La renovaci¨®n del Pacto de Toledo

En el a?o 2000 existe el compromiso de revisi¨®n del acuerdo de pensiones suscrito por los sindicatos y el Gobierno en 1996. Dicho acuerdo, que surgi¨® como consecuencia de la pol¨¦mica sobre la viabilidad del modelo de protecci¨®n, recog¨ªa el establecimiento de un modelo racional de financiaci¨®n basado en la separaci¨®n de fuentes, esto es, que la financiaci¨®n de las prestaciones de car¨¢cter contributivo dependa b¨¢sicamente de las cotizaciones sociales y las prestaciones no contributivas y universales dependan de la fiscalidad. En segundo lugar, la garant¨ªa de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y, en tercer lugar, el refuerzo de la contributividad del sistema y la mejora de su solidaridad interna. Asimismo, y de cara al futuro, recog¨ªa el compromiso de mejorar la participaci¨®n de la protecci¨®n en el producto interior bruto, acerc¨¢ndola a la media comunitaria.Desde el punto de vista de la UGT, y con vistas a la renovaci¨®n del acuerdo, es una prioridad la separaci¨®n de las fuentes de financiaci¨®n en los t¨¦rminos que se marcan en el mismo. A este respecto es imprescindible que el Gobierno respete el car¨¢cter no contributivo del complemento a las pensiones que no llegan al m¨ªnimo, dada su funci¨®n como mecanismo de garant¨ªa de renta, por lo que deber¨¢ ser el Estado el que se haga cargo de la aportaci¨®n de los fondos para esta prestaci¨®n a trav¨¦s de los Presupuestos Generales.

El cumplimiento, por parte del Gobierno, de este punto del acuerdo es de vital importancia para que la Seguridad Social pueda constituir un fondo de reserva con los excedentes del nivel contributivo, garantizando la estabilidad futura del sistema ante incrementos del gasto o ciclos econ¨®micos regresivos y permitiendo, a su vez, afrontar la mejora de la protecci¨®n que se ofrece actualmente.

El segundo aspecto a negociar en la mesa de renovaci¨®n del acuerdo debe ser la mejora de la solidaridad del sistema, aprovechando la buena coyuntura econ¨®mica. En este sentido, consideramos necesario introducir reformas en atenci¨®n a las situaciones m¨¢s desfavorecidas, abordando aspectos como el incremento de todas las pensiones m¨ªnimas contributivas, equiparando las de jubilaci¨®n e incapacidad al SMI, mejorando la cuant¨ªa de las pensiones no contributivas y reduciendo las diferencias que se producen entre las pensiones de mayor y menor cuant¨ªa, al revalorizarse todas ellas en la misma proporci¨®n a trav¨¦s del IPC.

No obstante, el punto m¨¢s controvertido que se recoge tanto en el Pacto de Toledo como en el Acuerdo de Pensiones es la recomendaci¨®n del retraso de la edad de jubilaci¨®n, como recurso para mejorar la financiaci¨®n del sistema dado que estas medidas suponen un freno a la creaci¨®n de empleo que debe ser el principal objetivo de la pol¨ªtica econ¨®mica espa?ola.

Consideramos que las indicaciones que se realizan tanto desde el FMI como desde la OCDE, aconsejando el retraso en la edad de jubilaci¨®n, manteni¨¦ndose fieles a las tesis de corte neoliberal que imponen en todas sus recomendaciones, no son de aplicaci¨®n en el caso espa?ol. En primer lugar porque Espa?a es el pa¨ªs de la UE con mayor tasa de paro por lo que, incluso de cara a esta mejora de la financiaci¨®n de las pensiones, se hace imprescindible priorizar las acciones orientadas hacia el incremento del empleo. En segundo lugar es un hecho que la figura del prejubilado se est¨¢ utilizando, de manera generalizada por las empresas, para sus procesos de ajuste de plantillas, por lo que cada vez m¨¢s trabajadores mayores de 50 a?os se ven abocados al desempleo hasta la edad de jubilaci¨®n.

Por tanto, si queremos ser realistas se deber¨ªa gravar a las empresas que realizan estas pr¨¢cticas y regularizar las actuales penalizaciones que impone el sistema al trabajador que accede a la pensi¨®n de jubilaci¨®n antes de los 65 a?os. En este sentido reivindicamos que se extienda el actual derecho a la jubilaci¨®n anticipada para todos los trabajadores y no s¨®lo a los que han cotizado al Mutualismo Laboral antes de 1967, y reclamamos la necesidad de lograr para estas pensiones una mayor proporcionalidad entre lo cotizado y la prestaci¨®n obtenida a trav¨¦s de una disminuci¨®n de los actuales coeficientes reductores que gravan las jubilaciones anticipadas. Por tanto, exigimos introducir, en el debate de la reducci¨®n del tiempo de trabajo como medida para fomentar la creaci¨®n de empleo, la revisi¨®n de la edad de jubilaci¨®n de cara a las posibilidades que ofrece la reducci¨®n de la vida laboral en relaci¨®n al tiempo de trabajo liberado.

Por ¨²ltimo, este Gobierno no puede seguir dando la espalda a la situaci¨®n de indefensi¨®n en la que se hayan m¨¢s de la mitad de los trabajadores que, como consecuencia de la p¨¦rdida involuntaria del trabajo, est¨¢n en paro. El bajo porcentaje de cobertura que ofrece la protecci¨®n por desempleo nos obliga a plantear la urgencia de la reforma de este ¨¢mbito de la protecci¨®n, con el objetivo de corregir el actual desfase entre las exigencias para acceder a esta prestaci¨®n y la realidad sociolaboral de flexibilidad y rotaci¨®n que condiciona nuestro mercado de trabajo, siendo adem¨¢s causa de que los trabajadores a los que m¨¢s afecta el desempleo, eventuales y parados de larga duraci¨®n, sean los peor acogidos por el sistema.

Abordar esta reforma implica establecer una clara definici¨®n de la fuente de financiaci¨®n de la protecci¨®n por desempleo, de manera que las cotizaciones sociales por desempleo se dediquen exclusivamente a la prestaci¨®n y que, cuando se genere super¨¢vit (que para 1999 se aproxima a los 260.000 millones), ¨¦ste se utilice para mejorar la cobertura que se ofrece y no para sufragar acciones que dependen exclusivamente de la aportaci¨®n del Estado, como ocurre actualmente con la financiaci¨®n de las bonificaciones a las empresas.

Es por eso por lo que el nuevo real decreto que legaliza que las cotizaciones de los trabajadores para el desempleo financien las medidas de fomento de empleo estable cuenta con nuestro rechazo. Supone una apropiaci¨®n indebida de fondos destinados a la protecci¨®n. En definitiva, exigimos profundizar en la negociaci¨®n de aquellas medidas que se encaminen hacia la mejora de la protecci¨®n social de los trabajadores, entendiendo que cualquier reforma que se pretenda introducir dentro del Sistema de la Seguridad Social y del uso de las cotizaciones sociales ha de ser consensuada con los agentes sociales.