem¨¢s, el agua es un activo social, que se instrumentaliza por los poderes p¨²blicos para la aplicaci¨®n de las distintas pol¨ªticas p¨²blicas coadyuvando a hacer efectivos el equilibrio territorial, el reparto social de la riqueza y la preservaci¨®n del patrimonio medioambiental. La evoluci¨®n de la visi¨®n social ante los problemas del agua en nuestro pa¨ªs, en la d¨¦cada actual, ha sido similar a los pa¨ªses de nuestro entorno. Los posicionamientos han venido marcados por las distintas tendencias ideol¨®gicas e intereses sectoriales y territoriales, si bien hay ciertas verdades indiscutibles a las puertas del siglo XXI. El agua tiene que satisfacer un conjunto de funciones ambientales y sociales que depende de un contexto determinado. En este sentido, y en el caso espa?ol, no se puede demorar por m¨¢s tiempo el hecho de abordar con profundidad el tema del agua, a trav¨¦s de la ejecuci¨®n de una nueva pol¨ªtica hidr¨¢ulica que responda a las demandas de la sociedad actual y que sea el fruto de la comprensi¨®n de una gran masa de la poblaci¨®n. Sin entrar a se?alar la variada gama de conflictos que surgen y crecen en torno al agua, hay que destacar que las tensiones sociales y territoriales se acent¨²an en ¨¦poca de sequ¨ªa o escasez de recursos hasta hacerse insoportables. Con el fin de aportar un nuevo marco normativo como v¨ªa de soluci¨®n, el Gobierno ha redactado un proyecto de ley que modifica la Ley de Aguas de 1985. Usando como modelo el caso de California, el Gobierno pretende implantar un sistema de mercado como forma de reasignar los recursos de la manera m¨¢s eficiente ante situaciones de crisis, ya sean en zonas de escasez de recursos o castigados por la sequ¨ªa meteorol¨®gica. Conviene precisar que la experiencia californiana, a diferencia de lo propuesto por el Gobierno, se plantea la introducci¨®n de un mercado, fuertemente intervenido por la Administraci¨®n, como medida subsidiaria tras haber ejecutado toda una bater¨ªa de actuaciones previas: ahorro en regad¨ªo mediante la mejora de la eficiencia, planes de ahorro de agua en industria, planes de optimizaci¨®n de la gesti¨®n en las ciudades... por citar las m¨¢s significativas. De la lectura del borrador del proyecto de ley del Gobierno se desprende que dista mucho del modelo californiano. En nuestro caso no se han agotado, ni mucho menos se han puesto en marcha, todas las medidas alternativas tendentes a lograr la optimizaci¨®n en la asignaci¨®n de recursos, m¨¢s bien parece que se ha abusado del mito del liberalismo americano como pretexto para privatizar las aguas. Ante este panorama, toca ahora hacer un somero an¨¢lisis del dise?o del mercado del agua propuesto por el Gobierno. A trav¨¦s del mismo no se garantizan los intereses de terceros que son ajenos al uso directo del recurso pero son sat¨¦lites productivos del agua (ventas de semillas, salarios agrarios, transportes de mercanc¨ªas...). Las p¨¦rdidas o deterioros econ¨®micos y ambientales en las zonas donantes pueden ser de car¨¢cter irreversible. Tampoco se garantiza que no se produzcan abusos de los propietarios de grandes extensiones de las zonas regables frente a los peque?os y medianos agricultores para los que el agua significa su sustento econ¨®mico vital, precisamente en ¨¦pocas en que la escasez del recurso va a elevar su precio seg¨²n los dictados del mercado. Adem¨¢s, en todo este entramado del agua los usos ecol¨®gicos no est¨¢n preservados, nadie los defiende. Para evitar estos hechos, entre otras causas, el Estado de California opt¨® por un mercado fuertemente intervenido. Bien est¨¢ aprender de experiencias ajenas. En el caso que nos ocupa se rompe adem¨¢s, a trav¨¦s de esta modificaci¨®n legislativa, con una larga trayectoria jur¨ªdico-administrativa que culmin¨® con la declaraci¨®n de todas las aguas como p¨²blicas en la Ley de 1985, someti¨¦ndolas por tanto al control de las administraciones p¨²blicas. El efecto perverso del mercado del agua es muy simple, se potencia que el dominio p¨²blico, que por naturaleza no tiene precio, sea utilizado por particulares con criterio de mercado, obteniendo as¨ª un rendimiento econ¨®mico que puede ir en detrimento de terceros y del medio ambiente. La postura que defiende el Gobierno en el Libro Blanco del Agua es impulsar la adopci¨®n de grandes acuerdos sociales como v¨ªa de soluci¨®n a la problem¨¢tica h¨ªdrico. Puesto que la idea del mercado del agua irrumpe en un panorama en el que el propio Gobierno auspicia la participaci¨®n social y la concertaci¨®n, no se entiende c¨®mo va a remitirse a las Cortes con la oposici¨®n del principal partido de la oposici¨®n y de organizaciones tan implicadas en la materia como COAG, UPA, CAVE, Amigos de la Tierra, UGT, CC OO... Debe ampliarse el debate por el bien de todos. Aunque no pueden hacerse esperar m¨¢s los cambios en la pol¨ªtica hidr¨¢ulica, no parece lo m¨¢s acertado institucionalizar el mercado del agua en los t¨¦rminos y formas acordados por el Gobierno. La pol¨¦mica est¨¢ servida. El Gobierno tiene la ¨²ltima palabra.

Jaime Palop Piqueras es ingeniero y Francisco Casero Rodr¨ªguez es presidente del Comit¨¦ Andaluz de Agricultura Ecol¨®gica.