El fiscal pide inhabilitar a un alcalde del PP por favorecer a un constructor

El fiscal solicita 15 meses de c¨¢rcel y ocho a?os de inhabilitaci¨®n en el cargo para el alcalde de Alpedrete, Miguel ?ngel Alonso, del PP, por "favorecer" los intereses empresariales del constructor Lisardo Cort¨¦s Dom¨ªnguez. El ministerio p¨²blico sostiene que Alonso le permiti¨® construir un hotel con una dimensi¨®n muy superior al m¨¢ximo legal y que le dej¨® levantar un garaje sobre una zona protegida -una v¨ªa pecuaria- a sabiendas de que la Comunidad no hab¨ªa otorgado la licencia de edificaci¨®n.

En la causa figura como implicado el constructor Cort¨¦s Dom¨ªnguez, para quien el fiscal solicita una pena de dos a?os de prisi¨®n y 18 meses de multa, a raz¨®n de 2.000 pesetas diarias. En su escrito de acusaci¨®n, el ministerio p¨²blico sugiere que existi¨® connivencia entre el regidor y el constructor con vistas a perpetrar los dos delitos "contra la ordenaci¨®n del territorio" que les atribuye. Uno de los delitos que imputa el fiscal al alcalde de Alpedrete (localidad de unos 6.000 habitantes) es el haber autorizado al constructor, en 1988, que levantase un hotel de una envergadura muy superior a la m¨¢xima legal prevista sobre un terreno de titularidad municipal y sin que el promotor "aportara proyecto de ejecuci¨®n alguno".El fiscal Emilio Valerio destaca que el alcalde, consciente de la situaci¨®n ilegal del inmueble, "promovi¨® en 1994 la revisi¨®n de las normas [urban¨ªsticas] subsidiarias de su municipio, incluyendo en ellas una cl¨¢usula ad hoc" con la finalidad de "legalizar el edificio". La Direcci¨®n General de Urbanismo de la Comunidad, al enterarse de las obras, orden¨® su paralizaci¨®n. Luego, las legaliz¨®, pero en la licencia especific¨® que el s¨®tano del hotel deb¨ªa destinarse para garaje. El acusado, no obstante, hizo caso omiso de esa indicaci¨®n e instal¨® en el s¨®tano una sala de reuniones que, sin licencia de apertura, entr¨® en funcionamiento "en los primeros meses de 1997". Como necesitaba un aparcamiento para el hotel, en abril de 1997, el constructor "ocup¨® 600 metros cuadrados de una v¨ªa pecuaria" adyacente al hotel y sobre ella levant¨® las plazas. "La ocupaci¨®n ilegal de la citada v¨ªa pecuaria fue realizada por el indicado acusado [el constructor], concertado previamente con el alcalde, y sabedor ¨¦ste del car¨¢cter p¨²blico de aquel terreno", se?ala el fiscal.

El acusador agrega que tanto el constructor como el alcalde sab¨ªan que la obra no s¨®lo carec¨ªa de autorizaci¨®n por parte de la Direcci¨®n General de Agricultura, sino que, adem¨¢s, ni siquiera hab¨ªa sido solicitada. Para evitar ulteriores responsabilidades, el alcalde, siempre seg¨²n el fiscal, auspici¨® "un remedo de convenio urban¨ªstico" en el que dejaba en manos del Consistorio "la obtenci¨®n de cualquier permiso urban¨ªstico que pudiera necesitarse" en el futuro.

Para ese "remedo", el alcalde convoc¨® al pleno y convenci¨® a los concejales que expresaron pegas al inicio de las obras de que ¨¦l conseguir¨ªa las licencias oportunas. Cuando la Direcci¨®n General de Agricultura conoci¨® el desarrollo de obras sobre la citada v¨ªa pecuaria sin su permiso orden¨® al alcalde que las suspendiera, pero ¨¦ste desobedeci¨® la orden hasta que el citado organismo le envi¨® "un segundo requerimiento" en ese sentido.

"En todo caso, y con posterioridad a la orden de clausura, los acusados", subraya el fiscal, "de com¨²n acuerdo, han mantenido la utilizaci¨®n y ocupaci¨®n ileg¨ªtima" de la v¨ªa pecuaria.

El juicio contra ambos acusados se celebrar¨¢ en un juzgado de lo penal de Madrid, pero todav¨ªa no se ha se?alado la fecha. El fiscal exige en su escrito que se restituya a su estado pr¨ªstino la v¨ªa pecuaria y que los gastos sean abonados por el alcalde y por el constructor, presidente de la firma Construcciones Cort¨¦s 2000.