?Qui¨¦n debe elegir a los rectores? ANT?N COSTAS

Esta pregunta corre el riesgo de convertirse en el centro del debate sobre la reforma de las funciones y el gobierno de nuestras universidades p¨²blicas. Y no deber¨ªa ser as¨ª. Porque no es una buena pregunta. Y de una pregunta mal enfocada no puede salir una buena respuesta. ?Cu¨¢l es el problema? Las universidades p¨²blicas han mejorado en todos sus aspectos desde la LRU de 1983. Pero existe la percepci¨®n de que les falta dinamismo y flexibilidad para enfrentarse a los cambios que se avecinan. Por una parte, la ca¨ªda del n¨²mero de nuevos alumnos en los pr¨®ximos a?os dejar¨¢ a las universidades p¨²blicas sin la capacidad de presi¨®n que ejerc¨ªa sobre el poder pol¨ªtico la voz de los alumnos sin plaza. Por otra, ahora existe la competencia de otros centros privados y p¨²blicos, y los nuevos estudiantes pueden ejercer la opci¨®n de salir del sistema p¨²blico para pasarse al privado. Con menos voz y con mayor opci¨®n para la salida, la calidad de cada universidad se transforma en un elemento clave para su supervivencia. Y la mejora de la calidad exige de cada universidad ingenio y capacidad de innovaci¨®n para definir y aplicar estrategias espec¨ªficas y distintivas. El problema es, por lo tanto, la rigidez interna con que se encuentran las universidades a la hora de definir lo que quieren ser y de llevar a cabo los cambios necesarios para lograrlo. En un documento conjunto dado a conocer hace unos d¨ªas, la Fundaci¨®n del C¨ªrculo de Econom¨ªa y la Fundaci¨®n Bosch i Gimpera han tenido el acierto de identificar ese problema y sacar el debate del estricto seno de la comunidad universitaria. Una de sus propuestas es cambiar el proceso de elecci¨®n de los rectores, para que sea un nuevo consejo social reformado el que lo designe. A la vez, el documento propone atribuir el rector mayor capacidad ejecutiva unipersonal para aplicar la estrategia que decida cada universidad. Como se ve, se opta por un cierto presidencialismo en el gobierno de las universidades para mejorar su capacidad de innovaci¨®n y cambio. No entro aqu¨ª en las posibles consecuencias no deseadas de esa opci¨®n, como podr¨ªan ser que el poder pol¨ªtico de turno finalmente nombrase al rector, o que las posibles alcaldadas derivadas de ese presidencialismo fuesen tan paralizantes como el actual estamentalismo. Lo que quiero destacar ahora es otro tipo de riesgo. La propuesta es tan llamativa (por radical) y pol¨¦mica que puede acabar haciendo girar todo el debate sobre esta cuesti¨®n, ocultando la riqueza de an¨¢lisis y propuestas que contiene el documento. Es cierto que los actuales estatutos otorgan a los estamentos universitarios (profesores estables, contratados, estudiantes y personal no docente) una gran capacidad de influencia en la elecci¨®n de rector y de maniobra a la hora de condicionar su labor de gobierno. La posibilidad de que algunos de estos estamentos apliquen coaliciones negativas de intereses es algo comprobado en la vida universitaria. Pero la v¨ªa para evitar estos comportamientos no puede ser el privar a la comunidad universitaria de la participaci¨®n en la elecci¨®n de rector. Ser¨ªa un error estrat¨¦gico centrar la discusi¨®n en este punto.